LOS ACUERDOS DE MAASTRICH

Con ocasión de la firma por parte de España de los Acuerdos de Maastrich, la Conferencia episcopal publicó un importante documento sobre la Valoración ética de la dimen­sión socioeconómica de la Unión europea. Se publicó el 8 de julio de 1993. Pero este documento, como otros muchos de la Conferencia episcopal, tuvo una resonancia mínina, si es que tuvo alguna.

Dada la importancia de conocer el texto, copiamos a continuación el texto de los párrafos más importantes del documento

Inquietudes que suscita este proceso

Las instituciones europeas han establecido un diseño de vida en común y han trazado un itinerario para realizarlo. Si ya en su momento hubo tensiones -hecho nada novedoso en un proyecto de tal naturaleza-, éstas, con el agravamiento de la coyuntura económica europea e internacional, se han agrandado hasta crear, en extendidos sectores de la opinión pública, una atmósfera que va desde la preocupación hasta la desesperanza.

En lo que atañe al modelo elegido, la Europa en construc­ción, ¿es realmente una Europa social o más bien una Europa monetarista cuyo objetivo sería un tipo de mercado libre que asegurara el ulterior enriquecimiento de los ya ricos?. ¿Será cierto que los plazos y objetivos arbitrados para lo monetario y económico no encuentran la debida correspondencia en los ámbitos de la cohesión y del desarrollo del espacio social europeo? ¿No se quedará todo en un mercado abierto a la preponderancia de los más fuertes e incapaces de satisfacer las necesidades y derechos fundamentales de todos los ciuda­danos?

Aplicando los criterios de la enseñanza social de la Iglesia, creemos que la estructura político-social que emerja debería esforzarse en consolidar y acrecentar los valores pro­pios del Estado social de derecho, evitando el peligro de un excesivo intervencionismo asistencial que puede ser germen de una creciente pasividad en los destinatarios. Por el contra­rio, debería potenciarse la participación responsable de los ciudadanos y de los grupos sociales.

En cuanto al proceso económico-político de integración, ha surgido el interrogante de si goza de suficiente base popu­lar. Más en concreto, los ciudadanos se preguntan si poseen información suficiente para corresponsabilizarse en el pro­yecto; si han sido escuchados y predomina o no la voluntad popular en la dirección de los procedimientos de integración europea; si predominan las demandas e intereses de los gran­des grupos económicos sobre las finalidades colectivas y el bien común.

A este propósito hemos de recordar que la deseada base popular de la construcción europea requiere una consciente y eficaz apertura a los valores de la libertad, de la igualdad y de la participación. Tal apertura debe traducirse en estructuras que favorezcan tanto la justicia social como la libre iniciativa voluntariamente asumida.

Respecto al ritmo de la integración hemos de preguntar­nos si debe existir una sola y única política económica impuesta a los países protagonistas. Lo que sí nos parece necesaria es una política de ajuste orientada a la consecución de un mayor bienestar social.

El ritmo y el ajuste programados a fin de lograr la unión económica y monetaria europea pactada entrañan, en la pre­sente coyuntura de recesión económica, especiales dificulta­des para algunos Estados. Ante este hecho, unos pretenden la construcción de una Europa de dos o más velocidades. Otros, para obviarlo, proponen acelerar el camino hacia la unión proyectada. Lo que está en juego es una mayor flexibilidad en el momento de aplicar los criterios de convergencia pac­tados.

En todo caso, cualquier eventual reforma debe basarse no en el abandono de los postulados sociales básicos del Tratado, sino en una solución que logre por caminos distintos, y del mejor modo, los irrenunciables objetivos de justicia y solida­ridad ya prefijados. No nos cansaremos de repetir que tanto el ritmo de este proceso, como el proceso en sí mismo, han de conjugar de modo verdaderamente humano lo ético con lo técnico; y deben manifestar la prioridad de la ética sobre la técnica, de la persona sobre las cosas, del trabajo sobre el capital, del ser sobre el tener.

Para calibrar los costos que el citado desarrollo compor­ta hay que tener en cuenta tanto el proceso europeo en gene­ral como la situación de nuestro país en particular. Nuestra peculiar historia económica, unida al esfuerzo por integrar­nos en Europa en la actual coyuntura recesiva, generan con­secuencias onerosas para los grupos sociales y los sectores productivos.

Los tres millones de parados ya existentes recuerdan que tales repercusiones negativas se concentran particularmente en el ámbito laboral, ya que el desempleo afecta especial­mente a los grupos sociales más desfavorecidos. A ellos per­tenecen un número considerable de jóvenes que dejan la escuela y de trabajadores con bajo nivel de cualificación o de mayor edad. Lo dicho afecta también al crecimiento de la contratación temporal.

