Doctrina Social de la Iglesia (XIII)

Mitxel OlabuénagaFormación CristianaLeave a Comment

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PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD

Este principio trata de establecer el conveniente equilibrio entre las competencias y actividades de los individuos y agru­paciones y las competencias del Estado.

El liberalismo y el socialismo tienen posturas extremas, a favor del individuo y de las asociaciones privadas, o a favor exclusivamente del Estado. Y de ahí han nacido multitud de problemas y conflictos sociales.

El Papa León XIII ya advirtió que no es justo que el indi­viduo o la familia sean absorbidos por el Estado. Lo justo es dejar a cada uno su facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible sin daño del bien común y sin injuria a nadie (RN.26).

La doctrina socialista, convertida en comunismo, llevó a un sistema extremo en que el individuo es totalmente absor­bido por el Estado. Y Pío XI volvió sobre el principio de sub-sidiaridad con estas palabras: Sigue en pie y firme en la filo­sofía social aquel gravísimo principio inamovible e inmuta­ble, que afirma que como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que pueden realizar ellos con su propio esfuerzo e industria, tampoco es justo quitar a las comunidades menores o inferiores lo que ellas pueden hacer y dárselo a una comunidad mayor (QA.79).

Juan XXIII analiza con más detalle este principio y se fija en aspectos más positivos. Porque Pío XI se refería a la acción del Estado diciendo que conviene que el Estado permita

resolver a las asociaciones inferiores aquellos asuntos de menor importancia… con lo cual se lograría realizar todo aquello que es de su exclusiva competencia, en cuanto que el Estado solo puede realizar, dirigiendo, vigilando, urgiendo y castigando, según el caso requiera y la necesidad exija (QA.80).

Juan XXIII acepta el principio general y dice que como tesis inicial hay que establecer que la economía debe ser obra, ante todo, de la iniciativa privada de los individuos, ya actúen ellos solos ya se asocien entre sí para procurar sus intereses comunes (MM.51).

Pero esto no es obstáculo para que por las razones que ya adujeron nuestros predecesores es necesaria también la pre­sencia activa del poder civil en esta materia para garantizar como es debido una producción creciente que promueva el progreso social que redunde en beneficio de todos (MM.52). Y de forma más concreta dice que el Estado tiene como fun­ción el fomentar, ordenar, suplir y complementar la iniciativa privada (MM.53).

El principio de subsidiaridad permite dos perspectivas: hasta donde puede llegar el Estado sin invadir el terreno de lo privado (que es el aspecto restrictivo) y dónde debe comenzar la acción del Estado (que es el aspecto positivo) o sea, hasta dónde pueden llegar los particulares.

Juan XXIII apoya su criterio en la realidad social. Y constata cómo el progreso científico de la ciencia económica permite al Estado actuar en la reducción de los desniveles regionales y sectoriales, en el control de las fluctuaciones económicas y en la actuación contra el desempleo masivo (MM.54-55).

Pero los términos del equilibrio entre iniciativa privada e intervención del Estado no pueden quedar fijados de una vez para siempre, sino que han de ajustarse a los cambios que el tiempo y las costumbres impongan (MM.56).

Una cosa es clara: es necesario huir de los extremos. La falta total de iniciativa conduce a la tiranía política (MM.57), mientras que la ausencia total de la intervención del Estado desemboca en abuso de los poderosos contra los más debiles (MM.58). Esta doble referencia a los sistemas económicos capitalista y socialista extrañó a muchos que esperaban una condenación de uno u otro sistema. Pero la actitud de Juan XXIII era lógica dada su preocupación de no perderse en dis­cusiones que no iban a conducir a nada práctico. Lo más importante es saber qué se debe hacer; si esto queda claro, las posturas extremas o inaceptables se irán excluyendo automá­ticamente.

Juan Pablo II afirma que cuando la intervención del Estado sea necesaria, debe respetar la subjetividad de la per­sona y no privarla de la iniciativa que corresponde a su dig­nidad. En términos generales, advierte el Papa que es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colec­tivos, como son el ambiente natural y el ambiente humano (CA.40).

Cuando habla más en concreto acerca del papel del Estado en la economía, considera cuatro aspectos:

Aspecto jurídico institucional. La actividad económica no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político (CA.48).

Es claro que la legislación constitucional y ordinaria deben marcar las pautas generales y particulares del ordena­miento económico, de los convenios colectivos, de la organi­zación sindical, del derecho de huelga, etc. Pues el vacío legislativo es una fuente de conflictos.

Aspecto social. La primera incumbencia del Estado es la de garantizar la seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo (CA.48).

Toda la legislación social, aún procediendo del Estado, debe tener como base fundamental unos acuerdos previos con los agentes sociales y económicos de tal manera que las leyes se ajusten al equilibrio entre los elementos interesados direc­tamente.

Aspecto ético. La falta de seguridad, junto con la corrupción de los poderes públicos y la proliferación de fuentes ilícitas de aumento del patrimonio familiar y de los beneficios fáciles basados en actividades ilegales o pura­mente especulativas, es uno de los obstáculos principales para el desarrollo y para el orden económico (CA.48).

El Estado tiene el deber de vigilancia sobre las activida­des de los ciudadanos y las empresas en lo referente a las acti­vidades económicas y cumplimiento de las leyes, y también sobre sus propios órganos de gobierno en lo que se refiere a la administración de los bienes y de la economía general. Es deber del poder público evitar la apropiación indebida o, como se decía antes y es más claro, el robo, tanto en las empresas como en la administración pública.

Aspecto económico. El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que asegu­ren oportunidades de trabajo, estimulándolas donde sean insuficientes o sosteniéndolas en los momentos de crisis (CA.48).

Estos modos de intervención significan que el Estado tiene, sobre todo, una función de suplencia y que, por eso mismo, implica un sentido de temporalidad que solo debe hacerse cuando lo exige el bien común (CA.48).

Anselmo Salamero

La Milagrosa

 

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