Juan-Bautista Etienne (XXVIII)

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La dimisión del señor Nozo no puso fin a estos pleitos

Guizot presumía erróneamente que la normalidad reinaría ahora de nuevo entre los vicencianos. Según Étienne, «los cuatro misione­ros italianos» cuya apelación había detenido la asamblea general, aco­metieron ahora la prosecución de sus planes. Era meta última suya «trasladar la sede del superior general a la capital del mundo». Étienne argüía que el único modo de alcanzar los italianos esa meta, era que el Papa nombrase al próximo superior general. Podía presumirse que entonces, este superior general convendría en el traslado. Étienne aseguraba no haber más «obstáculo» que el gobierno francés, para frustrar el éxito del plan italiano’. La Santa Sede inquirió del gobierno francés, si accedería a la elección del nuevo superior general por par­te del Papa. El razonamiento de Roma, en sentir de Étienne, era que siendo Guizot protestante, «concedería escasa importancia a un asun­to de esta naturaleza, y fácilmente consentiría a los deseos del Papa». Este razonamiento de Étienne resulta ridículo. La Santa Sede era ya consciente del hondo interés, por parte del gobierno francés y de Guizot, en cuanto a resolver los problemas de los Lazaristas.

Dimitido Nozo, Roma procedió de inmediato a formular su plan para el futuro de la Congregación. La Santa Sede quería evitar cualquier solución que condujera a más confusión y divisiones dentro de la Congregación. Creía por ello que, en tales circunstancias, no debiera reunirse la asamblea general. De ahí que la única alternativa fuese, como en 1827, el nombramiento de un superior general por parte del Papa. Roma se apercibía de que el nombramiento de un italiano o de un francés sólo prolongaría las luchas intestinas entre los vicencianos. Fue Rosati, al parecer, quien sugirió la posible solución del dilema: nombró superior general a alguien foráneo, que fuese neutral. Rosati dió el nombre de su viejo amigo, Juan Timon, visitador de la provincia americana, precisamente como el indicado para esa candidatura». Timon era bien conocido en Roma. Había ya declinado nombramientos para varias sedes de los Estados Unidos. Una vez nombrado, —pensaba Rosal Timon establecería alguna manera de equilibrio entre provincias francesas y no francesas en futuras asambleas generales. No se hacía mención, en estos planes, de trasladar a Roma la sede del superior general.

En París, Garibaldi recibía de Ostini instrucciones, fechadas el 2 de agosto, para que sondease al gobierno francés en punto a esta pro­posición. Según Étienne, Roma prohibió a Garibaldi que diera a conocer los detalles a los vicencianos franceses. Debería pedir a Guizot se atuviese a esa misma política. Guarini anunció que también a él se le prohibió escribir a París en relación con la materia. Los esfuerzos romanos por mantener confidenciales las negociaciones entre la Santa Sede y el gobierno francés fallaron. La embajada fran­cesa ya tenía informado al Ministro del Exterior en cuanto al plan y sus detalles». El cardenal Lambruschini había dicho a Rayneval: «Aprovecharemos la ocasión para dar a los vicencianos un superior procedente del Nuevo Mundo”.

Guizot esperó a ulteriores explicaciones de la Santa Sede, las cua­les justificasen el curso de acción que se pensaba adoptar. La informa­ción vino de Rayneval en un despacho con la fecha del 8 de agosto. En lala reunión del Consejo General del 30 de agosto dijo Poussou a los Asistentes, que Guizot le había enviado una copia de este despacho. Aquella información revelaba que la Santa Sede propondría pronto un plan para asentar «la posición actual de la Congregación». Poussou informó al Consejo de que el Ministro del Exterior le había pedido orientación sobre los medios más aptos en orden a «refutar los moti­vos que se avanzaban para desviarse tan gravemente de las constituciones». El Consejo convino en tener listo el memorándum para considerarlo en la próxima reunión. En esta coyuntura crucial de los acontecimientos, faltaba Étienne, que había ido a Argelia. Vuelto a París en los primeros días de septiembre, reasumió el quehacer fami­liar y redactó el memorándum, según lo mandaba el Consejo. Étienne presentó la redacción en la inmediata reunión del Consejo el día 6 de septiembre. Con modificaciones menores, el Consejo aprobó el docu­mento, y ordenó a Étienne que lo remitiera a Guizot.