También el sector agrícola se ve perjudicado por la dismi­nución de la renta agraria y el abandono obligado del campo sin que por el momento se hayan diseñado alternativas. Dígase lo mismo del área sectorial pesquera, y otro tanto de la pequeña y mediana empresa, agobiadas por las exigencias del sistema fiscal.

Aún cabe añadir los problemas de aquellas regiones que, afectadas por las estructuras productivas y lastradas con importantes déficits de vías de comunicación, corren el riesgo de convertirse en territorios de mayor desempleo y margina­ción. Y, ¿cómo no tener en cuenta las repercusiones tan nega­tivas en las zonas trabajadoras urbanas?.

Llegados a este punto hay que recordar que el sacrificio exigido por la edificación de la unión económica y moneta­ria europea ha de ser proporcionalmente distribuido, sin que sea negociable la satisfacción de las necesidades básicas, principalmente las de los más pobres y débiles. Se tiene, a veces, la impresión de que Europa está olvidando dos dimen­siones de la cohesión: en primer lugar, la solidaridad con los peor situados ; en segundo lugar, la comprensión por los cos­tes del mercado único para las regiones y grupos menos pre­parados. Atender a estas dos dimensiones exige una apertura a los valores de la comunión y de la austeridad.

Una pregunta que nos atañe muy de cerca es si la actitud del ciudadano español en la construcción de Europa es sufi­cientemente activa. Existe una opinión ampliamente extendi­da acerca de la inferioridad de la economía española respec­to a las más avanzadas del resto de Europa en parcelas clave como son la productividad, los costos financieros, la baja tasa de población activa, el excesivo porcentaje de personas des­empleadas, las dificultades existentes para lograr acuerdos entre los agentes económicos y sociales, y de modo particular la insuficiente capacidad para el trabajo bien hecho. A este propósito hay que ponderar la virtud de la laboriosidad que también debe resplandecer en la construcción de la nueva Europa. Dentro de la concepción cristiana el trabajo es un bien del hombre, a la vez arduo, útil y digno. Mediante el tra­bajo, el ser humano no solamente transforma la naturaleza, adaptándola a sus necesidades, sino que se realiza a sí mismo como persona.

Desde el punto de vista de la solidaridad con los demás pueblos de Europa y del mundo entero, cabe preguntarse si caminamos hacia una Europa Central y Oriental e indiferente ante el Tercer Mundo o si, por el contrario, estamos sentando las bases de construcción de una Europa decidida a abrirse a una más amplia comunidad de intereses y responsabilidades.

Está a la vista que Europa es mucho mayor que su área occidental democrática y desarrollada y, a la vez, mucho menor que el resto del mundo. Conscientes de ello, los pue­blos que actualmente formamos la Europa Occidental hemos de abrirnos a la doble exigencia de un bien común integral­mente europeo y planetario.

Si abordamos la cuestión del sentido nos veremos obliga­dos a preguntarnos sobre el tipo de hombre y civilización que predominará en Europa: ¿Un hombre utilitarista y hedonista en el seno de una civilización sin más norte que la eficacia y el consumo, o bien una cultura de la solidaridad al servicio de todo el hombre y de todos los hombres?. Contemplada desde la totalidad del ser humano, la economía plantea inevitable­mente la cuestión de su último sentido. Aquí el Cristianismo tiene también una palabra que decir.

Abierta al sentido ético, la Europa económica y moneta­ria en construcción, lejos de reforzar un modelo de hombre al servicio de la economía, debe imaginar, modelar y constante­mente renovar una economía puesta al servicio del hombre.

Orientaciones para la acción

Ofrecemos a continuación unas orientaciones que inspi­ren nuestro compromiso en la construcción de la nueva Europa. Quisiéramos que se entendieran como llamada a una esperanza de libertad y solidaridad, ya que los procesos histó­ricos no están fatalmente predeterminados.

Tanto en la hipótesis de un futuro socio-económico prós­pero, como en la presente situación recesiva, los Poderes Públicos y las Administraciones deben procurar que el repar­to de las cargas sociales, la distribución de los bienes logrados y su regulación jurídica, se realicen en función no de la mera eficacia del sistema económico, sino desde las necesidades objetivas y de las prestaciones sociales.

