Entorno histórico-político en tiempo de Vicente de Paúl

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Autor: José María Ibáñez Burgos, C.M. · Año publicación original: 1984 · Fuente: Vincentiana.
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Se inicia este mes de Estudios Vicencianos con una mirada lo suficientemente amplia, aunque rápida, al entorno histórico en el que vivió Vicente de Paúl, o dicho en otros términos, a la realidad so­cial, económica, política y religiosa en la que el acontecimiento Vi­cente de Paúl tuvo lugar. La justificación de la temática de esta pri­mera semana se arraiga en el hecho de que Vicente de Paúl, como cualquier personaje histórico, depende del mundo que le rodea, de este mundo que lleva, al mismo tiempo, su marca: «Él ha cambiado casi totalmente el rostro de la Iglesia». Se olvida con demasiada frecuencia que este creyente, convertido de la pequeña periferia de sus intereses a la aventura histórica del Evangelio de Jesucristo, es al mismo tiempo un místico de la acción y uno de los hombres mejor informados de su tiempo.

Contemporáneo de Luis XIII y de Richelieu, de Ana de Austria y de Mazarino, Vicente de Paúl vivió intensamente las tensiones de su época. Aprovechando lo que se ha venido en llamar, no sin ra­zón, los signos de los tiempos — más exacto sería decir los tiempos como signos — este líder de hombres y este constructor de acción realizó sus obras admirables. Lo interesante para el hombre no es encontrarse en una situación, sino su manera de abordarla. Vicente de Paúl vio más rápidamente y más profundamente que sus contem­poráneos. Fue su arte y también su gracia particular. La miseria de los hombres y las exigencias de Dios, inscritas en la carne viva de los pobres, impusieron el ritmo a su corazón y movilizaron la prodi­giosa intensidad de su existencia. Ambas le llevaron a vivir su senti­do del «realismo» y de la «encarnación» y en ellas se fraguó su ex­periencia humano-cristiana. Él fue un hombre de la «Época Mo­derna» no sólo porque vivió de 1581 a 1660, también porque apeló continuamente a su experiencia.

En medio de una sociedad cruel, a veces despiadada, con fre­cuencia dura, constantemente represiva, Vicente de Paúl fue la sonri­sa de la bondad sencilla y familiar, alianza inolvidable de agradeci­miento y de generosidad, de humildad y de magnanimidad, de aber­tura y de acogida, de condescendencia y de serenidad. Ello le hizo ser capaz de abordar a las personas a nivel de rostro humano y de penetrar en el corazón de los demás, cuando quería entrar en comu­nicación con ellos. Sin embargo, y es necesario señalarlo para evitar equívocos, todas las simpatías, que le fueron otorgadas, no fueron suficientes para impedir la cólera de los impacientes  y la oposi­ción de los descontentos.

En el espíritu de Vicente de Paúl vida, pensamiento y acción se unen y se identifican. Por eso es imposible abordar a este creyen­te comprometido y arriesgado al margen de las coordenadas socio­culturales de su época. Imposible hacerlo también al margen de la circunstancia política, social, económica, religiosa en la que su exis­tencia tiene lugar. Su vida y su pensamiento son un forcejeo cons­tante por asimilar una realidad que le viene dada y por responder, desde la receptividad abierta y acogedora del entorno a los proble­mas que la misma historia le depara. No es posible descubrir el senti­do de la historia, hacer una relectura de la «escritura de la historia», interpretar el acontecimiento Vicente de Paúl, sin conocer la arqueología de la historia. Todo lo demás no sería más que proyectar los fan­tasmas inconsistentes de quien construye un «discurso» vacío de sen­tido y de objeto. Olvidarlo, sería desconocer que Vicente de Paúl pertenece a ese género de hombres cuya vida y pensamiento se de­sarrollan en interacción recíproca. El dato de lo vivido, la circuns­tancia que lo ocasiona, la experiencia que engendra y prolonga se convierten en fuente fecunda de reflexión y ésta de comportamiento práctico. Por eso su vida se constituye en pauta hermenéutica de su pensamiento y su doctrina es la formulación de su fe y de su experien­cia. En esta fe y en esta experiencia integra lo que ve y oye, lo que detecta o sospecha, es decir, el mundo político, social, económico, religioso en el que se desarrolla su existencia.

 

Aspecto político

Dificultades para comprender la historia institucional del tiem­po de Vicente de Paúl. Definir un régimen político por lo que ha pensado o escrito de él mismo, o por lo que han escrito o pensado mucho después sus enterradores, nos llevaría a encontrarnos con barreras infranqueables.
Hablando en plan teórico, se sabe que, después de Marx, los hombres no tienen conciencia clara de las determinaciones objetivas de la historia que realizan. Tampoco se ignora, desde Freud, que su conducta obedece, tanto en el plano individual como en el colectivo, a pulsiones que no se terminan de dominar. Nuestra relectura de la historia del tiempo de Vicente de Paúl se realiza necesariamente en «lo escrito» y «lo relatado». Si no tenemos desdichadamente to­dos los secretos de esta clave que nos permita interpretarlos, sí pode­mos señalar los peligros que nos acechan a la hora de examinarlos.

Primer peligro: las fuentes.

Durante mucho tiempo la historia institucional de la Francia del tiempo de Vicente de Paúl se ha alimentado casi exclusivamente de textos oficiales: ordenanzas, reglamentos administrativos, instruc­ciones dirigidas a quienes debían aplicarlas y hacerlas aplicar en las provincias. Por lo mismo había una tendencia a sobre estimar la efi­cacia de la «monarquía administrativa». No se puede dudar del va­lor de estos documentos. Pero al mismo tiempo se requiere admitir que no nos informan de la aplicación concreta de estas decisiones tomadas al más alto nivel del gobierno de la nación. Más aún, dada su repetición, nos inclinaríamos a dudar de su eficacia. Son otras fuentes — notariales, judiciales, privadas — las que permiten hoy percibir mucho mejor las resistencias concretas a las órdenes prove­nientes del poder central.

Segundo peligro: la atomización de los estudios de las instituciones.