Puede verse una declaración concisa de la posición de la Santa Sede en la carta que Ostini dirige a Garibaldi el 21 de septiembre de 1842. Ostini decía que la razón para no permitir la «inoportuna» convocación de una asamblea general estaba en ciertos problemas «inherentes a la actual estructura de la referida asamblea». Si ésta no se corrigiese, entendía Ostini que ello conduciría a conflictos mayo­res entre los vicencianos. En sentir de Roma, «los delegados [para la elección de superior general] no están en posesión de la plena y nece­saria libertad canónica». Ostini sostenía no existir posible distinción entre el hecho y el derecho. Los franceses habían reconocido siem­pre el principio constitucional de ser elegible para el superiorato gene­ral cualquier vicenciano con las cualidades requeridas, sin que impor­tase su nacionalidad. Pero sostenían no menos que, dada la especial relación entre la Congregación y el gobierno francés, éste sólo acep­taría a candidatos franceses. Semejante distinción había turbado siem­pre a los italianos, y asimismo a las demás nacionalidades.

La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares atacó el supues­to de que el superior general de los vicencianos, para cualquier efec­to, «tuviese que ser francés». Roma no admitiría tal restricción, ya proviniera del gobierno francés o ya de los vicencianos. Si la reclama­ban los vicencianos, estaría en manifiesta contradicción con las cons­tituciones y decisiones papales del pasado; si la requería el gobierno y era aceptada por los vicencianos, cualesquiera fuesen sus motivos, semejante acto destruía «la absoluta y perfecta libertad de los electo­res» para votar a aquel candidato que estimasen ser «el más digno», no sólo entre los franceses, sino entre los miembros de la Congregación entera. Ostini negaba que el nombramiento papal de Pedro de Wailly como superior general hubiese sido un reconocimiento de la preten­sión de que sólo un francés podía ocupar ese puesto. La Sagrada Con­gregación de Obispos y Regulares señalaba también que el veto de Luis XIV a Mauricio Faure y la subsiguiente elección de Nicolás Pierron hubiera requerido subsanación pontificia. En aquel caso no había reconocido la Santa Sede al rey de Francia pretensión alguna de vetar a la asamblea general la libre elección. Los Obispos y Regulares, traían asimismo a colación el detrimento que había supuesto para los vicencianos tantos años de antagonismo ítalo- francés.

El documento exponía cómo la sucesión ininterrumpida de supe­riores generales franceses, debía atribuirse al hecho de que los france­ses tuviesen garantizada una mayoría en las asambleas generales. Esto llevaba a la segunda objeción importante, a saber, que una asamblea «no representaría un equilibrio justo y equitativo entre las naciona­lidades que integraban la Compañía». Ostini señalaba que la Com­pañía tenía cuatro provincias francesas con un total de 80 Padres, mientras que las tres provincias italianas sumaban más de 230 Padres. El cardenal prefecto decía que, mientras esos problemas no se resol­vieran, aquella Sagrada Congregación no permitiría que se reuniese una asamblea general. La referida Congregación deseaba evitar otras posibles «intrigas e irregularidades». Para favorecer la determinación de un justo equilibrio, el cardenal daba instrucciones a Garibaldi, al objeto de que los vicencianos enviasen a Roma un informe, en el cual quedasen registrados: cada provincia, cada casa canónica, y cada miembro.

