1.- El contexto político-religioso

1.1. La Segunda República (1931-1936)

El  Gobierno  Provisional, configurado por los líderes del Pacto de San Sebastián (1930),  convoca  las  elecciones  a  Cortes Constituyentes el  3 de Junio  de 1931  con tres objetivos:  elaborar la Constitución  y Leyes  complementarias, enjuiciar  la obra  del propio Gobierno Provisional y designar al Jefe del Estado.

1.1.1.  El Bienio republicano-socialista  (1931-1933)

Las elecciones dieron unas Cortes  con una semblanza mucho más progresista de lo que el conjunto  del país era en realidad. ¹ Tanto los socialistas  como los republicanos radicales que acceden al poder eran rabiosamente anticlericales.  La Constitución aprobada el 9  Diciembre 1931 establecía un Estado  sin religión oficial (la  discusión de  los  artículos 26  y  27 se  revelaron  como los  más polémicos), división de  poderes, sufragio universal para  mayores de 23 años, subordinación de  la riqueza del país a  los intereses nacionales, expropiabilidad y  posibilidades de  socialización e intervención  en la economía nacional, etc …  Eligen presidente de la  República a Niceto Alcalá Zamora.

Al proclamarse la República  el clero secular estaba compuesto por 34.176  sacerdotes y el  clero regular por 12.903  religiosos (1.067 casas) y 47.942  religiosas (3.764 casas).  En  su organización mantenía lo establecido en el Concordato de 1851 aunque éste quedó  abrogado de hecho. La  Iglesia influía en  la vida pública no  solo a través  de la enseñanza (20 % en primaria y 30  % en enseñanzas medias) sino también a través de las organizaciones del apostolado seglar (A.C., A.C.N.P., …) y de organizaciones profesionales y  confesionales como la Confederación Católico-Agraria, los endebles Sindicatos Católicos Obreros, Federación de Estudiantes Católicos y la  Asociación Nacional de Maestros Católicos.² A pesar de todo  estaba muy  retrasada con respecto  al progreso alcanzado por la sociedad civil  y eclesiástica de otros países europeos especialmente en el  campo social. Y aunque no faltaron  ejemplos de buena  voluntad, en  la masa  del  clero prevaleció  una postura  pasiva agravada en  algunos casos por la  conducta menos digna de  sacerdotes y religiosos  poco observantes.³

El  ambiente general  del  país  era fuertemente  anticlerical tanto  entre los  intelectuales como  en el  pueblo.  Los  intelectuales despreciaban y atacaban a la Iglesia  por ser enemiga del progreso.  Era el fruto del subjetivismo liberal y del positivismo científico y plantean sus  acciones  partiendo  de  la   escuela  y  de  la  universidad.   El anticlericalismo popular, muy unido al anterior y que, en gran medida no hace sino llevar  a la práctica las consignas de  los líderes políticos, era más emotivo y violento y tenía sus manifestaciones más virulentas en las acciones callejeras.  Como señala Palacio Atard «la raíz popular del anticlericalismo fue regada día a día con muchas aguas turbias.  No solo con la oratoria mitinesca de  los demagogos callejeros, sino también con el empaque de los discursos parlamentarios durante todo el primer tercio del  siglo XX.  No  solo con  las soflamas  panfletarias  y las  páginas procaces de muchos  diarios o revistas chabacanas, sino  también con las colaboraciones redactadas por bien  cortadas plumas en las publicaciones periódicas  de prestigio  y calidad.   Del mismo  modo, la  novela y  el teatro sirvieron de caja  de resonancia del anticlericalismo intelectual en los  medios populares: recuérdese el  estreno en 1901 de  Electra, de Pérez Galdós, y las obras de Blasco Ibáñez y Pérez de Ayala».⁴

La Iglesia podría haber adoptado  una postura de concordia con el nuevo  régimen, pero  no lo hizo; otro tanto  sucedió por  parte del Gobierno  Provisional  y las  Cortes  Constituyentes  que podrían  haber trazado  un  programa  clerical  más inteligente.⁵ Los  distintos Decretos Gubernamentales  y las  Pastorales de  los Obispos  son muestra inequívoca de esta situación.⁶