Se puede, de acuerdo con una lógica aparente, abordar sucesi­vamente los Consejos del rey, los agentes de ejecución, los cuerpos judiciales, los agentes a través de los cuales se ejerce la función fis­cal, el reclutamiento y la organización de los ejércitos, las células de la vida local. Todos estos aspectos han sido tratados en obras exce­lentes, a las que remitimos. De lo que se trata es de aprehender las grandes líneas del funcionamiento global del sistema en su evolu­ción.

Tercer peligro: la tentación de una historia rectilínea.

No se puede dudar de la eficacia creciente, a través del siglo XVII, del aparato o sistema del Estado en la sociedad francesa, cu­yo progreso decisivo se sitúa al final del mismo y durante el reino de Luis XIV. Pero este progreso no se llevó a cabo sin reacciones y contragolpes: periódicamente la coyuntura política, o económica, o militar ponían en tela de juicio lo que se consideraba ya por ad­quirido.

Nuestro plan de exposición se articula sucesivamente en torno a cuatro temas:

  • Datos cronológicos del ejercicio del poder real en sus «tiem­pos fuertes» y en sus «tiempos débiles».
  • Descripción de los medios concretos de acción de los que dis­ponen los soberanos.
  • Participación de los gobernados en el gobierno y en la admi­nistración del reino.
  • Rechazo de la administración de la monarquía por los con­testatarios.

Y ello porque la historia política debe interesarse tanto por los grandes acontecimientos, adornados de anécdotas, como por las re­alidades, sin las cuales no es posible política alguna: las condiciones económicas del país donde se ejerce, la mentalidad de una opinión que le opone resistencia, o la soporta, o que la aprueba y la sostiene. En el siglo XVII francés la masa era inculta, hoy diríamos analfabe­ta, de donde surgía la dificultad de comprender una política. La eli­te social, la que podía interesarse por los grandes acontecimientos y por las razones generales de la política, era sin duda importante y diversa. Ella reunía, a pesar de las virulencias y de los prejuicios, de una «estratificación social», al clero, a la nobleza y a la burguesía de funcionarios y de negociantes.

Señalemos, antes de abordar estos cuatro temas y para compren­der con mayor precisión su alcance, que el territorio francés de 1600 sugiere fronteras sensiblemente diferentes de las de la Francia en la actualidad. El simple enunciado de fronteras evoca los proble­mas de la política exterior, que se hicieron sentir durante el reinado de Luis XIII.

Esta Francia de 1600 no constituía una nación coherente y uni­da como la actual. Las diferencias, particularidades y particularis­mos dañaban mucho su unidad. Los reyes de Francia durante el siglo XVII hubiesen querido envolver al reino, que se agrandaba, en una densa red de agentes, comisarios, oficiales que pudiesen imponer sus órdenes y su voluntad hasta en los pueblos más lejanos. Es lo que se ha venido en llamar, con demasiada rapidez y no menos impreci­sión, «absolutismo» real. En el fondo se trata de un deseo de unifica­ción legislativa, de un esfuerzo por reducir a la obediencia a todas las provincias, ciudades y personas, de un afán de conseguir la uni­dad y la centralización. Es menester añadir que estos deseos e inten­ciones reales sólo se hicieron posibles con la Revolución. Todo ésto significa que «el rey no era de la misma manera rey en toda la ex­tensión de su reino».

Estas diferencias, particularidades y particularismos hacían im­posible que en el reino de Francia existiera y se aplicara una única justicia. De poco o nada servía que los juristas proclamasen que el rey era la fuente del derecho, y que toda justicia provenía de él. De hecho abundaba una multitud de «códigos», cuya cartografía era discutida y los lugares de aplicación a veces entremezclados de for­ma inextricable. Ello significa que los oficiales reales de diversas ju­risdicciones estaban muy lejos de poseer el monopolio de una justicia, ya que la nación no se regía por un único derecho.

Los reyes, al crear las compañías de oficiales, habían añadido nuevos derechos y privilegios a los que ya existían en el reino. Mucho antes del siglo XVII, los monarcas habían vendido a los particulares los oficios o funciones de jueces, de taxadores y recaudadores de im­puestos. Estos oficios vendidos, llegaron a ser prácticamente heredi­tarios, ya que por un edicto de diciembre de 1604 (la Paulette) era suficiente para ello pagar anualmente al rey el 1/60 del valor del ofi­cio. «El rey perdía en autoridad, lo que ganaba en dinero». La venta y herencia de oficios llevó a unirse a los grupos de oficiales en compañías que defendían vigorosa y hasta rudamente sus privile­gios, sobre todo cuando los «intendentes» o «comisarios», una nueva creación de Richelieu, eran enviados en nombre de la administra­ción real para controlarles.

1. Datos cronológicos del ejercicio del poder real

Cronológicamente hablando nos ceñimos al período histórico en el que se desarrolló la vida de Vicente de Paúl (1581-1660). Cuando éste nace el 24 de abril en un pequeño y lejano pueblo al sur de las Landas, Pouy, (Hoy, Berceau de Saint Vincent de Paul) era rey de Francia Enrique III (1574-1589). Al igual que sus hermanos — Fran­cisco II (1559-1560) y Carlos IX (1560-1574) — éste tiene que enfren­tarse a la divisiones profundas provocadas por la Reforma protes­tante y la rigidez católica, en las que se entremezclaban las ambi­ciones opuestas de las familias principescas — Borbones y Guisas —. A partir de 1576 se constituye, de hecho, un «Estado protestan­te», mientras que la Liga católica se organiza al margen del control de Enrique III y ayudada económicamente por el rey de España, Felipe II. En mayo de 1588, la «Journée de barricades» expulsa a Enrique III de París. Su asesinato (agosto, 1589) convierte al pro­testante Enrique de Navarra en rey legítimo de Francia.

— 1589-1610. Reinado de Enrique IV. De 1589 a 1594 Enri­que IV se ve obligado, dado que la mayoría de sus súbditos no reco­noce la legitimidad de su soberanía, a comprar su reino concedien­do grandes ventajas materiales a los príncipes y notables de la Liga, y abjurando del protestantismo en 1593. Después de su entrada en París (1594) necesitará cuatro arios para reglar la crisis. Para conse­guirlo, tendrá que firmar la paz de Vervins con España (2 de mayo de 1598) y el Edicto de Nantes (13 de abril de 1598). Esta fase de crisis aguda fue fecunda en grandes ordenanzas y proyectos de re­forma. Sin embargo la monarquía no está en situación de hacerlas efectivas en la práctica.

