La llegada de las Hijas de la Caridad a España y su contexto histórico (II)

Mitxel OlabuénagaHistoria de las Hijas de la CaridadLeave a Comment

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  1. EL CONTEXTO HISTORICO

En efecto, el final del siglo XVIII representa también, para Europa y para España, el final de la edad moderna y el comienzo de la contemporánea. Como ha dicho Julián Marías, «el último decenio del siglo XVIII y los primeros años del XIX, es decir, el último reinado del «antiguo régimen», es una de esas encru­cijadas en que se decide por mucho tiempo la trayectoria de un pueblo». En esa difícil época de transición se instalan en España las Hijas de la Caridad.

El impacto de la Revolución

Transición que afectó a todos los países europeos. En Francia, como acabamos de ver, tomó caracteres de ruptura histórica por efecto de la gran revolución, que era el cambio abrupto del absolutismo monárquico a los modernos regímenes representa­tivos. En España la transición se inicia suavemente con un cambio de reinado: el de Carlos III, fallecido el 14 de diciembre de 1788, por el de su hijo Carlos IV.

Se ha subrayado mucho la diferencia entre los dos monarcas y los dos reinados. Inicialmente, la diferencia no es tan percep­tible. Los cuatro primeros años de Carlos IV, que corresponden a los de la venida e instalación de las Hermanas, son de conti­nuidad: el nuevo rey conserva los mismos ministros y en parti­cular al Primer Secretario de Estado, Conde de Floridablanca, y sigue la misma política. Es el impacto de la Revolución francesa el que señala una inflexión. Floridablanca, atemorizado por el sesgo que tomaban los acontecimientos de Francia, inicia un claro repliegue: «nosotros no deseamos aquí tantas luces», es su co­mentario ante las alarmantes noticias que le envía de París el embajador Fernán Núñez». La frase revela la quiebra producida por el espectáculo de la revolución en la conciencia de los más conspicuos ilustrados españoles. Esa quiebra obligaría a dejar inconcluso el proceso de reforma emprendido desde comienzos del siglo XVIII por cuatro generaciones sucesivas de españoles: la generación crítica de 1720; la generación erudita de 1736; la generación reformista 1751 y la generación neoclásica de 1766. Fue ésta última generación la que más directamente sufrió el derrumbamiento inducido por la Revolución francesa. A ella pertenecían por su fecha de nacimiento las seis Hermanas es­pañolas. Pero, a pesar de los esfuerzos de los ilustrados, la España que a su llegada a Barcelona encuentran las Hermanas difería poco de la que habían dejado siete años antes y aún de la que las había recibido a su nacimiento a mediados del siglo.

Absolutismo monárquico y regalismo

En lo político, esa España era una monarquía absoluta. El rey ostentaba todos los poderes del Estado. La limitación que teóricamente podían ejercer sobre ellos las Cortes de origen me­dieval era prácticamente nula, como lo evidenció la última de sus convocatorias, realizada en 1789. Las reclamaciones que en ellas efectuaron los procuradores fueron absolutamente irrelevantes. Y es que esos poderes del monarca gozaban de una firme y universal aceptación social. El pueblo español se sentía y era profundamente monárquico y su adhesión al rey estaba fuera de discusión. Los adjetivos que el anónimo autor de la Breve noticia del Instituto de las Hijas de la Caridad de 1782 dedicaba a Carlos III: «nuestro Católico y tan piadoso Monarca, con su celoso Ministerio y Supremo Consejo», eran más que una oportunista captatio benevolentiae; eran la expresión de un ver­dadero y hondo sentimiento.

No obstante lo dicho, el poder real se ejerció en el siglo XVIII y muy particularmente en sus dos últimas décadas de modo muy diferente a como se había ejercido en los dos siglos anteriores. El sistema «polisinodal» de éstos, basado en la distribución de poderes entre los diversos Consejos, fue progresivamente susti­tuido por las Secretarías de estado, que actuaban al modo de los actuales ministerios y que bajo el gobierno de Floridablanca lle­garon a constituir una especie de Consejo de ministros, la Junta Suprema de Estado, creada en 1787. Causa y efecto a la vez de esta organización fue la aparición por primera vez en España de una nueva clase política, integrada por funcionarios de la ad­ministración, abogados o magistrados muchos de ellos, y lla­mados despectivamente «golillas» por sus adversarios, los hom­bres de la antigua aristocracia. Las Secretarías de Estado fueron el cauce de acceso al poder de los ilustrados que dispusieron así del instrumento que necesitaban para imponer sus propósitos reformistas. El régimen resultante es lo que se ha dado en llamar el «despotismo ilustrado» y en lo político, despotismo ministerial. El Primer Secretario de Estado o Secretario de Estado y Asuntos Extranjeros actuaba de hecho como un primer ministro o Presi­dente del Gobierno, especialmente cuando el cargo recaía sobre un hombre de tan decidida visión política como Floridablanca, que lo fue entre 1777 y 1792, es decir, durante los años en que se gestó y realizó la instalación de las Hijas de la Caridad en