En resumen,  a diferencia de  otras leyes, la  República operó rápidamente  contra  la  presencia  tradicional  de  la  Iglesia  en  la sociedad.  Aunque la Iglesia fuese odiada  o ignorada por una gran parte del proletariado industrial y por una elevada proporción del rural, el «enemigo» era demasiado fuerte para destruirlo con un puñado de leyes y decretos.  El organismo eclesial supo resistir estos embates a través de no pocos  subterfugios, y  sobre todo,  por medio de  la creación  de su propia fuerza política, Acción Popular,  que andando el tiempo habría de ser el núcleo de la CEDA, y que en 1934 habría de compartir el poder con el Partido Radical de Lerroux.⁷

1.1.2.    El  bienio   radical-cedista  (19 Noviembre 1933-Enero 1936)

La conjunción de  tres factores (cambio de  opinión de grandes masas, unión de la derecha y abstención parcial de la izquierda) provocó el triunfo de la CEDA y del centro frente a la izquierda.

Durante  este  bienio  se  pueden distinguir  dos  fases. La primera  caracterizada  por los  gobiernos  de  predominio radical,  con colaboración de los partidos de centro o de derechas republicanos, y una segunda que se inició el 4 de octubre  de 1934 en la que la CEDA entró a formar parte del gobierno de la República.⁸ Acontecimiento que fue aprovechado por las fuerzas de izquierdas para promover un golpe de estado que, en Asturias, adquirió todas las características de guerra civil.

En  resumen,  podemos  decir  que las  alteraciones  de  orden público no  fueron sustancialmente refrenadas; mejoran  notablemente las relaciones Iglesia-Estado y  con el Ejército; se  agudizan las tensiones regionalistas;  progresivamente se  hace  más  reaccionaria la  política respecto a la reforma agraria; aparece el peligro de autoritarismo…

Durante 1935 se produjo un reagrupamiento de las fuerzas de izquierda como posibilidad de retornar  al gobierno, formando el llamado Bloque o Frente Popular.

1.1.3. Elecciones de 1936. Triunfo del Frente Popular.

La jerarquía de la Iglesia Católica llegó a considerarlas como un  enfrentamiento entre  Cristo  y Lenin  y requirió  la  unión de  los católicos que debía ser de todos y a toda costa.⁹

El triunfo del Frente Popular fue seguido de un desbordamiento de las masas  de votantes, un abandono del poder político por parte del gobierno y el  comienzo de  una situación  prerrevolucionaria. Lo más significativo fue la fragmentación de  la sociedad  española reflejada tanto en la  composición de las Cortes como en  la inestabilidad social. Esta situación engendró en un  grupo relativamente numeroso de militares el convencimiento de que la única  salida posible era la instauración de una dictadura  militar por medio de un golpe de Estado. El alzamiento militar se inició el 17 de Julio en Melilla.

1.2. La Guerra Civil (1936-1939)

En  líneas generales  las pretensiones  del alzamiento  vienen expresadas en la carta de Sanjurjo a  Mola del 11 de Julio: «El Gobierno (triunfante  de  la  insurrección)  tiene que  constituirse  en  sentido puramente apolítico,  por militares, y  ha de  procurarse que el  que lo presida esté asesorado por un Consejo compuesto por hombres eminentes… Desde luego,  inmediatamente habrá  que proceder a  la revisión  de todo cuanto  se ha  legislado, especialmente  en materia  religiosa y  social hasta el  día.  Es necesario que  cesen las actividades de  los partidos políticos para  que el país  se encalme…   Ir a la  estructuración del país desechando el actual sistema  liberal y parlamentario.  La duración del gabinete militar  ha de ser la necesaria hasta  encauzar al país por las normas  indicadas…».¹⁰ En los tres  años que dure  la guerra ambos gobiernos siguieron legislando en «sus» territorios.¹¹