En el preámbulo del informe destinado a Guizot resumía Étienne la reacción del Consejo al despacho de Roma:

No sin honda tristeza leyeron los miembros del Consejo este despacho. Advirtieron cómo imputa la Santa Sede a los vicencianos de Francia intenciones que nunca tuvieron y en las que siempre estuvieron lejos de pensar. Supieron que, en lo relativo al gobierno de la Congregación, se juzga su conducta con una severidad que estiman injustificada. Fácil­mente pueden ver, que las acusaciones de que son objeto no tienen su origen en la Santa Sede, sino que son resultado de insinuaciones calum­niosas, provenientes de aquellos que esperan conseguir sus metas por ese medio. El Consejo cree que, exponiendo el verdadero estado de las cosas, semejantes prejuicios se demostrarán totalmente faltos de funda­mento, y que la Santa Sede abandonará su proyecto.

Muy al estilo que le caracterizaba, Etienne respondía punto por punto a las objeciones de Roma. La primera acusación tratada era «la inobservancia de las constituciones por parte de los franceses». La réplica de Étienne era emocional:

Esta acusación hiere gravemente nuestros corazones. Por el contrario, siempre las [a las constituciones] hemos considerado como el preciado depósito que dejó san Vicente de Paúl. En cuanto tal depósito, atende­mos a su transmisión íntegra de edad en edad, y a su posteridad por par­te de cada generación. Deben ser fuente de consuelo para la Compañía, y una garantía del divino favor. Contrariamente a esa acusación, creemos que la Compañía debe obedecer a las constituciones con la mayor y más escrupulosa exactitud. La experiencia nos convence de que la prosperi­dad de la Congregación depende de nuestra fidelidad a este respecto.

Étienne pasaba luego a tratar la «inobservancia» específica de las constituciones por parte de los franceses, objeto de la acusación roma­na. «Roma nos ha acusado de arrogamos una supremacía que afecta adversamente a todas las demás provincias de la Congregación. Nos acusa asimismo de disponer deliberadamente las cosas de manera que los franceses tengan siempre la mayoría. De esto se dice que ha lugar en la elección del general, en la cual según las constituciones, todas las provincias debieran estar igualmente representadas, pero que por razón de la mayoría francesa, sólo se las consulta en atención a la mera forma. Étienne aseguraba al Ministro del Exterior que semejantes «asertos carecían de todo fundamento». Señalaba que era san Vicente el que, desde hacía 200 años, daba a la Congregación su estructura particular. Decía que el alegato de que tal organización violaba las constituciones de la Compañía, delataba «un conocimiento defectuoso» de este documento. Advertía que, cual los papas las habían aprobado, las constituciones daban al superior general «plena y total autoridad» para erigir y suprimir provincias, «cuando prudentemente juzga que los intereses de la Congregación piden ese acto».

Étienne argüía que, en el pasado, el número de provincias francesas, y en consecuencia el número de votos en las asambleas generales, había sido mucho mayor que ahora. No se refería, claro es, al mayor número de misioneros franceses antes de la Revolución, lo cual justificaba un número mayor de provincias francesas. Advertía el aumento, de una a tres, en las provincias italianas, como también la adición de las provincias española y portuguesa. No trataba directa­mente Étienne en ningún momento la gran disparidad de número, en relación con las respectivas provincias, entre misioneros franceses e italianos. Concluía aun así, que sólo con injusticia se podía acusar a los vicencianos franceses de desconsideración hacia las constitucio­nes. Por consiguiente, si existía «un problema interno», según Roma alegaba, su verdadera fuente eran quienes blandían tal argumento como capa de sus propios fines, para provocar una «gran conmoción».

A continuación respondía Étienne al cargo de que, «en la elección de general, las provincias no francesas era sólo consultadas pro for­ma». Étienne se remitía a las Actas de las 18 precedentes asambleas de la Congregación: no encontraba allí él pruebas que sostuvieran tal cargo. Retóricamente preguntaba: «¿Puede imaginarse que haya habi­do una reiterada transgresión de naturaleza tan grave a lo largo de dos siglos en las referidas asambleas, sin que ninguno la advirtiese?». Etienne replicaba, que sólo alguien con escaso conocimiento del «espíritu que animó nuestras sucesivas asambleas», podía invocar la servidumbre de éstas a un ánimo nacionalista que excluyera a otras provincias, salvo para una consulta pro forma.