De 1589 a 1610 la política real tiene que afrontar las intrigas de los «Grandes», las revoluciones de palacio, la agitación de los notables protestantes. No obstante, hasta el asesinato del rey (14 de mayo de 1610), la monarquía afirma su autoridad en el interior (fra­caso de la conspiración de Biron en 1604) y en el exterior prepara la lucha contra la casa de Austria, es decir, contra la hegemonía hispano-habsbourguesa. El sistema sigue siendo sin embargo frágil, como lo prueban los atentados sucesivos contra el soberano y las di­visiones profundas de la opinión referente a la política exterior y a la política religiosa, es decir, en relación con los protestantes.

— 1610-1617. Regencia de María de Médicis. Cuando Enri­que IV fue asesinado, su hijo y sucesor, Luis, no había cumplido todavía nueve años. Proclamada regente del reino, María de Médi­cis se convirtió en instrumento dócil entre las manos de Concini, que llegó a ser marqués de Ancre y mariscal de Francia. Lo más urgente para la regente fue excluir progresivamente a los antiguos ministros de Enrique IV y comprar la tolerancia de los príncipes y de los «gran­des» de la corte. Jeannin evalúa el conjunto de dones concedidos entonces a este pequeño grupo de príncipes (Condé, Bouillon, Belle­garde), en nueve millones de libras.

En 1614 Luis XIII, cumplidos los trece años, es declarado ma­yor de edad (2 de octubre). El momento se consideró propicio para intentar apoderarse del gobierno del reino. Príncipes y grandes aban­donaron bruscamente la corte. Unos meses más tarde comenzaron las negociaciones con la regente. El precio de un mes de regateos fue el dinero ofrecido a los grandes y el compromiso de la reina de reunir los Estados Generales en el transcurso del ario. De hecho, se reunieron el 27 de octubre del mismo año. Sin duda se ha exagerado el alcance de la «reacción de los aristócratas» del tiempo de la re­gencia: ni los protestantes, ni los príncipes, ni los Estados Generales llegaron a cuestionar lo adquirido por el régimen. Una política, en suma, de dudas y de crisis, de revisión de programas de gobierno, de vacilaciones en la alianza franco-española, a pesar del doble matri­monio hispano-francés entre Luis XIII y Ana de Austria, el futuro Felipe IV e Isabel.

— 1617-1643. Reinado de Luis XIII y gobierno de Richelieu. Cuando en 1617, Luis se deshizo brúscamente de la tutela de su madre, que seguía prácticamente gobernando, hizo asesinar a Con­cini. En realidad fue otro favorito, Luynes, el que de hecho ejerció el poder. Un ejercicio de poder que llegó a ser tan ineficaz como el de su antecesor referente a la dominación de los príncipes y al some­timiento de los protestantes. Ni la condenación a muerte de Luynes (1621) ni la entrada de Richelieu en el Consejo (1624) hicieron cam­biar fundamentalmente ninguno de estos dos aspectos.

De 1630 a 1643 se produjeron los cambios decisivos de la políti­ca francesa. En 1624 Richelieu había proclamado el objetivo de su política: «Realzar el nombre del rey en las naciones extranjeras», pero a la vez intenta realizar una política nacional y real, por consiguiente de malas consecuencias para los protestantes. Al mismo tiem­po tiene que orientar y esclarecer la mentalidad indecisa entre los católicos con relación a ciertas opiniones.

Los proyectos de reforma de Richelieu.

En 1625 había proyectado un reglamento casi revolucionario pa­ra todos los asuntos del reino. En el Consejo, reunido en Fontaine­bleau (25 de septiembre de 1625), el cardenal declaró que prefería la paz a la guerra, pero que, dadas las circunstancias del momento, el rey perdería su prestigio interrumpiendo las acciones militares co­menzadas. En este reglamento intentaba conseguir la grandeza del reino y el servicio al rey.

A finales de 1626 Richelieu llegó a convencer a Luis XIII de que convocara en París una Asamblea de Notables para realizar la reforma del reino. Era necesario realzar la autoridad del rey, hacerla efectiva, terminar con los abusos del reino, a fin de procurar al rey mayores recursos financieros e introducir en las mentalidades ideas conformes al interés del Estado y, a la vez, beneficiosos para los intereses de los particulares. Richielieu afirmó en esta sesión de apertura: «Esta asamblea debe ser corta, en cuanto al tiempo, pero perpetua en cuan­to a la duración de los frutos que producirá». Intentaba, por una reforma interior, permitir al país adoptar una política de independen­cia, cuya fuerza le permitiera, quizás, elegir el momento de la guerra contra España. La reforma interior, en el pensamiento de Richelieu, debía ser una fuerza para la guerra del mañana.

De la idea de 1625 a la realidad de 1627.

El 11 de enero de 1627, Richelieu presentó una memoria de ca­torce artículos en los que propuso las reformas que debían ser reali­zadas. En estas proposiciones no se dice nada acerca de la compraventa de las funciones públicas ni del impuesto anual exigi­do por el Estado, para que el funcionario conserve su cargo público. Sin embargo si alguna reforma parecía esencial para el futuro del reino, era precisamente ésa. Richelieu lo había reconocido en 1625. ¿Por qué no habló de ella en 1627? Quizás a causa de la guerra, que se piensa próxima, pero, sobre todo, porque las mentalidades pare­cen poco preparadas para aceptarla y porque él mismo se da cuenta de que las finanzas reales no tienen la posibilidad de efectuar la compraventa necesaria.

En el conjunto del programa presentado por Richelieu una idea aparece clara y es, sin duda, definitiva: la marina y el comercio, y, por consiguiente, la guerra. Al desear una transformación de las ideas y de las costumbres, intenta un cambio en la orientación de la enseñanza y, para los jóvenes, una formación técnica y comer­cial. Dos principios fundamentales deben orientar la enseñanza: la fidelidad a la Iglesia y la obediencia al Rey.