Desde sus inicios únicamente  determinados obispos apoyaron el alzamiento.¹² Sólo a primeros de  Julio de 1937 la  jerarquía de la Iglesia católica de España (salvo Vidal i Barraquer y Múgica, que vivían en Italia)  manifestó colectivamente  su legitimidad dándole  un sentido patriótico y religioso (lo  cual nadie había  pretendido en su inicio, salvo en  Navarra).  También es  cierto que entre  el clero bajo  y gran parte de la población católica la  única esperanza estaba centrada en un golpe militar que acabara con la República.¹³

El número de sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados en ese momento se acercaba a 6.500. Al final de la guerra eran 12 obispos, 4.148 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas.  En  Junio de 1938 el Vaticano, que había permanecido prudentemente a la expectativa, y el gobierno de la España nacionalista establecieron relaciones diplomáticas nombrando sendos embajadores. En la zona republicana prácticamente todo el episcopado estaba  ausente y las actividades  eclesiales se mantenían «catacumbalmente».

1.3. La España del Franquismo (1939-1975)

Sus primeros  pasos (1939-1944)  se orientan a  solucionar los abundantes problemas internos derivados de  la guerra¹⁴ y a proyectar una política de «no beligerancia» en  la naciente guerra mundial.  En el interior  los  momentos  son  duros: miseria  y  aislamiento.  Esto obliga a adoptar una política autárquica cuyos  rasgos principales son el autoabastecimiento del  país, la supresión de numerosas  libertades en  el  área económica, la intervención directa  del Estado en  el sistema productivo y el control y explotación de las clases trabajadoras.¹⁵ A finales del  período se  suaviza el  vocabulario totalitario  mientras se  mantiene el  sistema autárquico.   Comienza la autodenominada «democracia orgánica».

Segura la  victoria aliada  (1944-1948), la  política exterior española juega la baza del  anticomunismo ofreciendo al mismo tiempo una adhesión suplicante a las iniciativas americanas.  En política interior se asiste  a la pugna entre  falangistas y católicos por  hacerse con el poder y se negocia con don Juan, hijo de Alfonso XIII.  Habrá que esperar a 1953 para  la firma de un  tratado de «ayuda militar»  con los Estados Unidos y la firma del Concordato  con el Vaticano.  Esta ayuda americana sirve para paliar y aminorar la escasez; se suprime en el verano de 1951 el racionamiento.

La Iglesia y  el Estado mantienen un mutuo  acuerdo de reparto de  concesiones:  el  Gobierno  franquista devuelve  a  la  Iglesia  sus privilegios y acepta determinados  presupuestos (abolición del divorcio, obligatoriedad  del  matrimonio  canónico, exención  de  tributación  de impuestos  para  los bienes  eclesiásticos,  monopolio  de la  enseñanza privada,   importancia  de  las Cartas Pastorales, las «asesorías religiosas»…); la Iglesia acepta el nuevo régimen  trabajando desde entonces  por el  reconocimiento del  mismo por  parte del  papado y  la intromisión del Jefe del Estado en el  nombramiento de los obispos («derecho  de presentación»)  al que  sólo  renunciará, a  pesar de  las sugerencias  de  Pablo  VI,  el  rey Juan  Carlos  tras  la  muerte  del dictador.

El protagonismo eclesial se mantiene y se manifiesta en las grandes concentraciones,  en  devociones  peculiares  que  se  fomentan (Cristo de Medinaceli, Virgen de Fátima…), Acción Católica, etc… y cuyo  punto culminante lo  representa  el  Congreso Internacional  de Barcelona  de 1952. Sin embargo,  ya a  finales de  los años cuarenta comienzan a vislumbrarse dentro de  la Iglesia determinados  grupos que van a salirse  de la órbita estrictamente eclesial:  HOAC, JOC, Cursillos de Cristiandad …  Cuando se firme el Concordato en 1953, en éstos y en otros sectores  de la Iglesia,  la actitud crítica y  de distanciamiento respecto del régimen son patentes.  La  acción pastoral fue intensa y se caracterizó también por su patriotismo y  por su masividad.  Se vivía la euforia  de  una restauración  y  de  una  afirmación de  valores. Las misiones  populares y  los ejercicios espirituales  llegaban  a  todas partes: al ejército, a las fábricas y a los ministerios.