Después trataba Étienne la queja elevada a la Santa Sede por las «provincias italianas». Los italianos alegaban verse privados «de una legítima influencia en la gestión general de los asuntos de la Congre­gación». Étienne rechazaba este cargo. Argüía ser creencia de los fran­ceses, que sólo «algunos miembros individuales de las referidas pro­vincias eran responsables de esta queja». Decía además que la reclamación «no tenía el apoyo mayoritario de los italianos». «Cono­cemos demasiado bien el verdadero espíritu de estas provincias» comentaba Étienne—, «y pensamos que desean mantener la organiza­ción de la Congregación tal cual la estableció san Vicente de Paúl».

De nuevo, examinaba Étienne la creencia de que las provincias no europeas estuviesen excluidas de las asambleas generales. Étienne señalaba una vez más que eso era conforme a una provisión de las Constituciones, según fueron aprobadas por los papas. Étienne explicaba el motivo original de esta exclusión. Con la dificultad de las comunicaciones y los prolongados viajes, faltaba a los delegados de ultramar el tiempo necesario para llegar a París, dentro del lapso míni­mo de seis meses, entre la convocación y la apertura de la asamblea. Étienne admitía que «hoy viajamos con bastante mayor rapidez, y de ahí que ya no exista semejante exclusión». Decía que el Consejo General tenía pensado presentar este tema a la próxima asamblea general. La sola asamblea podía, con la aprobación de la Santa Sede, hacer esta modificación en las constituciones.

De ahí pasaba Étienne a examinar las relaciones entre París y la provincia americana. Alegaba que los franceses siempre hicieron por los de América cuanto estuvo en su mano. Erigieron la provincia en 1835, y prometieron hacer que los delegados pudieran asistir, lo antes posible, a las asambleas. Decía también que los franceses habían enviado «a un gran número» de entre aquellos misioneros que cuentan hoy entre los miembros de la provincia. Étienne recordaba cómo, en 1835, había ido a París, desde América, Juan-María Odin. Alegaba que Odin insistió en el paso de la misión, de su dependencia de la provincia romana, a la jurisdicción de la casa madre en París». En cuanto a la relación de los franceses con la provincia americana, Étienne prueba demasiado. La misión de Esta dos Unidos era, desde su establecimiento en 1816, jurisdicción del vicario general. Sin embargo, vuelto a la Congregación el gobierno unitario en 1827, aquella misión incumbía al superior general. Las Actas del Consejo General que presenció Odin en 1835, no registran petición suya alguna de pasar a la jurisdicción de París. Las Actas simplemente registran que el superior general, aprovechando la presencia de Odin en París, había convocado una reunión del Consejo «para deliberar sobre el estado de la misión americana y sobre las medidas que afianzarán su bienestar futuro». Étienne reivindicaba además para sus solos esfuerzos el que la Sociedad lyonesa de la Propagación de la Fe hubiese suministrado fondos para las misiones americanas. Decía que la prosperidad de los establecimientos americanos sólo comenzó cuando se asociaron a París. Los americanos —concluía Étienne— «tuvieron que estar en total ignorancia», con res­pecto a las peticiones elevadas a la Santa Sede en favor suyo. Eran éstas tan manifiestamente contrarias a los «verdaderos intereses» de la provincia americana, que resultaban impensables. De este modo des­echaba Étienne el alegato de que amenazase un cisma americano, según se había informado a Roma, si no «había en la Congregación una reforma efectiva”.