Richelieu se había atrevido a decir en presencia del rey (2 de diciembre de 1626): «Se pueden encontrar recursos mediante los cuales, en seis años, se verá el resultado y la realización del progra­ma de las grandes reformas». Hay que afirmar que los seis años previstos no consiguieron realizar el programa proyectado por Riche­lieu. Estos años no produjeron, tampoco, los resultados ansiados. Es cierto que el deseo de realizar una obra completa no desaparece­rá jamás de su espíritu, pero no es menos exacto que Richelieu no logrará ver el fin y la perfección de esta obra. Las circunstancias le apartarán de ello, por tener que afrontar problemas más urgentes, relativos a los asuntos del reino.

Digamos que hasta 1629-1630, Richelieu estaba muy lejos de ser el jefe exclusivo del Consejo Real. En la opinión pública y en torno al trono, dos grandes tendencias dividían a las clases dirigen­tes en relación a tres problemas íntimamente mezclados: paz o guerra con los Habsburgos (intervención en la Guerra de los Treinta Años); tolerancia o extirpación del cisma protestante en Francia, influen­ciada por la Reforma católica; disminución o aumento de la pun­ción fiscal que pagaban las masas y era generadora de rebeliones po­pulares.

Para el «partido devoto» — representado en el Consejo Real por Miguel de Marillac, ministro de justicia — era necesario man­tener en Europa la paz católica (por consiguiente entenderse con la Casa de los Austrias) y aprovecharse de esta paz para realizar en Francia el fin del cisma protestante y el alivio de las masas. Para Richelieu y el «partido de los Buenos franceses», era necesario luchar contra la potencia de los Habsburgos, aún al precio de mantener las condiciones esenciales del Edicto de Nantes y de un aumento fiscal y, por consiguiente, de una sobrecarga administrativa y política, que naturalmente pagarían las masas populares.

La «Journée des Dupes» (10 de noviembre de 1630) fue algo muy distinto de una «revolución abortada de palacio». Se creyó que Richelieu había caído en desgracia, cuando la realidad fue que se impuso su política. Fue la gran alternativa (le grand tournant). Luis XIII consentirá, sostendrá la política de Richelieu. Una política dictada por la guerra y por el despilfarro.

Semejante política de gastos diplomáticos, de guerra y de gran­deza costará cara y será dura de llevar. No se negocia con las na­ciones extranjeras sin dinero, no se hace la guerra sin mucho dinero y sin poseer el corazón de los súbditos. Richelieu está seguramente convencido de ello, pero pasa por encima de esta convicción, por­que el dinero, para ganar la guerra, no depende únicamente del su­perintendente de finanzas y la población no siempre consiente en pa­gar los impuestos, o no siempre puede hacerlo. Por añadidura la fal­ta de fidelidad de los príncipes, de los gobernadores, de los oficiales, puede impedir que las cosas se desarrollen con orden. El pueblo, si no siempre tiene la capacidad de juzgar y menos todavía de discutir los sacrificios que se le exigen, puede sublevarse. Los negocios comerciales, más soñados que realizados, no siempre manifiestan una mayor circulación de riquezas.

Como todo hombre político, Richelieu estuvo condicionado por las circunstancias que le rodearon. Se vio obligado a componer su estrategia política con muchas más fuerzas de las que poseyó. De­cepcionante o admirable, la política del cardenal-ministro, «asombro­samente audaz», tuvo un precio: consentir en ver caer en la extre­ma miseria a un pueblo, por realizar la gloria y grandeza de un Es­tado.

A la muerte de Richelieu (4 de diciembre de 1642) y de Luis XIII (14 de mayo de 1643), la guerra continúa. Se está aún lejos de conseguir la paz. El drama social de esta política va a continuarse todavía durante diecisiete años de guerra (1642-1659): recaerán sobre el pueblo nuevas miserias y nuevas exigencias de la fiscalía real. ¿Ol­vidó el cardenal-ministro durante su ministerio lo que había procla­mado en 1625? Nadie lo sabe, pero muy bien se puede dudar de que así fuera. Sin embargo «las nuevas imposiciones que el pueblo no podría soportar más», él las aumentó. «Las bolsas de los arren­datarios del patrimonio real, con frecuencia llenas del dinero del rey», fue él mismo quien contribuyó a llenarlas con ese mismo dinero y también fue él, quien «cortejó» y obligó a «cortejar» a los finan­cieros.

1643-1651. Minoría de Luis XIV. Regencia de Ana de Austria. Gobierno de Mazarino.

El abandono de las reformas y el endurecimiento en todos los campos de la política de Richelieu fueron continuados por la políti­ca de gobierno de Mazarino durante la regencia de Ana de Austria y la minoría de Luis XIV. Mazarino, agotado por las guerras y per­seguido por las rebeliones, se encontró ante un tesoro real en déficit. Las cajas del Tesoro público se encontraban vacías. Se requería a todo precio e inmediatamente algunos cientos de miles de libras pa­ra continuar la guerra, alimentar y conservar las guarniciones, pa­gar a los aliados, doblar las pensiones, pagar las rentas, comprar hombres y víveres, distraer a la corte… ¿ Cómo conseguir el dine­ro? ¿Dónde poder encontrarlo? Porque el ministro necesita cantida­des enormes para salvar al Estado. Para conseguirlo, recurre como Richelieu a dos factores claves de su política administrativa: el aumen­to de las cargas fiscales y a la creación de nuevos comisarios reales o «intendentes» con detrimento de los funcionarios propietarios de sus cargos públicos. Lo logra, porque el gobierno sólo, y no el bien del pueblo, regula los gastos y entradas ordinarios del Tesoro. Ma­zarino no conoció jamás otras finanzas ni otra política económica. Pero fueron suficientes para no hacer perder la partida al rey, para evitar los desastres de la pérdida de la guerra, enriquecer la casa del ministro, así como a los financieros y arrendatarios del patrimonio real y aplastar al pueblo. Un pueblo al que, como en tiempo de Riche­lieu, «sólo se la solicitaba para pagar y para obedecer».

Los arios de 1648 a 1653 corresponden a la crisis breve y, en algunos aspectos, aguda de lo que se llama la «Fronda». Crisis que conviene, en primer lugar, situar y caracterizar.