La  recuperación económica  (1956-1962)  y el  comienzo de  la reindustrialización fueron acompañados de una inflación sumamente fuerte. El año 1956 se caracterizó  por una intensa  agitación social y  por la presencia de una  vigorosa oposición universitaria.  España  entra en la ONU  y  en  algunos  organismos europeos.  Plan  de  Estabilización  de 1959-1960.

La convocatoria  y desarrollo del Concilio  Vaticano II supuso un hito clave en las  relaciones Iglesia-Estado por cuanto representa de democratización de la Iglesia.  No es extraño que el régimen se sintiese disgustado.  La aprobación por parte  de la mayoría de obispos españoles de decretos como «Dignitatis Humanae»,  «Guadium et Spes» y, sobre todo, el llamado «Christus  Dominus», sobre la actuación de los  obispos en el mundo, significó un desafío moral y político para los hábitos del país y del  régimen; la  invitación a  los poderes  civiles a  renunciar a  sus privilegios  en los  nombramientos  de  obispos cayó  en  saco roto;  el régimen  lo  justifica:  que  renuncie  la  Iglesia  a  los  privilegios adquiridos paralelamente.

Los  años 1963-1973  marcan  una época  de rápido  crecimiento orientado  por los  «planes de  desarrollo».  Mediante la Ley  Orgánica de 1966 se mantiene  a Franco como Jefe   de  Estado   y  a  las   Cortes  como «corporativas».  En Julio  de 1970 se asigna al príncipe  Juan Carlos un papel oficial como  sucesor designado por Franco. El montaje sucesorio del franquismo  se viene  abajo con el  asesinato del  almirante Carrero Blanco en Diciembre de 1973.  ETA reivindica el atentado.  El progresivo deterioro de la salud de Franco plantea  en Julio de 1974 el problema de la  sucesión.  Partidarios  del  régimen pasan  a  la oposición.   Muere Franco el 20 Noviembre de 1975. El rey Juan Carlos I ratifica como presidente de gobierno a Carlos Arias Navarro que, ante el fracaso de su corto aperturismo, dimitirá el 1 de julio de 1976. En su lugar, ante la sorpresa de la derecha franquista y de la derecha aperturista, es nombrado Presidente de gobierno, Adolfo Suárez, antiguo Secretario General del Movimiento.

La Iglesia, en  estos últimos años, soporta,  a nivel interno, las tensiones  entre los  sectores progresistas  (ávidos de  aplicar las decisiones  conciliares,  entre ellos  Cristianos  por  el Socialismo  o personajes  como el  cardenal Tarancón …) e inmovilistas  (preocupados por la aplicación demasiado apresurada de los decretos conciliares, Hermandad Sacerdotal del Clero, cardenal González Martín…). Respecto al Estado, los conflictos son permanentes. Dos  momentos  claves  serán la  Asamblea Conjunta de Septiembre de 1971  (separación del contexto político al que estaba  incardinada)¹⁶ y  el  llamado «caso  Añoveros»  (24 de febrero de  1974)¹⁷ aunque abundan las homilías multadas, los encarcelamientos de clérigos, las prohibiciones de asambleas cristianas … que denotan ese progresivo desenganche de la Iglesia con respecto del Estado, aunque ésta mantenga su papel privilegiado y la posesión de beneficios concedidos por el régimen franquista a lo largo de los tres decenios anteriores. La elección en 1972 del cardenal Tarancón como Presidente de la Conferencia Episcopal y del obispo  Elías Yanes  como secretario marcó el final del predominio de los prelados afectos al régimen dentro de la jerarquía eclesiástica. No sólo eso, sino que la mayoría de ellos estaban convencidos de que ya nada podían esperar del régimen y se prepararon para una transición a un régimen democrático en el momento en que desapareciese el dictador. Los años 1974 y 1975 marcaron el cambio definitivo de la jerarquía respecto del régimen: ya no se trataba sólo de distanciarse sino de romper amarras.