A continuación se ocupaba Étienne de las provincias italianas. Respondía al alegato de que estas provincias pudieran separarse, si no había cambios en la administración de la Congregación. En sentir de Etienne, los italianos planteaban un probable cisma a manera de ame­naza, con objeto de lograr sus intentos. Étienne alegaba, por parte suya, que el verdadero peligro de cisma estaba entre los italianos mis­mos, pues la mayoría de ellos no favorecía los cambios en las consti­tuciones de la Compañía. Étienne explicaba al Ministro del Exterior que, si sobrevenía un cisma italiano, los vicencianos franceses «nada tenían que perder», pues su existencia y bienestar no dependían de la unión con sus hermanos de Italia. Por lo que atañía a los franceses, el cisma no les supondría «inconveniente» alguno. Supondría nada más que París ya no ejercería su autoridad sobre las provincias italianas. Según Étienne, si París perdiese la autoridad sobre aquellas provin­cias, «eso conllevaría —así lo vemos nosotros— una compensación muy grata: no sostener en adelante el correspondiente peso de solicitud impuesto a nosotros por la actual unión».

Dicho lo cual, empero, Étienne decía de los franceses, que «lamentarían el que aun una mera palabra suya contribuyera al cis­ma». Ésta era la posición de París: «No queremos separar lo que el mismo san Vicente unió. Deseamos mucho que permanezca su obra intacta y goce de la primitiva unidad». «Si ese cisma sobreviene» declaraba Étienne—, «y no por culpa nuestra, lo estimaremos como giro conducente a la tranquilidad y a la paz de los vicencianos franceses». Étienne concluía que si los italianos querían «conservar el orden y la unidad» de la Congregación, «debieran dejar las cosas como están y han estado siempre». Estaban sujetos a una «ilusión», si pensaban que, privados de una unión que los incluía a ellos, «decae­ría el funcionamiento de la Congregación, o ésta desaparecería».

El plan del Vaticano —continuaba argumentando Étienne—, «quería reformar un abuso que no había, y remediar una flaqueza interna cuyo origen es enteramente distinto del que se presume». Estas acciones sólo podrían conducir a la «inevitable dispersión y decadencia de la Congre­gación de los Lazaristas». Lo que revelaba un verdadero desdén hacia las constituciones era, en sentir de Étienne, la propuesta de que el Papa nombrase superior general. Y Étienne formulaba una serie de pregun­tas retóricas: «Para un general así nombrado, ¿puede esperarse razona­blemente una recepción libre de conflicto, de controversia? Esta mane­ra de acceder al puesto, ¿no estaría sembrada de múltiples tropiezos? ¿Puede creerse que aquel general obtendría la entera sumisión y con­fianza, sin las cuales le sería imposible gobernar? Imponer un general a la Compañía, ¿no es obvio que provocará la fermentación, dentro de la comunidad, contrariamente a la imaginada fermentación actual?»

Dicho lo cual, las explicaciones de Étienne debían dar cuenta precisamente de esa manera de nombramiento, cuando León XII la adoptó para el generalato de Pedro De Wailly. Conforme al análisis de Étienne, en 1827 era totalmente distinta la situación a la de 1842. La Congregación llevaba entonces casi 30 años sin superior general. Su jurisdicción estaba además repartida entre dos vicarios generales. No habría sido posible, en esas circunstancias, la regular convocatoria de una asamblea general. Todos reconocieron entonces que, para reedificar la Congregación «sobre los antiguos cimientos», no había más camino que la intervención de la autoridad pontificia. En 1827 —decía Étienne— no «impuso» la Santa Sede un superior general, sino que consultó antes a los vicarios generales en París y en Roma. Ante la tentación de probar demasiado, sin embargo, Étienne cedía. Argüía que se consultó a todas las provincias y casas, «en cuanto a establecer en París la sede de la Congregación, y si un francés debía ser el nuevo superior general». «Una amplia mayoría de casas dio» supuestamente— «respuesta positiva». Y era el comentario final de Etienne, que el gobierno francés sólo había propuesto a De Wailly como candidato, tras haberse cerciorado del «consentimiento» de los Lazaristas de Francia.