Se sabe que, después de un conflicto con el Parlamento de París (mayo de 1648) y una tentativa de autoritarismo de Mazarino, los días 26, 27 y 28 de agosto fueron días de barricadas. Después de la huída de la Corte durante la noche del 5 al 6 de enero de 1649 de París a Saint-Germain-en-Laye, el conflicto revistió sucesivamente tres aspectos: Al principio (enero-marzo 1649) es el Parlamento de París el que pasa al primer plano; después, en 1650, lo que atrae sobre todo la atención, es la agitación de los príncipes; finalmente, en 1651-1652, es la anarquía general lo que preludia el triunfo del adolescente Luis XIV y la vuelta de Mazarino. Lo que interesa señalar de estos epi­sodios tan confusos como precipitados, es, nos parece, una triple lec­ción. Esta crisis fue: un «combate de retaguardia» contra una evo­lución irreversible producida por la elección del programa político de los arios 1630. ¿Qué podían los «Frondistas» contra el aumento de los impuestos reales y los antiguos funcionarios contra los nuevos «intendentes» sino evocar los «tiempos pasados» siempre mejores y más dichosos?

Al mismo tiempo esta crisis expresó un período de «atomiza­ción» de los compromisos políticos: príncipes contra príncipes, ofi­ciales contra intendentes, una parte de la burguesía contra otra, un continuo trastueque de intereses personales revelador de una inca­pacidad histórica para bosquejar una alternativa de gobierno.

Finalmente, el hecho de que el objetivo principal de los «Fron­distas» fuera, al menos en su mayoría y una mayoría inmensa, aba­tir no al rey sino a su primer ministro, Mazarino, y reclamar el fin del «ministeriado» y la «vuelta» al gobierno personal del sobera­no, muestra con suficiente claridad que el sistema sólo se cuestionó en sus aspectos secundarios.

Cuando Luis XIV, en 1661, decida prescindir en adelante de nombrar primer ministro, será el verdadero ejecutor testamentario de la Fronda. Pero, en lo más profundo del país, la «pseudo-Fronda» había revelado un malestar socio-político de consecuencias inevitables. Después de la Fronda — 1635-1660 — y sobre todo a partir de 1661, año en el que Luis XIV asume personalmente el reino y el gobierno, se abre una vía nueva: «la preponderancia francesa»,  según Felipe SAGNAC, el «triunfo del absolutismo», según otros autores, miserias agrandadas para las masas, según P. GOUBERT. Pero esta época se sitúa más allá de la muerte de Vicente de Paúl.

2. Medios de acción al servicio de la monarquía administrativa

Para comprender el funcionamiento de las instituciones del «An­tiguo Régimen» o de la «Francia Moderna», y evitar así el anacro­nismo, es preciso señalar dos aspectos:

Lo que hoy llamamos «función pública» dependía mucho más de la capacidad del funcionario u oficial que de las atribuciones que le eran inherentes.

En la práctica, estas personalidades, más que individualida­des, son miembros de familias, linajes en los que juegan una impor­tancia máxima los vínculos de «clientela» y de «fidelidad». Su im­portancia se manifiesta tanto al más alto nivel de gobierno como a niveles intermedios. Esta cascada de fidelidades y de clientelas era la que permitía sobrevivir al régimen.

Nuestras costumbres democráticas nos inducirían a hacer un juicio peyorativo de semejantes prácticas. Sin embargo se requiere señalar que para los soberanos eran la mejor de las garantías. Y ello porque aseguraban mejor que las instituciones oficiales la continuidad del Estado.

Este sistema de «clientela» y de «fidelidad» era beneficioso para el soberano, para el primer ministro — primera creatura y cliente del rey y para las «creaturas» del «jefe del gobierno»… Sobre todo era un modo para ellos de vivir directa o indirectamente de los re­cursos del Estado. El servicio del Estado les enriquecía muy por en­cima de las funciones ejercidas y de la retribución oficial de este ser­vicio. Además era una manera de nobleza.

Estos servidores, estos «ministros» en el sentido etimológico de la palabra, eran al mismo tiempo los que dominaban en la sociedad, los que gobernaban en la «monarquía administrativa». En razón de sus retribuciones, de sus funciones y de su cultura participaron en primer plano en la «racionalización» — progreso y opresión — que se realizó en el siglo XVII.

Los hombres del rey: oficiales y comisarios

Al principio la palabra «oficio» designaba cualquier función de gestión, de administración o de justicia, confiada por el rey a un particu­lar y revocable por el mismo soberano. A partir de 1604, por el cé­lebre decreto de la Paulette, lo hemos señalado anteriormente, el oficio llegó a ser no sólo un bien patrimonial sino también hereditario.

El rey podía, además de estos oficios, de hecho inamovibles, nombrar «commissaires» , es decir, confiar funciones extraordina­rias y limitadas a personas con posibilidad de ser revocadas. A par­tir de Richelieu, y durante el ministerio de Mazarino, este grupo de comisarios o «intendentes» no sólo creció desorbitadamente sino que se convirtió en un arma eficaz del gobierno central contra los «oficiales» demasiado independientes.

Dejando aparte el mundo heterogéneo que constituían estos ofi­ciales y comisarios, señalemos que su papel político constituyó el apoyo más sólido de la monarquía, a pesar del enfrentamiento oca­sional entre ambos. El problema históricamente importante es el de la ósmosis y resistencia a esta ósmosis entre los sectores del mun­do dirigente, constituidos por la antigua nobleza de espada y esta aristocracia de toga o proveniente de la burguesía.

Correas de transmisión

Para hacerse obedecer en las provincias, para transmitir las ór­denes reales y recaudar los impuestos, eran necesarias correas de transmisión. La tendencia constante de la monarquía no fue substi­tuir las antiguas instituciones con unas nuevas, sino sobreponer unas a otras. El paso decisivo de esta política administrativa se realizó entre 1621 y 1628. Los trabajos de R. Mousnier  han esclarecido esta evolución, aunque sería más exacto hablar de revolución. Entre 1635 (declaración de la guerra de Francia contra España) y 1648, los «co­misarios» o «intendentes» de «justicia, de policía y de finanzas» se generalizaron en todo el reino con la misión permanente de ins­peccionar y controlar a los oficiales. El mismo autor ha demostrado que, si el período de 1635 a 1638 fue decisivo (en razón de la guerra y de los nuevos impuestos), en realidad hubo bajo el mismo nombre de «intendentes» la creación de una nueva institución: la de inten­dente de «inspector reformador», convertido en «administrador». Su función no se redujo a inspeccionar a los oficiales de finanzas, sino que este cuerpo de intendentes llegó a remplazarlos en sus prin­cipales funciones. El descontento de estos oficiales desposeídos en la práctica se expresó en la Fronda, hasta llegar a conseguir la supre­sión de los intendentes «administradores». Suspensión que, de hecho, fue solamente momentánea.