1.4. España en democrácia (1975-2000)

Tras la muerte de Franco es proclamado Rey de España Don Juan Carlos de Borbón (22 de noviembre de 1975). La sociedad española presenta en esos momentos varios frentes: los grupos populares demandando amnistía, libertad, autonomía y derechos para las mujeres; el ejército a la expectativa y con su ala derecha con intención de perpetuar un franquismo sin Franco; la Iglesia, tras su ruptura con el régimen en años anteriores, buscando su acomodación a las nuevas circunstancias bajo el influjo del cardenal Tarancón y soportando un duro anticlericalismo de derechas. En realidad la Iglesia había experimentado con anterioridad su propia transición siguiendo las pautas renovadoras del Vaticano II y las orientaciones personales de Pablo VI. Quienes se resistieron al cambio fueron una minoría (media docena de obispos, un reducido sector integrista del clero y núcleos de católicos aferrados a la historia pasada).

De singular importancia es la homilía que pronuncia el mismo cardenal Tarancón en el Eucaristía del mismo 22 de noviembre de 1975. En ella, basado en el magisterio de Pablo VI, del Vaticano II y de los documentos colectivos del episcopado español, recordó a la suprema autoridad del Estado «los principios éticos de un orden nuevo, los valores tradicionales del pueblo español y la voluntad de respeto, y a la vez de independencia, por parte de la Iglesia, con respeto a la nueva etapa política, en la que no pediría privilegios ni legitimaría ninguna opción política, ni permitiría que partido alguno se sirviera de la Iglesia para sus propios intereses».¹⁸

El rey mantendrá a Carlos Arias Navarro como Presidente de Gobierno durante un año. En 1976 nombrará a Adolfo Suárez cuyo principal logro (junto a Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino) será la aprobación por parte de las Cortes de la Ley de Reforma Política (1976).

Basados en ella se legalizarán los Partidos Políticos (incluido el PCE) y se convocarán las elecciones de 1977, primeras democráticas desde 1936. En ellas triunfará la Unión de Centro Democrático (coalición de grupos y personalidades de centro derecha configurada por el mismo Suárez de manera muy rápida) aunque sin lograr la mayoría absoluta. Los grandes fracasados son el PCE (20 escaños), la extrema derecha (0) y la Democracia Cristiana (0).

La voz de la Iglesia, en estos momentos, despertaba un cierto interés aunque menos del que era de esperar. Varios hechos se planteaban como retos a los que hacer frente: la progresiva descristianización de la comunidad española; la disminución de la asistencia a misa, la escasez de lectura de literatura teológica y religiosa; matrimonios civiles; liberalismo en costumbres y espectáculos, disminución del influjo de las familias en los hijos, reducción de la incidencia de los colegios confesionales…

a) Transición a la democracia: los gobiernos de UCD (1977-1982).

Presentado el Gobierno, tres serán los principales problemas: la grave situación económica (Pactos de la Moncloa), las reivindicaciones regionalistas (reconocimiento de las autonomías) y la necesidad de una Carta Magna (Constitución de 1978). El artículo 16 de esta Constitución vela por el respeto de la religión no sólo desde una perspectiva individual sino desde una dimensión social. Se introduce la libertad religiosa y la no confesionalidad del estado. La Constitución de 1978 se apoyaba en un compromiso entre los partidos políticos. Por consiguiente, sus términos en lo refe­rente a la religión y la Iglesia rara vez eran específicos, salvo en la cuestión de la liber­tad religiosa. La Iglesia recibía el reconocimiento constitucional, la vaga promesa gene­ral de una futura cooperación del Estado y el reconocimiento de la legitimidad de su red de colegios. La cuestión de la cuantía del sostén económico de los colegios de la Iglesia permanecía sin resolver. La Constitución tampoco satisfizo las expectativas del clero con respecto a la moral pública.¹⁹