Ahora bien, ninguna de estas afirmaciones es verídica.

«Hoy» —señalaba luego Étienne—, «las circunstancias son distin­tas», la Congregación tenía una administración constitucional. Decía que no acertaba a ver el porqué de no proceder la Compañía a la convocatoria de una asamblea general que eligiese superior general. Y preguntaba: «¿Por qué apelar a un medio extraordinario, sin un motivo que lo justifique?

Le parecía a Étienne que era deber suyo señalar las «graves con­secuencias» del plan romano. Decía que esa propuesta no tenía prece­dente en la historia de la Congregación». El plan intentaba, «no solo imponer un superior general, sino además imponer a alguien no francés como superior general. En la idea de Étienne sería éste un suceso «que sólo podía llevar a la catástrofe y a una conmoción tan terrible, que ocasionaría el total colapso». ¿Qué otro resultado podría esperarse de trasladar a un general, desconocedor del francés, desde otro mundo a París e imponerle súbditos que ni le conocen ni sienten confianza hacia él? ¿Qué otro resultado se esperaría de colocar a semejante general en circunstancias que ignora, desconocedor asimismo de las usanzas administrativas? ¿Qué sería de las Hijas de la Caridad, con un superior gene­ral tan falto de experiencia? ¿Qué confianza tendrían las Hermanas en un superior no apoyado por los súbditos? ¿Ha previsto alguien la turbación y agitación que pronto originaría esta decisión tan desastrosa?

Étienne creía, y así lo expresaba, que Timon no «aceptaría» una carga que «sólo iba a abrumarle». Si llegase a aceptar el nombramien­to -tal la visión apocalíptica de Étienne—, «causaría la ruina de las dos familias de san Vicente en Francia. Terminaría además trasladando a Roma la sede de la Congregación».

Etienne recordaba a Guizot, que el año 1827 rebrotó en el Con­sejo de Estado la oposición galicana a un nombramiento papal sin precedente, cual fue el del entonces superior general. Étienne predecía que, en el caso actual, «el Consejo de Estado negaría al breve de nom­bramiento la licencia de publicación», por ser extranjero el candidato. Del Ministro del Exterior solicitaba Étienne una «intervención firme», que tuviese como fin disuadir a Roma «del proyecto que había conce­bido, el cual, falto de legítima justificación, es contrario a todo prece­dente, presenta graves peligros para la subsistencia de la Congrega­ción… y es manifiestamente imposible de ejecutar».

Étienne pedía asimismo que el gobierno tratara con la Santa Sede, en orden a posibilitar la convocatoria de una asamblea general. Seña­laba que la condición temporal, propia de la gobernación de un vicario general, hacía a ésta problemática. Explicaba cómo un vicario general tenía poderes «muy limitados», pues habitualmente retenía el poder durante solos seis meses, en espera de la elección de nuevo superior general. Una implicación del limitado poder de Poussou como vicario general era, que carecía de autoridad para firmar documentos legales a favor de la Congregación. Étienne daba fin a su prolija apelación con estas palabras: «Tenemos la confianza de que, con las razones aducidas, se emprenderán de inmediato acciones, estimadas por Su Excelencia eficaces, en el logro de una solución a las dificultades que ahora están impidiendo la ejecución de nuestras constituciones».

El 25 de noviembre de 1842 escribía a Rayneval el Ministro del Exterior «para informaros de lo que he sabido a este respecto en relación a la cuestión Lazarista, las dificultades puestas por la Santa Sede y las intenciones del gobierno del rey». Guizot decía al embajador que, a juicio suyo, la posición de la Santa Sede era imprudente, innecesaria, y «no preveía las complicaciones». Admitía que, en la dimisión de Nozo, Roma hizo algo «útil y necesario». Guizot se quejaba aun así de que la Santa Sede hubiese emprendido esta acción, y emprendiese otras, sin informar ni consultar al Consejo General de la Congregación. Pensaba asimismo que Roma abrigaba prejuicios contra la administración de la Compañía. En cuanto a los justificantes de las actuaciones pontificias, Guizot declaraba que, «desconociendo la exactitud de esas acusaciones», las había transmitido directamente a Etienne, con el ruego de que las respondiese. Examinada la respuesta de Étienne, Guizot confesaba creer que «la Santa Sede había cedido a las maquinaciones de los intrigantes».