España. A él y su equipo de gobierno se refería, pues, el autor del folleto de 1782 al hablar del «celoso Ministerio y Supremo Consejo».

El despotismo ilustrado empleó a fondo y, si cabe, dilató los límites del omnímodo poder real, extendiéndolo a todas las es­feras de la vida social y, muy particularmente, a la esfera reli­giosa, en la que asumió la forma, entonces ampliamente pre­dominante en Europa, de regalismo», es decir, de intervención del estado en los asuntos eclesiásticos. La expulsión de los Je­suitas en 1767 y luego la supresión de la Compañía en 1773 son el caso más patente de esa intromisión. En ambas jugó papel decisivo el Conde de Floridablanca. Pero no fue el único. El regalismo, revestido del mal llamado jansenismo’, ya que de éste no conservaba sino ciertos tics secundarios como el recelo ante la Corte romana, el odio a los jesuitas y la enemiga contra las formas de religiosidad popular, llevaba a las autoridades del Estado a intervenir en los más nimios asuntos de disciplina ecle­siástica, tales como la forma en que los obispos debían visitar sus diócesis, erigir seminarios tridentinos o la admisión y ex­pulsión de candidatos en las órdenes religiosas. Por supuesto, intervendrían más aún en las cosas importantes: al rey le estaba reservada la presentación —casi verdadero nombramiento— de los obispos y titulares de beneficios y la erección de casas reli­giosas, que, invariablemente, necesitaban de licencia real para su fundación. Precisamente la falta de esa licencia impidió que el primer destino de las seis primeras Hijas de la Caridad espa­ñolas fuera la ciudad de Barbastro, como estaba proyectado, e influyó también en que no se consolidara la fundación del Hos­pital de Barcelona.

Otra preocupación de la política regalista era la sumisión de las Órdenes y Congregaciones religiosas españolas a Superiores Generales extranjeros. Esta preocupación era ampliamente com­partida por los Obispos españoles. Numerosas disposiciones le­gales de la época, refrendadas de mejor o peor grado por la Santa Sede, tendían a romper los lazos jerárquicos que unían las co­munidades españoles con sus superiores de más allá de las fronteras. Es un dato a tener en cuenta a la hora de enjuiciar algunos acontecimientos de la historia de las Hijas de la Caridad españolas en estos sus primeros años.

La estructura social: la nobleza

Después del Rey, el estamento nobiliario constituía la segunda instancia de poder. Eran muy numerosos los nobles en la España de fines del XVIII. En 1797 se contaba más de un centenar de grandes de España y 1323 títulos de nobleza. A ellos hay que sumar los nobles de rango inferior, que hacen elevar la cifra total de personas nobles a cerca de los 500.000, un 4 por ciento de la población’. Pero eran aún más importantes por su riqueza que por su número. De los 37 millones de hectáreas del territorio, más de los dos tercios eran de su propiedad. Y eran también importantes por su poder político. A través de su institución señorial, ejercían jurisdicción sobre una parte muy notable de la población: frente a las 11.921 ciudades, villas y lugares de rea­lengo, 8.681 estaban sometidas a señorío nobiliario, que en al­gunos casos era verdadero señorío de horca y cuchillo’. Bien es verdad que no era infrecuente que los nobles emplearan en favor de sus vasallos una parte a veces importante de su riqueza. Un ejemplo de ello fue el legado del Marqués de Llupiá, gracias al cual se establecieron las Hijas de la Caridad en el Hospital de Barcelona. El despotismo ilustrado luchó a lo largo de todo el siglo por disminuir el poder de la nobleza y, sobre todo, por transformar la mentalidad social y cambiar el sistema aristocrático de valores, afirmando el «honor menestral». Ese sentido tiene la Real Cédula del 18 de marzo de 1783 declarando que todos los oficios eran honestos y honrosos. Pero el cambio no era fácil de conseguir. Cuando llegaron las Hermanas, la estructura y la mentalidad social tradicionales eran aún abrumadoramente pre­dominantes.