La postura de la Iglesia durante la transición adoptó dos formas: evitar que el Gobierno le impusiera un convenio unilateral (como en la República) y participar en el debate y decisión política a fin de obtener acuerdos favorables a sus intereses. En todos los sentidos, el paquete de cinco acuerdos firmados entre Madrid y el Vaticano en 1976 y 1979 constituía un nuevo concordato, aunque ningún partido quería utilizar un término que había dejado de ser del gusto del mundo posterior al Vaticano II.²⁰

En las elecciones generales y municipales de 1979 el triunfo sonrió de nuevo a la UCD aunque con menor holgura que en las anteriores. Junto a evidentes éxitos (configuración del mapa autonómico) varios problemas van saliendo a flote (crisis económica, terrorismo y disensiones internas de UCD) que motivarán la dimisión de Don Adolfo Suárez en 1981.

La propia UCD propone a Don Leopoldo Calvo Sotelo para sustituir a Adolfo Suárez. En la sesión de «confianza» ante las Cortes, se produce el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero. Lograda la confianza de la cámara, sucesivas leyes (LOAPA, Divorcio) o acontecimientos (colza, Almería, OTAN) crearán una progresiva pérdida de diputados del partido gobernante. Ante esta situación, se convocan nuevas elecciones.

b) Consolidación democrática: la Era socialista (1982-1996) y los gobiernos del PP (1996-2000)

El resultado de las elecciones de 1982 significa el triunfo absoluto del PSOE, el afianzamiento de Alianza Popular, la consolidación de CIU y PNV y el hundimiento de UCD y PCE. El triunfo del PSOE, a pesar de la desintegración progresiva de la UCD, cogió por sorpresa a la Iglesia. Lo mismo ocurrirá en las elecciones de 1986 aunque el ingreso en la OTAN representará la pérdida de 20 escaños para el PSOE.

Los años ochenta son de gran actividad legislativa en diversos campos como la educación (LODE y LOGSE), social (aborto), ejército (democratización) y política exterior (ingreso en la CEE, permanencia en la OTAN). Algunas de estas cuestiones  (aborto y enseñanza) suscitaron bastantes tensiones con la Iglesia. La Iglesia, no obstante, encontró las mayores dificultades  en la actitud que mantuvo el PSOE durante los trece años de su gobierno, pues los socialistas fueron «más triunfalistas que negociadores; más separadores que integradores; más inquisidores que generosos; más aferrados al poder que dispuestos a perderlo en un día y más obligados a reconocer que España es una realidad más extensa y variada que los ocho o diez millones de votos que ese partido había obtenido en estos años».²¹

Son años de una notable mejoría económica y de un significativo aumento de las prestaciones sociales. Todo ello repercutirá en la imagen del país reflejada tanto en la Exposición Universal de Sevilla como en las Olimpiadas de Barcelona. Sin embargo, en el tránsito de la década, el descontento de los sindicatos con la política económica del gobierno es manifiesto y la ruptura con los partidos políticos más que evidente.

Los años noventa verán aún dos nuevos gobiernos del PSOE (1989 –mayoría absoluta- y 1993 –mayoría relativa-) y otros dos del PP (1996 –mayoría relativa- y 2000- mayoría absoluta-). Los primeros caracterizados por la corrupción (tráfico de influencias, enriquecimiento rápido, corrupción política), la decepción europea (exigencias de Maastrich)  y desprestigio del PSOE (fondos reservados, actuación del GAL, escuchas telefónicas, «pelotazos») y los segundos por la llegada al poder del Partido Popular.