Guizot procedía a declarar: «Es claro… que el gobierno del rey no reconocerá a un superior general instalado de manera tan inusitada y extralegal. Esa propuesta es contraria a la letra y al espíritu de las constituciones de la Congregación… y viola los derechos del rey». El nombramiento de un extranjero por parte de la Santa Sede crearía una «situación inconveniente e imposible» para las relaciones entre la Congregación y el gobierno. «Sólo puedo interpretar este nombra­miento» —decía para concluir— «como dirigido a dos metas últimas: deshacerse, al cabo de 200 años, del general francés, y trasladar a Roma la sede central de la Congregación. No podemos tolerar ese plan. El gobierno pontificio sabe que estamos siempre opuestos a semejante paso, no importa por qué medios quiera alcanzar la referi­da meta». Guizot convenía en la irregularidad de las condiciones que embargaban a los Lazaristas, pero no tenían la culpa los franceses. Eran en su opinión «los no franceses, y en especial los Lazaristas de Italia», quienes extraviaban a la Santa Sede y la inducían a permitir semejantes condiciones.

El Ministro del Exterior convenía también en la necesidad de evi­tar «el deplorable cisma». Esperaba ilustrar a la Santa Sede «defen­diendo, con clara evidencia, la justicia de la causa [de los Lazaristas franceses]. Provista de esa información, Roma abandonaría entonces su plan actual, tan perjudicial a los intereses esenciales de la Congregación, a la que incapacitaba para el cumplimiento de sus funcionas, tan útiles a la causa de la religión». Una vez más, Guizot decía al embajador que debía acuciar a la Santa Sede para que permitiera la convocatoria inmediata de una asamblea general.

El Ministro del Exterior revelaba luego sus propios supuestos galicanos, eclesiásticos y políticos. Decía al embajador que las cons­tituciones de la Congregación (aprobadas por Roma) privaban a la Santa Sede del derecho a ulterior «interferencia» en los asuntos de la Congregación. Y procedía a declarar,

es ya hora de que la Santa Sede ceje en un debate infundado, sin argu­mentos de ley, adverso a los evidentes derechos de estos estimados varo­nes, cuya obra apostólica aprecia todo el mundo… Considero singular coincidencia, el que la Santa Sede ponga estas dificultades a la única congregación de hombres legalmente reconocida en Francia… una asociación de hombres que portan el nombre de Vicente de Paúl… que son justamente populares y bien conocidos por la constancia de su comportamiento moral. Hombres a los que distingue la grandeza de servicios eficazmente prestados por su celo infatigable a los intereses del catolicismo.

Guizot daba instrucciones al embajador para que expusiera los argumentos de Étienne. «Repito» —concluía diciendo— «que apremia el que las cosas sigan su curso regular. Mis instrucciones son que no ahorréis esfuerzos en la cuestión, especialmente para que no continúe la crisis. Deseamos que termine lo antes posible». Rayneval respon­día pocas semanas después: «He recibido vuestro memorándum, y estoy siguiendo vuestras instrucciones. Espero aun así tener proble­mas en la regulación de este asunto, pues actúan sobre el Vaticano pre­juicios muy antiguos y poderosos».