El estamento eclesiástico

La Iglesia como institución social era el segundo estamento privilegiado. Era una iglesia poderosa y socialmente influyente. Poderosa por sus abundantes recursos materiales. Según el Censo Floridablanca, de 1787, el clero en sentido amplio se componía de 191.101 individuos, lo que representaba el 1,83 por ciento de una población total de 10.409.879 habitantes. Sus propiedades, en cambio, representaban el 14,73 por ciento de la tierra culti­vable, el 8,92 por ciento del ganado y el 13,54 de la producción colmenera. Sus rentas totales equivalían al 15,3 por ciento del producto nacional. Por poner algunos ejemplos, en Cifuentes, un pueblecito de la Alcarria, de 313 vecinos había 23 curas, 38 frailes, 23 dominicos y 30 monjas. En Salamanca, para unos 15.000 habitantes se contaban 25 parroquias, 25 conventos de religiosos y 18 conventos de religiosas. Demasiado clero y de­masiadas propiedades. Bien es verdad que una parte importante de esos abundantes recursos revertían en beneficio de la población a través de numerosas instituciones de beneficencia, cuya más típica representación era la «sopa boba» de muchos conventos. Eso y el secular arraigo de la religión en el alma popular le confería su influencia social que era muy grande en la época de la llegada de las Hermanas. Todavía en 1809, un motín de Cádiz fue apaciguado por la intervención de los eclesiásticos hasta el punto de que a petición popular el cargo de gobernador de la ciudad fue confiado por unos meses al P. Guardián de los Capuchinos. En cuanto a Barcelona, la ciudad donde venían a instalarse las Hermanas, que, según el mismo censo, contaba en 1787 con una población de 92.385 habitantes, tenía 747 ecle­siásticos seculares, 21 Conventos de mujeres con 519 religiosas y 30 conventos de varones con 1165 religiosos, incluyendo entre éstos la «Casa Misión de los Padres del Seminario» (los Paúles), con sus 39 Profesos, 5 Novicios y 1 Donado y excluyendo en todo caso el personal adherido: criados, sacristanes, acólitos, pensionistas… Nótese que entre la multitud de Órdenes reli­giosas no había en España ninguna Congregación femenina de vida activa. Las Hijas de la Caridad serán las primeras en colmar ese vacío. Radica ahí una de las razones de su fulgurante éxito.

El pueblo

El pueblo llano representaba el 94 ó 95 por ciento de la población. Fácilmente se echa de ver que tan amplio sector tenía que abarcar estratos sociales muy diferentes: desde los acauda­lados industriales y comerciantes de las ciudades más avanzadas, Barcelona o Madrid, hasta los humildes jornaleros del campo o los componentes de grupos marginados, pasando por las que con denominación un tanto anacrónica podemos llamar profesiones liberales. Esa masa de la población poseía sin embargo rasgos comunes que la caracterizan con nitidez. Tanto en sus represen-(antes urbanos como en los campesinos era un pueblo, en general, poco ilustrado —el analfabetismo y las supersticiones eran lacras universales—, dócil y resignado —los motines son casi siempre fenómenos inducidos y más de una vez, como el famoso de Esquilache en 1766 o el de Aranjuez en 1808, provocados por las mismas clases dirigentes— apegado a sus tradiciones, alegre y bullanguero, con alegría que se manifestaba en romerías, ferias y carnavales, patriota y profundamente religioso. A la parte más sana de ese pueblo pertenecían las seis primeras aspirantes a Hijas de la Caridad, entre las que encontramos la hija de un cirujano (Sor Teresa Cortés), de un boticario (Sor Antonia Andreu), de un payés (Sor Lucía Reventós), de honrados labradores y me­nestrales.

Pobreza y mendicidad

De lo dicho sobre la distribución de la riqueza se deduce que era también un pueblo pobre. Pobreza que afectaba más o menos a todas las clases populares dada la arcaica estructura económica: «España —se ha escrito— era una nación rural en un 80 por ciento, tanto desde el punto de vista económico como demográ­fico». Según el censo de 1797, se contaban un total de 1.677.172 labradores, de los que 364.514 eran propietarios, 507.423 arren­datarios y 805.235 jornaleros’, lo que hacía directa o indirec­tamente dependiente del campo a la casi totalidad de la población. Ese abrumador predominio del sector primario, unido al arcaísmo de los métodos de cultivo y a la injusta distribución de los im­puestos hace comprensible que los escritores y viajeros de la época describan como miserable la vida de los labriegos españoles en la mayor parte de las provincias’. No podía menos de serlo si se tienen en cuenta, además, la inseguridad de las cosechas, dependientes en exclusiva de los factores meteorológicos y el bajísimo nivel de los salarios agrícolas. En ciertas regiones es­pañolas el salario de un jornalero era de un real medio y de comer en invierno y de cinco reales y de comer en la época de la siega.