El mapa eclesiástico de España a finales del siglo XX es similar a los años anteriores. La diócesis es la base organizativa incrementándose estas de 63 a 67 (Ciudad Real, Jerez, Alcalá y Getafe). Se inicia, por otra parte, la proliferación de diversos cuerpos consultivos que, en ocasiones, serán fuente de abundantes conflictos con las propias autoridades diocesanas. Igualmente se dieron pasos para responder positivamente al nombramiento de obispos nativos de las diócesis (especialmente en lo que respecta a Cataluña y el País Vasco). La CEE adquirirá un rango desconocido hasta el momento convirtiéndose en cuerpo negociador con los sucesivos gobiernos. A su vez, la parroquia (en progresivo ascenso, pasando de 18.869 en 1960 a 22.488 en 1987)²² siguió siendo la unidad local de la organización eclesiástica pese a grupos o movimientos alternativos. Este aumento, no obstante, se verá matizado porque la mitad de ellas (sobre todo en el ámbito rural) estarán sin párroco residente, reflejo de la grave crisis vocacional.

El clero regular experimentó un considerable descenso numérico: 117.556 en 1960 a 90.323 en 1986²³ incidiendo de la misma manera en el número de sus candidatos mucho más significativo en las órdenes femeninas que en las masculinas (6.595 en 1966 a 751 en 1980). Disminuidas algunas de sus actividades preferentes y tradicionales (educación, misiones populares…) parte del clero regular se involucró en los trabajos parroquiales en un marco de colaboración y coordinación con el clero regular. De hecho entre 1971 y 1986 el número de parroquias con personal de órdenes religiosas pasó de 382 a 917 y casi dos tercios de sus sacerdotes realizaban tareas pastorales diocesanas.²⁴ A pesar de todo siguieron con sus funciones tradicionales de educadores y dispensadores de asistencia caritativa. «A finales del decenio de 1980 proporcionaban personal a 1.545 hospitales, orfanatos y asilos de ancianos de administración eclesiástica directa y brindaban 20.510 profesores a la red de colegios católicos. Además proporcionaban personal a 127 instituciones médicas públicas regidas por los gobiernos de las comunidades autónomas».²⁵

El nuevo papel del laicado, recomendado por el Vaticano II, será uno de los retos más importantes que afrontará la Iglesia. Su tradicional participación en determinadas esferas no se consolidará en aspectos más trascendentes a pesar de algunos intentos. La Acción Católica quedará supeditada a la acción episcopal a partir de 1966. Una innovación importante fue la creación de los Consejos Diocesanos de laicos, base de un consejo nacional laico. A nivel educativo la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de alumnos) defenderá los intereses de la Iglesia en este ámbito. Junto a ellas, una gran gama de asociaciones piadosas, grupos especializados como los «Boys scouts católicos» y las fundaciones de caridad. Resaltar el resurgir en torno a 1988 de la Acción Católica, bajo la dirección de Eva Gómez Pina. Indicar, por último, la preocupación eclesial de llegar a la gente a través de los medios de comunicación. Tras el abandono de los medios escritos (Ya y otros) en 1988, se centró todo su potencial en la red de emisoras que poseía y que aglutinó en torno a COPE.

La religiosidad popular sufre un profundo cambio más acentuado en el ámbito urbano que en el rural aunque se mantienen determinadas prácticas religiosas (procesiones, devociones…) que apuntan a una religiosidad sociológica. «Entre 1973 y 1990, el porcentaje de españoles que  declaraban asistir con regularidad a la misa dominical descendió del 68 al 43 por 100«.²⁶ Ante esta situación fracasan los intentos tradicionales de «evangelización»: misiones populares, ejercicios espirituales, sacramentalización… Aparecen, por el contrario, asociaciones que pretenden profundizar la fe en pequeños grupos aunque desde diversas perspectivas y con diferente aceptación y relación con la CEE: Opus Dei, Cristianos por el Socialismo, Neocatecumenales, Comunidades Cristianas Populares, Teólogos Progresistas…