Ante el más importante problema de nuestro país, el des­empleo, es necesario y urgente adoptar medidas extraordina­rias. Son insuficientes tanto la espera de una previsible recu­peración económica como la confianza unilateral en las polí­ticas monetarias. Hay que animar a la inversión en sectores productivos favorecer las condiciones que tiendan al reparto del trabajo, cuidar la formación profesional. Hemos de ser conscientes del costo humano y económico que supone el tener tres millones de parados. Se hace patente la necesidad de una austeridad privada y pública complementada con la solidaridad hacia los más empobrecidos.

La actual situación reclama un diálogo honesto y leal para lograr un acuerdo económico y social. Tal acuerdo debe favo­recer la definitiva superación de enfrentamiento clasista, del dirigismo cultural y de la pasividad cívica. Debe ser edifica­do sobre el diálogo, la cesión, la aceptación y la colaboración en pro de una primacía de la creatividad de la sociedad. Ha de estar basado sobre un inteligente y perseverante ejercicio del principio de subsidiaridad por parte de los poderes públicos.

Todavía resuenan las palabras pronunciadas por el Papa en su visita a España y que nos complacemos en reproducir:

A los trabajadores y empresarios -desde sus respectivas responsabilidades en la sociedad- no puedo por menos de exhortarles a la solidaridad efectiva: haced todo lo que esté en vuestras manos para luchar contra la pobreza y el paro, humanizando las relaciones laborales y poniendo siempre a la persona humana, en su dignidad y derechos, por encima de los egoísmos e intereses de grupo.

Los ciudadanos españoles, si realmente queremos un pro­ceso de construcción europea sobre base popular debemos tener conciencia de la dimensión socio-económica europea con sus valores e interrogantes; ser responsablemente exigen­tes ante los poderes económicos y políticos en el ámbito de las Comunidades Autónomas y del Estado; informarnos al res­pecto con amplitud y discernimiento crecientes; y profundizar en los aspectos económicos y sociales propios, al par que corregir los intereses particularistas en el ámbito de los comu­nitarios.

La inferioridad económica de nuestro país con respecto a los más avanzados de la Comunidad Europea no debe hacer­nos olvidar las amplias potencialidades creadoras de todo signo -tecnológicas, asociativas, laborales, formativas- que laten en gran parte de nuestros ciudadanos e instituciones y en las diversas nacionalidades y regiones de España. La ayuda comunitaria, bien recibida y mejor administrada, debe contri­buir a desarrollar dichas potencialidades y hacernos depender cada vez más de nosotros mismos y menos de los exteriores.

El sistema de economía de mercado desarrollado en Europa en la segunda mitad del siglo XX ha superado en buena medida los condicionamientos de un capitalismo salva­je propio de períodos anteriores. Así lo testifican las ricas legislaciones sociales de los diversos países, conseguidas tras largos años de lucha y de diálogo de las fuerzas éticas, políti­cas y sociales que se identifican con el mundo del trabajo. Este proceso puede y debe ser ampliado e intensificado con clara conciencia de que hay que luchar contra el individualis­mo y el economicismo, ambos en resurgimiento. Sin ingenui­dad que encubra los hechos, hemos de negarnos a toda dege­neración de la unión social y económica europea en un mero contractualismo economicista y monetarista con riesgo de favorecer a los más fuertes y despiadados.

El proyecto económico-social europeo ha de instaurar un modelo de sociedad que extienda solidariamente su bienestar hacia el resto de Europa y del mundo. Europa debe ser un pro­yecto que enriquezca nuestra convivencia como sociedad humana. Si alguien tuviera que pagar nuestro progreso, no podríamos menos de preguntarnos por qué es así y de qué tipo de progreso de trata. Se impone un mayor esfuerzo de justicia y de caridad, concretado en personas, capitales y decisiones políticas, que se traduzca en riesgo nacional frente a la segu­ridad estéril, en creatividad frente al conservadurismo.

Hay que volver a hablar de aquel proyectado 0’7% del producto bruto europeo en favor de los países subdesarrolla­dos que constituiría el germen de una mayor cosecha de soli­daridad mundial.

La por todos auspiciada unión de Europa no será jamás fruto del azar, de la generación espontánea, de la marcha de la historia, de la simple convergencia de intereses económicos. Ha de ser, en cambio, la resultante del diálogo honesto, de la negociación y del consenso inteligente y generoso y del deseo explícito de vivir esta unión de manera responsable.

Esta unión solo será duradera y eficaz si se construye sobre la madurez moral. En esta nueva tarea formativa cree­mos que la Iglesia tiene un papel importante que jugar.

Por ello, consciente del lugar que le corresponde en la renovación espiritual y humana en Europa… se pone al servi­cio (de este proyecto)… para contribuir a la consecución de aquellos fines que procuren un auténtico bienestar material, cultural y espiritual de las naciones.

Madrid, 8 de julio de 1993