Una permanente dominación galicana, y el «vicio del nacionalismo»
Entre 1625 y 1670, las fuerzas entonces vigentes del absolutismo, el galicanismo y el nacionalismo configuraron los esfuerzos dirigidos a establecer el modus vivendi interno de la Congregación. En los primeros años de su existencia, la Congregación fue gobernada por Vicente de Paúl, su fundador y primer superior general, sobre la base de una simple estructura orgánica adecuada. Este arreglo fue ratificado por las aprobaciones iniciales del rey y del obispo. Eventualmente el crecimiento de la Congregación le exigió determinar los elementos de su identidad, los cuales constituyeran una base para su aprobación definitiva por la Santa Sede y por la corona.
En 1632 solicitó Vicente de Paúl aprobación papal para la misión de la Congregación y para seis «ordenanzas constitucionales» básicas. El fundador pedía asimismo al Papa que «otorgase reconocimiento apostólico y permitiese al superior general de la referida Congregación y a sus sucesores, con miras a un mayor aprovechamiento de esta Congregación, promulgar ulteriores estatutos, además de las ordenanzas antedichas … Séales también concedido, según la exijan las circunstancias y los tiempos, y tan a menudo como se estime apropiado, introducir cambios, alteraciones, modificaciones, limitaciones y correcciones, y que tengan facultad para emitir, libremente y sin restricciones, nuevas normas, siempre que los referidos estatutos, sus cambios, alteraciones, modificaciones, alteraciones, correcciones y nuevas normas sean primero aprobadas por el Ordinario. En 1633, la bula fundacional de Urbano VIII, Salvatoris Nostri concedía esta aperturista petición.
Lentamente, en las décadas sucesivas, fue elaborándose un amplio conjunto de reglas y constituciones. Las proto-asambleas de la Congregación en 1642 y 1651 pulieron esbozos de documentos. Ahora bien, entre la fundación de la Congregación y la promulgación por el fundador de las Reglas o Constituciones Comunes, transcurrieron 33 años. Estas Reglas Comunes trataban sólo materias que eran «común» práctica para todos los miembros de la Congregación.
Al morir Vicente quedaban por dilucidar muchos aspectos de la estructura jurídica de la Compañía. El sucesor de Vicente, René Alméras, condujo la era constitucional a su conclusión. Lo consiguió a través de insistentes actuaciones, dirigidas a la conservación del «espíritu primitivo» de la Congregación. Bajo el liderazgo de Alméras, las dos primeras asambleas generales pusieron término a su labor con las que se conociera como Constituciones Mayores. A este documento dio su aprobación final la asamblea general de 1668. Esta asamblea votó la presentación, para su aprobación por la Santa Sede, de una «selecta» de 20 providencias clave. Los referidos artículos trataban del cargo de superior general, de la administración y gobierno de la Compañía, y de la competencia de las asambleas, general, provincial y doméstica. A poco de clausurarse aquella asamblea, Alméras sometió a la aprobación romana» las Constituciones Selectas. Un consistorio cardenalicio las enmendó y aprobó. El 2 de junio de 1670 Clemente X otorgaba su ratificación en la bula Ex injuncto nobis.
El proceso formativo de las constituciones fue, bajo todos los aspectos, un asunto galicano. Era escaso en la Congregación el número de misioneros italianos, polacos e irlandeses, y había sólo un puñado de establecimientos en sus respectivos países. Los miembros de la Congregación y sus casas eran mayoritariamente franceses. De ahí que fuese también francés todo el liderazgo de la Compañía, incluidos los primeros superiores de las misiones extranjeras y provincias europeas fundadas en esta época.
Vicente de Paúl había considerado, según concluía el año 1642, la propuesta de trasladar a Roma la sede central de la Compañía. El fundador pensó incluso en ir allá e indagar las ramificaciones de semejante decisión. El vicenciano francés que hizo tal propuesta, Bernardo Codoing, estimaba que el traslado aseguraría el favor papal y garantizaría la unidad de la Compañía, cuando en ella surgían grupos de otras nacionalidades. Tras considerarla durante más de un año, la propuesta, que Vicente describió como “la residencia de superior general en Roma tiene muchas dificultades», se abandonó sin ruido. Vicente no dijo lo que implicaban exactamente aquellas «dificultades» tan «serias». Ahora bien, sólo podían envolver la imposibilidad que se advertía de seccionar la Congregación de sus hondas raíces galicanas. No se podía trasladar a Roma el generalato y seguir conservando el favor de la corona, de la Iglesia galicana, de los parlamentos, y del reino mismo.
No sería claro a este punto, en qué medida podría alguna vez llegar a extenderse la Congregación fuera de Francia, pero sí era cierto que su futuro quedaba inexorable y primariamente vinculado a Francia y a la identidad galicana. Vicente de Paúl era consciente de los peligros que representaba el emerger de sentimientos y divisiones nacionalistas dentro de la Compañía. Diversas cláusulas de las Reglas Comunes sugieren medios para impedir que surjan semejantes sentimientos.
La necesidad de los apostolados de la Congregación, su respeto para con el romano pontífice y la autoridad de la Santa Sede, su identidad secular, sus providencias constitucionales, las cuales requerían obediencia sin réplica a las autoridades civiles y religiosas, todo ello la capacitaría para actuar dentro de cualquier otro modus vivendi nacional en la Europa católica, tal era la creencia de Vicente de Paúl. El fundador presumía que las fundaciones y provincias extranjeras podrían mantener de grado una identificación con las formas de vida comunitaria, el ministerio y la piedad, cuales existían en Francia, particularmente en la casa-madre de San Lázaro.
Esta presunción se demostró muy difícil de sostener en el desarrollo de la Congregación, en medio de una realidad dieciochesca muy distinta.
El nuevo siglo fue una era de “nacionalismo dinástico-católico”. Los monarcas católicos de Europa no aceptaban en sus reinos la presencia independiente de ninguna congregación u orden supranacional. Querían aquellos gobernantes para las referidas entidades una identidad, una cultura, un régimen nacionales que prevaleciesen sobre cualesquiera exigencias impuestas por la autoridad eclesiástica supranacional.
En el siglo XVIII, la Congregación experimentó divisiones nacionalistas internas, según se extendía a otros países de la Europa católica. Repugnaba a varias provincias no francesas la autoridad centralizada de los superiores franceses de la Compañía, la eclesiología galicana y cultura corporativa de ésta, así como su identidad de institución nacional francesa. Esto acontecía en una época de resistencia a la dominación francesa por toda la Europa católica.
La provincia romana de los Estados Pontificios fue quien primero cuestionó la posición preponderante de los franceses. Ahora bien, fue a través de la provincia romana, en la primera mitad del siglo XVIII, como las provincias española y portuguesa llegaron a existir. De ahí que el antagonismo romano-francés marcase también la historia pre-revolucionaria de la Congregación en España y Portugal.
E. UDOVIC
CEME