1. TAMAMES, R.: «La República.  La Era de Franco» en «Historia de España Alfaguara» (Dir por M. Artola) VII, p.145.
2. TUÑON DE  LARA,  M.: «La  crisis  del estado: Dictadura, República, Guerra.  La Segunda República»  en «Historia de España» (Dir. por M. Tuñón de Lara) IX, p.115.
3. CARCEL, V.: «La Iglesia en la II República y en la guerra civil (1931-1939)» en «Historia de la Iglesia en España» (Dir. por R. Garcìa Villoslada) V, p.340.
4. PALACIO ATARD, V.: «Iglesia y Estado. La  Segunda República Española (1931-1936-1939)»  en «Diccionario de Historia  Eclesiástica de España» I, p.  1179
5. TAMAMES, R.: «La República …»  en «Historia de España Alfaguara»(Dir. por M. Artola) o.c., VII, p.165.
6. Pastoral del Cardenal Segura (7 mayo, en la que elogia a Alfonso XIII), quema de conventos en Madrid y otros lugares (11 Mayo), expulsión de Segura (14 Mayo), obligación de retirar de las escuelas todo signo religioso (14 Enero  1932), leyes  de matrimonio  civil, de divorcio (2 Febrero 1932) y  secularización de cementerios(6 Febrero de 1932), disolución y confiscación de  bienes de Jesuitas (23 Enero 1932), Carta Colectiva del Episcopado(25 Mayo 1933), ley de  Confesiones y Asociaciones  religiosas  (2  Junio de  1933),  Encíclica  «Dilectissima nobis» de Pio XI (3 Junio), Carta-Pastoral de Gomá «Horas  Graves» (12 Junio), fin de la actividad docente de la Iglesia (1 Octubre 1933)…
7. TAMAMES,  R.:»La   República…»  en  «Historia  de  España Alfaguara» (Dir. por M. Artola) o.c.,  VII, p.168.
8. Como consecuencia es declarada la huelga general  y comienza la insurrección armada en Asturias y otras zonas. A las dos semanas todo estaba pacificado.   Entre sus secuelas encontramos 34 sacerdotes y religiosos muertos y 58 Iglesias deterioradas en mayor o menor grado.
9. DE MEER,  F.: «La  Segunda República  y la  Guerra Civil»  en «España siglo XX» (Coor. por J. Andrés Gallego) o.c., p.290.
10. TAMAMES,  R.: «La  República…» en «Historia  de España Alfaguara» (Dir. por M. Artola) o.c.,  VII, p.231.
11. En el Nuevo Estado aparece el Fuero del Trabajo (9 Marzo 1937), el Servicio  Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (Abril 1937), Ley de  Prensa (22 Abril  de 1937), regulación de la enseñanza de la religión en los Institutos de Enseñanza Media (9 Octubre de 1937), derogación de la Ley  de Matrimonio Civil y de Divorcio (marzo 1938), restitución de la Compañía de Jesús (3 Mayo de 1938), retribución de sacerdotes  con cura  de almas en  territorio liberado  (enero 1939), derogación de la Ley de Confesiones y Congregaciones (marzo 1939) …
12. Pastoral conjunta  de los  obispos de  Vitoria y  Pamplona (6 Agosto  de 1936),  pastoral  del Obispo  de  Salamanca (30  Septiembre), pastoral del obispo Primado (23 Noviembre).
13. CARCEL, V.: «La Iglesia en la II República…» o.c.  V, p.365.
14. TUÑON DE LARA, M.: o.c.  X, p.17.
15. TAMAMES, R.: «La República…» en «Historia de España Alfaguara» (Dir. por M. Artola) o.c., VII, p.610.
16. CALLAHAN, W.: «La Iglesia católica en España. 1875-2002», pp. 410-413.
17. CALLAHAN, W.: «La Iglesia…», pp. 419-420.
18. GARCIA CÁRCEL, V.: «Breve Historia de la Iglesia en España» p.463.
19. CALLAHAN, W.: «La Iglesia católica en España» p. 439.
20. Id.: p. 429.
21. GARCIA CÁRCEL, V.: «Breve Historia de la Iglesia en España» pp.463-464.
22. CALLAHAN, W.: «La Iglesia católica en España» p.470.
23. Id.: p.475.
24. Id.: p.476.
25. Id.: p.478.
26. Id.: p.491