Hombres del rey, hombres de gobierno y de administración, es­tos oficiales y comisarios aseguraron en el siglo XVII la continuidad y la eficacia de la monarquía. Al lado de ellos, a veces, frente a ellos, con frecuencia mezclados con ellos, los notables del reino eran lla­mados para intervenir en la política administrativa del Estado.

3. Participación de los gobernados en el gobierno y administra­ción del reino

Entre los que gobernaban y los gobernados se interponían los que participaban en la administración del reino, en razón de lo que Olivier MARTIN llamó la «organización corporativa de la Francia del Antiguo Régimen». R. Mousnier, por su parte, ha intentado responder en qué medida las corporaciones participaron en el ejerci­cio del poder público.

Enumeración de los cuerpos representados institucionalmente en el reino.

Enumeremos, siguiendo a R. Mousnier, las cinco categorías de cuerpos representados institucionalmente en el reino bien de mane­ra permanente, bien de forma temporal.

Los cuerpos representativos del conjunto del reino: La reunión de los Estados Generales y la convocación de las Asambleas de Notables.

A los Estados Generales se acudía por elección, mecanismo pesa­do y complejo. Los tres estamentos del reino se encontraban repre­sentados (Clero, Nobleza, Pueblo o Tercer Estado). En ellos cada estamento defendía sus prerrogativas y exponía, sobre todo, sus quejas. De ahí los «cahiers des doléances» que presentaban durante su ce­lebración.

La convocación de las Asambleas de Notables o Asambleas Gene­rales permitía a los reyes obtener cierto consentimiento, especialmente cuando se imponía la elección fundamental de un programa o plan político. El modo de designación, en lugar de ser por elección, se hacía por nombramiento. Los tres estamentos estaban también repre­sentados.

Los cuerpos representativos de un estamento. El único estamento de los tres del reino, que gozaba del privilegio de estar representado ante el poder del rey de manera permanente y periódica, era el cle­ro. Lo había obtenido desde 1560. Para seguir conservando seme­jante favor, debía pagar a la monarquía fuertes sumas. Cada diez arios en las «grandes asambleas» o «asambleas del Clero», los de­legados a ellas renovaban el contrato fiscal que les unía al Estado. Ello les permitía intervenir constantemente a través de los «bu­reaux du clergé» junto a los consejos del rey y en todos los asuntos relativos a la Iglesia.

Los cuerpos representativos de un territorio: — Estados provinciales o Estados particulares. Estos Estados existían, desde el comienzo del siglo XVII, en Normandie, Languedoc, Dauphiné, Provence, Bour­gogne, Guyenne, Béarn. Se trata de provincias unidas o absorbidas  sucesivamente al reino o por el reino de Francia. En ellos estaban siempre representados los tres estamentos. Sus competencias eran de orden administrativo o/y financiero.

— Las comunidades ciudadanas. Jurídicamente reconocidas por el poder real, estas comunidades, cuyas instituciones al igual que los Estados provinciales variaban hasta el infinito, se convocaban para controlar aspectos importantes de la administración urbana. En ellas participaban un grupo restringido de «burgueses». Otros de los ob­jetivos de la convocación era elegir periódicamente a sus represen­tantes y a los consejeros de la ciudad.

— Las parroquias. En los pueblos, la vida religiosa y la vida so­cial se vivían en torno a la parroquia. De ahí que se llamara a estas comunidades campesinas, con frecuencia, parroquias. Los cabezas de familia, mejor situados económicamente, eran los que las gestionaban. La monarquía se sirvió de ellas para determinar los impuestos, determinar la repartición de los mismos y cobrarlos bajo el control de los intendentes de recaudación.

Los cuerpos representativos de los grupos profesionales. Muchos gru­pos profesionales se organizaban en corporaciones. Corporaciones de oficiales de judicatura y de finanzas, que no sólo defendía sus privilegios sino también expresaban por escrito sus quejas. Las cor­poraciones de artesanos («jurandes») también tenían sus jurados ele­gidos por los «maestros oficiales» según la diversidad de oficios a fin de inspeccionar el ejercicio de su profesión y de poder intervenir ante los poderes públicos.

Los cuerpos extraños al derecho común. Los edictos de pacifi­cación de Beaulieu (1576) y de Nantes (1598) habían concedido a los protestantes, dada su importancia numérica y geográfica, un es­tatuto particular. Estatuto que les convierte en cuerpo privilegiado, dotado de una organización judicial, política (asambleas periódicas y un representante permanente ante el rey) y militar.

En qué grado estos cuerpos institucionales participaron en el gobierno y administración del reino? La palabra participación, si no se la quiere vaciar de sentido y de contenido, implica cierto grado de responsabilidad e influencia en los órganos de decisión. Si no se puede dudar de que los cuerpos institucionales enumerados se ad­ministraron durante el siglo XVII con un gran margen de libertad, también es preciso reconocer que los agentes ejecutivos de la política y administración reales jamás les consintieron una participación en el poder local. En el ámbito de la alta administración, es decir, de la reglamentación de la vida pública, la participación fue real, pero li­mitada e indirecta a través del envío de cartas y emisarios a personajes influyentes en la Corte. Este era el método de los notables para doble­gar las decisiones del rey. Referente a las grandes decisiones guberna­mentales, especialmente en la elección y control de los gobernadores o prefectos, los reyes jamás admitieron ceder un ápice de su autori­dad. Indiscutiblemente existía voluntad de participar realmente en el poder. Pero esta voluntad chocó con el despliegue de una política centralizadora — el centralismo del Estado Moderno — o, como otros prefieren llamar, una política absolutista.

4. Rechazo de los contestatarios a la administración de la monarquía

El desarrollo del sistema político-administrativo provocó en el siglo XVII diversas formas de rechazo, de contestación. Rechazo y contestación que centramos en la reacción crítica al sistema, sin que se llegara, exceptuados algunos casos rarísimos como en algunas «Mazarinades», a la elaboración teórica de un anti-sistema.

