1.- El contexto social
Tras la muerte de Franco es proclamado Rey de España Don Juan Carlos de Borbón (22 de noviembre de 1975). La sociedad española presenta en esos momentos varios frentes: los grupos populares demandando amnistía, libertad, autonomía y derechos para las mujeres; el ejército a la expectativa y con su ala derecha con intención de perpetuar un franquismo sin Franco; la Iglesia, tras su ruptura con el régimen en años anteriores, buscando su acomodación a las nuevas circunstancias bajo el influjo del cardenal Tarancón y soportando un duro anticlericalismo de derechas. En realidad la Iglesia había experimentado con anterioridad su propia transición siguiendo las pautas renovadoras del Vaticano II y las orientaciones personales de Pablo VI. Quienes se resistieron al cambio fueron una minoría (media docena de obispos, un reducido sector integrista del clero y núcleos de católicos aferrados a la historia pasada).
De singular importancia es la homilía que pronuncia el mismo cardenal Tarancón en el Eucaristía del mismo 22 de noviembre de 1975. En ella, basado en el magisterio de Pablo VI, del Vaticano II y de los documentos colectivos del episcopado español, recordó a la suprema autoridad del Estado «los principios éticos de un orden nuevo, los valores tradicionales del pueblo español y la voluntad de respeto, y a la vez de independencia, por parte de la Iglesia, con respeto a la nueva etapa política, en la que no pediría privilegios ni legitimaría ninguna opción política, ni permitiría que partido alguno se sirviera de la Iglesia para sus propios intereses».1
El rey mantendrá a Carlos Arias Navarro como Presidente de Gobierno durante un año. En 1976 nombrará a Adolfo Suárez cuyo principal logro (junto a Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino) será la aprobación por parte de las Cortes de la Ley de Reforma Política (1976).
Basados en ella se legalizarán los Partidos Políticos (incluido el PCE) y se convocarán las elecciones de 1977, primeras democráticas desde 1936. En ellas triunfará la Unión de Centro Democrático (coalición de grupos y personalidades de centro derecha configurada por el mismo Suárez de manera muy rápida) aunque sin lograr la mayoría absoluta. Los grandes fracasados son el PCE (20 escaños), la extrema derecha (0) y la Democracia Cristiana (0).
La voz de la Iglesia, en estos momentos, despertaba un cierto interés aunque menos que el que era de esperar. Varios hechos se planteaban como retos a los que hacer frente: la progresiva descristianización de la comunidad española; la disminución de la asistencia a misa, la escasez de lectura de literatura teológica y religiosa; matrimonios civiles; liberalismo en costumbres y espectáculos, disminución del influjo de las familias en los hijos, reducción de la incidencia de los colegios confesionales…
a) Transición a la democracia: los gobiernos de UCD (1977-1982).
Presentado el Gobierno, tres serán los principales problemas: la grave situación económica (Pactos de la Moncloa), las reivindicaciones regionalistas (reconocimiento de las autonomías) y la necesidad de una Carta Magna (Constitución de 1978). El artículo 16 de esta Constitución vela por el respeto de la religión no sólo desde una perspectiva individual sino desde una dimensión social. Se introduce la libertad religiosa y la no confesionalidad del estado. La Constitución de 1978 se apoyaba en un compromiso entre los partidos políticos. Por consiguiente, sus términos en lo referente a la religión y la Iglesia rara vez eran específicos, salvo en la cuestión de la libertad religiosa. La Iglesia recibía el reconocimiento constitucional, la vaga promesa general de una futura cooperación del Estado y el reconocimiento de la legitimidad de su red de colegios. La cuestión de la cuantía del sostén económico de los colegios de la Iglesia permanecía sin resolver. La Constitución tampoco satisfizo las expectativas del clero con respecto a la moral pública.2
La postura de la Iglesia durante la transición adoptó dos formas: evitar que el Gobierno le impusiera un convenio unilateral (como en la República) y participar en el debate y decisión política a fin de obtener acuerdos favorables a sus intereses. En todos los sentidos, el paquete de cinco acuerdos firmados entre Madrid y el Vaticano en 1976 y 1979 constituía un nuevo concordato, aunque ningún partido quería utilizar un término que había dejado de ser del gusto del mundo posterior al Vaticano II.3
En las elecciones generales y municipales de 1979 el triunfo sonrió de nuevo a la UCD aunque con menor holgura que en las anteriores. Junto a evidentes éxitos (configuración del mapa autonómico) varios problemas van saliendo a flote (crisis económica, terrorismo y disensiones internas de UCD) que motivarán la dimisión de Don Adolfo Suárez en 1981.