Y ello para jornadas laborales que usualmente duraban de sol a sol. En épocas de crisis y mano de obra abundante, los jornales podían bajar hasta límites que no permitirían la más mísera sub­sistencia. En cambio, en períodos de prosperidad, los propietarios se concertaban para poner tasas a la subida de salarios. Cosa parecida podría decirse de los obreros o trabajadores urbanos. Todo ello lleva a la conclusión de que el número de pobres era muy grande, si bien no es fácil de cuantificar. Un tratadista de la época aventura la cifra de dos millones de pobres estrictamente dichos, es decir, personas que no disponían de ningún ingreso regular para subsistir. La Ilustración a través sobre todo de las Sociedades Económicas de Amigos del País trabajó seriamente a lo largo de todo el siglo por sacar a España de la pobreza fomentando una explotación más racional de los recursos natu­rales, alumbrando nuevas fuentes de riqueza, favoreciendo una distribución más justa de la existente, introduciendo nuevos cul­tivos e industrias, difundiendo la educación: en una palabra, impulsando el desarrollo. Los resultados, aunque apreciables, fueron a todas luces insuficientes.

Manifestación flagrante de la pobreza era la mendicidad. Nu­bes de mendigos pululaban por campos y ciudades, excitando la compasión de los transeúntes y, con frecuencia, exigiendo más que pidiendo la limosna, a veces por la violencia. Esa mendi­cidad, en la que era difícil distinguir entre auténtica necesidad y vagancia voluntaria o inclinación natural al vagabundeo constituía una auténtica preocupación para los gobernantes. Fruto de ella fueron los planes destinados en parte a socorrerla y en parte a erradicarla, que fueron abundantes a lo largo del siglo. Me ocu­paré sólo de las ideas y realizaciones de su último decenio y, en particular, de los remedios propugnados por el Conde de Floridablanca y su Gobierno.

El reformismo de Floridablanca

Para Floridablanca, que sigue en esto las ideas de anteriores estudiosos del tema y, en particular, las de Bernardo Ward, había ante todo una preocupación inicial: distinguir a los pobres ver­daderos de los falsos. Estos eran los que no querían trabajar, los vagos de profesión. Para ellos no había más solución que re­ducirlos de grado o por fuerza a integrarse en la población la­boriosa y, en último término, enrolarlos en el ejército. Los pobres verdaderos, incapaces de ganarse el sustento por su edad —ex­pósitos o huérfanos y ancianos—, por enfermedad o incapacidad física debían ser socorridos. Pero ese socorro debía ser organizado conforme a planes racionales. Floridablanca no consideraba la limosna personal e indiscriminada una buena solución. Al con­trario, la veía como fomentadora de la vagancia y la mendicidad. De ahí que se opusiera a las limosnas que el Rey solía repartir al final de sus jornadas de caza entre los enjambres de pordioseros que seguían a la comitiva palaciega hasta conseguir que Carlos III suprimiera esa costumbre.

El pensaba, por el contrario, en un plan de beneficencia de alcance nacional, que canalizara los muchos recursos que en todo el país se dedicaban a la caridad. Reconocía las grandes iniciativas que en este terreno habían impulsado numerosos prelados y ór­denes religiosas, pero sus proyectos eran distintos y se dispuso a ejecutarlos. Un Breve Pontificio le permitió incautarse en favor de la Hacienda pública de las rentas de los beneficios eclesiásticos vacantes que no llevaban aneja cura de almas. Con estos recursos creó el llamado fondo Pío Beneficial, cuyas rentas se emplearían en dotar de instituciones caritativas a todas las provincias. En cada una de éstas se establecería una Junta de Caridad, encargada de velar por la fundación y el buen funcionamiento de tales centros. Surgieron así las Casas de Caridad, que solían reunir en una misma institución el hospital, el asilo de ancianos, el orfanato y la inclusa. Una parte de los ingresos se dedicaría también a la creación de escuelas. El plan de Floridablanca no se aplicó en su totalidad, pero señaló el camino que a partir de entonces iba a seguir la beneficencia en España. Ese camino era el de la relativa secularización y progresiva oficialización de los servicios cari­tativos.

José Mª Román

CEME

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