Reacción crítica al sistema. En el terreno de las luchas, que se abrieron contra la política administrativa de la monarquía, contra sus agentes de ejecución, distinguimos tres niveles. Niveles que expre­san, en su manifestación de rechazo, motivaciones desiguales según los diversos estratos de la sociedad.

a) La Fronda. La Fronda ha sido interpretada, según los momen­tos de la historiografía y las pasiones de los historiadores, como una anticipación de 1789 (Sainte-Aulaire, bajo la Restauración) o una reacción retrógada contra la obra progresista de la monarquía centra­lista o absolutista. La consigna movilizadora de la Fronda fue: «Fuera Mazarino» («Point de Mazarin»). La lucha contra los intendentes, que desposeían en la práctica a los oficiales de finanzas, no fue más que la reacción de intereses corporativistas. Sólo la supresión de los arrendatarios y cobradores del fisco («partisans», «traitants») y la reducción de impuestos hubieren podido ser — ya que así era de hecho — los puntos cruciales de la reacción, provocada por el brutal aumento fiscal de Richelieu y preparada por las innumerables rebe­liones antifiscales de las que hablaremos más adelante. Pero, de 1648 a 1653, esta huelga de los contribuyentes fiscales abrió una crisis en la que aparecieron los fenómenos de confusión, de atomización y de anarquía.

Enumeremos los datos esenciales. En una coyuntura económi­ca muy desfavorable (después de dos malas cosechas hasta llegar a doblar el precio del pan entre los primeros meses de 1646 y 1648), la política fiscal de Mazarino llevó a reunirse en París, el 13 de ma­yo, a los oficiales de la alta administración de la monarquía, incluido el Parlamento (Cours souveraines) paraelaborar en dos meses un programa. Programa conocido bajo el nombre de «Propositions de la Chambre de Saint-Louis». Aceptado, en gran parte, por el gobier­no real, Mazarino se inquietó de las reivindicaciones hechas contra tres financieros de gran utilidad para el Estado. Mazarino intentó autoritariamente oponerse a estas reivindicaciones. El Parlamento re­acciónó contra el primer ministro y adoptó una actitud revolucionaria.

En su deseo, quizás sincero, de disminuir las cargas fiscales im­puestas al pueblo, el Parlamento rechazó registrar los nuevos impues­tos necesarios para pagar los gastos de guerra: excelente medio de hacerse popular y de someter al gobierno real a su disposición. Al mismo tiempo intentó proteger las situaciones adquiridas por los ti­tulares de cargos públicos y defender a los poderes provinciales y lo­cales contra la política centralizadora del gobierno real. Pasando rá­pidamente de la oposición a la rebelión y de la rebelión a la guerra civil, el Parlamento no hará en definitiva más que sublevar a las masas y aumentar la miseria y el sufrimiento del pueblo.

Esta rebelión del Parlamento obligó a la reina a huir de París con el rey, su ministro y toda la casa real a Saint-Germain-en-Laye. Para hacer cesar la oposición del Parlamento y hacer capitular a los parisinos, Ana de Austria, Mazarino y Condé decidieron bloquear y sitiar París. El bloqueo aumentó el furor de los parisinos y arre­ciaron los combates entre las tropas reales y las de los jefes de la Fron­da. Después de dos meses de sitio, Condé reconoce que no puede, con 12.000 hombres, apoderarse de París, ni siquiera bloquearla to­talmente, ni reducirla por el hambre. El Parlamento, consternado por el drama que estaba provocando, decidió entrar en conversa­ciones con la Corte.

El tratado de paz se registró solemnemente en el Parlamento el 1 de abril de 1649 (le había firmado por parte de la Corte Mazari­no y por parte del Parlamento, su presidente, Mateo Molé, el 11 de marzo). Los grandes de los dos partidos obtuvieron de la Corte el precio de las reivindicaciones exigidas para llegar a la paz. Exce­lente comercio para todos ellos Una vez más el pueblo no obtuvo nada después de haber luchado sangrientamente y pasado hambre. En realidad fue el único que pagó los gastos de esta rebelión fracasada.

La rivalidad creciente entre Mazarino y el príncipe Condé con­dujo al primero a arrestar al segundo en enero de 1650. Esta deci­sión provocó la rebelión de las provincias de las que Condé y sus familiares eran gobernadores: Normandie, Provence, Poitou y Gu­yenne. Revolución superficial, ya que un viaje del adolescente Luis XIV fue suficiente para calmarla. Pero cuando la Corte volvió a Pa­rís, a finales de 1650, la situación se agravó. El pretexto fue Mazari­no, que tuvo que huir en febrero de 1651. De nuevo se unen todos los descontentos. Fue el comienzo de la llamada «Fronda de los prín­cipes», en contraposición a la primera, llamada «Fronda del Parlamento». Dos años más todavía tuvo el pueblo que aguantar la guerracivil con todas sus miserias y la Corte, de anarquía, unida a la ame­naza española, en guerra desde 1635 contra Francia. Los últimos lugares de resistencia de la Fronda fueron París y Burdeos.

La Fronda tomó su nombre de un juego de niños. Entre los prín­cipes — y sus clientes armados — la Corte, el Parlamento, las mu­nicipalidades se desarrolló un juego complejo y movido, del que no podemos señalar aquí más que algunos rasgos principales. Ni en la oposición parlamentaria, efectiva pero tímida, ni en la mayoría de los panfletos no se encuentra más que la voluntad de eliminar al pri­mer ministro, Mazarino, y el rechazo de las transformaciones de la monarquía administrativa, ocasionadas y exigidas por la política de guerra y de despilfarro. Incluso entre las corrientes de los más «extre­mistas» — a París de enero a abril de 1649, a París y Burdeos en 1652-1653 — no hicieron más que manifestar viejas amarguras y viejas utopías. Sólo una minoría del pueblo y de la pequeña bur­guesía se aprovechó de la crisis abierta en el interior del mundo dirigente para explicitar sus sueños y sus resentimientos. Los sucesos dramá­ticos de la Fronda golpearon con fuerza al pueblo. Las «Relations» de la época y la correspondencia de los misioneros a Vicente de Paúl lo atestiguan y i con qué realismo de datos!

b) Las rebeliones antifiscales. Las rebeliones contra los impuestos fiscales fueron principalmente campesinas. Fue Richelieu el que realizó una verdadera revolución del aumento fiscal. El aumento de este impuesto directo y nominal llegó a triplicar entre 1624 y 1660 hasta llegar al 13 por 100 del producto bruto de las tierras. A no me­nor ritmo crecieron los impuestos indirectos. De esta forma la mo­narquía ingresaba en la Tesorería del Estado los recursos económi­cos requeridos para seguir la política de guerra elegida.