Recibida la respuesta francesa por el Secretario de Estado, el Papa sugirió la posibilidad de un compromiso. Permitiría que se reuniese la asamblea general, pero no en París. En sentir suyo, si la asamblea tuviese lugar en Roma, podría asegurarse una «necesaria armonía». En la Notice comentaba Étienne que semejante propuesta le había sido sugerida al Papa por los «intrigantes», quienes intentaban alcanzar sus fines por otros medios. Étienne invocaba la respuesta de Gui zot, según el cual, «habiendo siempre celebrado la Congregación sus asambleas generales en París, no veía él razón para cambiar ahora esta práctica». El Ministro del Exterior señalaba además que los miembros de la administración general de la Congregación obligados a asistir a la asamblea general, no podían satisfacer a sus responsabiIidades tan alejados de la casa-madre. Guizot calificaba aquella pro puesta de «igualmente contraria a la costumbre, sin utilidad, peligrosa, y nada práctica». El Ministro del Exterior concluía, que el nuevo plan romano era un intento apenas velado de influenciar la inminente elección, enderezado a asegurar que no se eligiese a un francés. Tal como él lo veía, una elección de superior general que tuviese lugar en Roma no sería libre.

A comienzos de enero de 1843, como parecía que la Santa Sede no había abandonado del todo sus esperanzas de nombrar superior general, Guizot remitió al cardenal Lambruschini, por la embajada en Roma, otro memorándum. Hacía algunas puntualizaciones muy elocuentes sobre la posición del gobierno francés y su relación con los Lazaristas. Según argumentaba Guizot, los Lazaristas franceses habían conquistado una segura posición nacional, a despecho del con­tinuado prejuicio anticlerical francés, contra las comunidades reli­giosas de hombres. La publicidad ocasionada por la intervención que Roma proponía —decía Guizot—, «deshará todo lo que el gobierno ha hecho en pro de los Lazaristas».

Guizot glosaba a continuación la rara identidad galicana de los Lazaristas:

Los Lazaristas se fundaron en Francia, y fueron en sus primeros tiempos exclusivamente franceses. Luego quisieron adherirse otras nacionalida­des, las cuales se sintieron afortunadas de participar en la exitosa obra de Vicente de Paúl. Sigue empero siendo verdad que la fundación es ente­ramente francesa, y que ha extraído de Francia sus principales recursos, como también los principales medios para sus logros. Es mi creencia que puedo afirmar, libre de sentimiento alguno puramente nacionalista, que ha sido su espíritu francés el responsable primario del éxito de la obra dada a sus discípulos por Vicente de Paúl.

Guizot observaba que, en el caso de comunidades establecidas en otros países, sus fundadores habían aprovechado «el particular carác­ter religioso de la nación». Para erigir sus establecimientos, esos fun­dadores se sirvieron instintivamente del referido carácter con gran exilo. En opinión suya, tal había sido la intención de san Vicente al establecer sus «admirables» comunidades en Francia. Guizot formulaba esta pregunta retórica: «¿Qué grave y forzoso motivo apremia a la Santa Sede hoy, para que adopte una medida enderezada a destruir todo eso?. El Ministro del Exterior reiteraba el pronóstico, de que si la Santa Sede persistía en su intento, «la Congregación de los Lazaristas desaparecería del reino y, por necesidad, también muy pronto del resto de la cristiandad». A ello añadía una nueva pregunta retórica: “Servirá este deplorable resultado a los intereses de la Iglesia, no sólo en Francia, sino dondequiera trabajan los Lazaristas?» Y recordaba al cardenal Lambruschini, que el destino de los Lazaristas sería inevi­tablemente compartido por las Hijas de la Caridad, en perjuicio de su extensa red de instituciones caritativas. El Ministro del Exterior daba una vez más su parecer, de que no había base para los alegatos de Roma contra los Lazaristas franceses. Y se hacía eco de Étienne, que ponía en «las ambiciones de malévolos denunciantes la única causa de la desdichada situación actual de la Congregación». En la Notice, observaba Étienne que, tras las inequívocas y obstinadas réplicas de Guizot, Roma entendió por fin, «que negociar con el gobierno francés no reportaría ganancia alguna».

E. UDOVIC

CEME

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