Pero esta revolución del impuesto atrajo todas las demás. Para hacer entrar el dinero de los impuestos rápidamente fue necesario dirigirse a ricos prestadores, los «partisans» o «traitants» o «fer­miers» que adelantaban al rey las cantidades prefijadas y después se encargaban ellos de recolectar los impuestos por su cuenta. Para hacer efectiva esta recolección de impuestos fue preciso crear y aumen­tar un cuerpo de comisarios móviles proveídos de plenos poderes: fue el origen de una serie de nuevos oficios. La gerencia y empleo de estas sumas tan considerables llevaron a reformar los consejos del rey, mejorar sus condiciones de trabajo, recurrir a la previsión: El resultado fue multiplicar los agentes ejecutivos que constituyeron la burocracia real. El centralismo, o absolutismo, fue en gran parte pro­ducto del impuesto.

Las masas de los campesinos rechazaron pagar estos aumentos de impuestos y se rebelaron también por la manera de cobrarlos. De ahí que no haya que extrañarse de que no participaran mayorita­riamente en ellas los estamentos más altos de la sociedad. Sólo los elementos empobrecidos o «desclasados» de estos estamentos (nobles campesinos arruinados, párrocos y vicarios famélicos, oficiales de ran­go inferior, excluidos de poder conseguir funciones públicas más ele­vadas) se vieron, a veces, forzados a dirigirlas. Se trata de rebeliones de campesinos y de artesanos, de plebeyos, pero en ningún caso de sediciones de mendigos y vagabundos, aunque a veces se aprovecha­ran de ellas. Es la comunidad campesina, el conjunto de los que de­ben y pueden pagar los impuestos — un «impuesto de repartición» o solidario — los que se rebelan, no la masa de los que no poseen nada. En estas rebeliones aparecen también, según los momentos, motivaciones más profundas y resortes afectivos más ocultos que las solas reivindicaciones contra el fisco.

De 1620 a 1624, la masa de los campesinos había vivido en una tranquilidad relativa, dado que la monarquía administrativa había recurrido más al impuesto indirecto que al impuesto directo, si se exceptúa el pago del «diezmo (dime)». Sin embargo los que provo­caron los enfurecimientos de los campesinos fueron los impuestos re­ales. Con la escalada de la política fiscal de Richelieu se abrió, de 1625 hasta la Fronda, un gran ciclo de rebeliones. Rebeliones endé­micas que culminaron con los «Nouveaux Croquants»del Sur-Oeste (1636-1637), los «Nupieds» de la Baja Normandía (1636-1642), sin olvidar que la mayor parte del reino vivía en un estado de anarquía antifiscal permanente.

Estas rebeliones alimentaron en la década del 1950 y 1960 un memorable debate entre B. Porchnev y R. Mousnier. Mientras el primero descubría en ellas el comienzo de una revolución «bur­guesa», traicionada por la burguesía de oficiales y financieros, R. Mousnier discernía en ellas sediciones suscitadas bajo mano por nobles y funcionarios públicos contra los progresos centralizadores introducidos por el impuesto real. Nuevas investigaciones y más pre­cisas, realizadas después de este debate (30), señalan que estas rebe­liones populares fueron promovidas por campesinos relativamente protegidos de caer en la pobreza (no los más pobres) y dirigidas por los amargados y «fracasados» de la nobleza campesina y de la pequeña burguesía de oficiales. En consecuencia estas rebeliones po­pulares antifiscales no fueron suscitadas ni sostenidas por un pro­yecto revolucionario ni por una reacción señorial.

c) El gran rechazo de los humildes. Las luchas contra los impuestos reales y señoriales — laicos y eclesiásticos — no se realizaron siempre a través de sediciones armadas. A veces se expresaron, especialmente en el sur de Francia, no a través de motivaciones conscientes, sino por escenas a la vez vividas y representadas. Estas escenas nos permi­ten descubrir hasta qué punto las pulsiones psíquicas subyacentes se expansionaban a través del resorte profundo de la subversión o in­versión social.

El objeto de su «deseo» se centraba en: transformar a los señores en criados, a los sacerdotes en servidores de Satán, a los ricos en pobres, a los dueños en esclavos. De estas «carencias», más revela­doras del mundo reprimido del inconsciente colectivo que cualquier rebelión, Le Roy Ladurie ha dado un ejemplo fascinante en las mu­tilaciones ceremoniosas que acompañaron a la rebelión popular de Agen contra los impuestos en junio de 1635 y de 1636.

Esta misma voluntad de subversión se manifestó en la epide­mia de la brujería y da pactos con Satán en el siglo XVII. Así lo ha escrito con precisión Le Roy Ladurie: «La conciencia campe­sina se manifiesta de forma auténtica en las rebeliones populares vi­vidas salvajemente hasta el fracaso final, pero esta conciencia aflora también, en forma mítica, en la rebelión imaginaria y fantástica, en el «sabbat», tentativa de evasión diabólica». En uno y otro caso se trata de subvertir el mundo, de volver el mundo al revés.

Esta mirada panorámica nos ha hecho descubrir sucesivamente tres mundos a los que la política centralista, más que absolutista, modificó progresivamente los equilibrios internos y recíprocos. Un mundo de gobernantes y de administradores que adquirió, a partir de 1630 y sobre todo a partir de 1650, una autonomía, un poderío y una efi­cacia considerables. Un mundo de excluidos, cuyas rebeliones se re­fugiaron, más que en el ámbito de la sedición, en el ámbito de lo ima­ginario y del delirio. Entre los dos: esos notables divididos, esas élites atomizadas, esos participantes apartados. Pero esto nos introduce ya en la política social del tiempo de Vicente de Paúl.

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