La propia UCD propone a Don Leopoldo Calvo Sotelo para sustituir a Adolfo Suárez. En la sesión de «confianza» ante las Cortes, se produce el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero. Lograda la confianza de la cámara, sucesivas leyes (LOAPA, Divorcio) o acontecimientos (colza, Almería, OTAN) crearán una progresiva pérdida de diputados del partido gobernante. Ante esta situación, se convocan nuevas elecciones.
b) Consolidación democrática: la Era socialista (1982-1996) y los gobiernos del PP (1996-2000)
El resultado de las elecciones de 1982 significa el triunfo absoluto del PSOE, el afianzamiento de Alianza Popular, la consolidación de CIU y PNV y el hundimiento de UCD y PCE. El triunfo del PSOE, a pesar de la desintegración progresiva de la UCD, cogió por sorpresa a la Iglesia. Lo mismo ocurrirá en las elecciones de 1986 aunque el ingreso en la OTAN representará la pérdida de 20 escaños para el PSOE.
Los años ochenta son de gran actividad legislativa en diversos campos como la educación (LODE y LOGSE), social (aborto), ejército (democratización) y política exterior (ingreso en la CEE, permanencia en la OTAN). Algunas de estas cuestiones (aborto y enseñanza) suscitaron bastantes tensiones con la Iglesia. La Iglesia, no obstante, encontró las mayores dificultades en la actitud que mantuvo el PSOE durante los trece años de su gobierno, pues los socialistas fueron «más triunfalistas que negociadores; más separadores que integradores; más inquisidores que generosos; más aferrados al poder que dispuestos a perderlo en un día y más obligados a reconocer que España es una realidad más extensa y variada que los ocho o diez millones de votos que ese partido había obtenido en estos años».4
Son años de una notable mejoría económica y de un significativo aumento de las prestaciones sociales. Todo ello repercutirá en la imagen del país reflejada tanto en la Exposición Universal de Sevilla como en las Olimpiadas de Barcelona. Sin embargo, en el tránsito de la década, el descontento de los sindicatos con la política económica del gobierno es manifiesto y la ruptura con los partidos políticos más que evidente.
Los años noventa verán aún dos nuevos gobiernos del PSOE (1989 –mayoría absoluta- y 1993 –mayoría relativa-) y otros dos del PP (1996 –mayoría relativa- y 2000- mayoría absoluta-). Los primeros caracterizados por la corrupción (tráfico de influencias, enriquecimiento rápido, corrupción política), la decepción europea (exigencias de Maastrich) y desprestigio del PSOE (fondos reservados, actuación del GAL, escuchas telefónicas, «pelotazos») y los segundos por la llegada al poder del Partido Popular.
El mapa eclesiástico de España a finales del siglo XX es similar a los años anteriores. La diócesis es la base organizativa incrementándose estas de 63 a 67 (Ciudad Real, Jerez, Alcalá y Getafe). Se inicia, por otra parte, la proliferación de diversos cuerpos consultivos que, en ocasiones, serán fuente de abundantes conflictos con las propias autoridades diocesanas. Igualmente se dieron pasos para responder positivamente al nombramiento de obispos nativos de las diócesis (especialmente en lo que respecta a Cataluña y el País Vasco). La CEE adquirirá un rango desconocido hasta el momento convirtiéndose en cuerpo negociador con los sucesivos gobiernos. A su vez, la parroquia (en progresivo ascenso, pasando de 18.869 en 1960 a 22.488 en 1987)5 siguió siendo la unidad local de la organización eclesiástica pese a grupos o movimientos alternativos. Este aumento, no obstante, se verá matizado porque la mitad de ellas (sobre todo en el ámbito rural) estarán sin párroco residente, reflejo de la grave crisis vocacional.
El clero regular experimentó un considerable descenso numérico: 117.556 en 1960 a 90.323 en 19866 incidiendo de la misma manera en el número de sus candidatos mucho más significativo en las órdenes femeninas que en las masculinas (6595 en 1966 a 751 en 1980). Disminuidas algunas de sus actividades preferentes y tradicionales (educación, misiones populares…) parte del clero regular se involucró en los trabajos parroquiales en un marco de colaboración y coordinación con el clero regular. De hecho entre 1971 y 1986 el número de parroquias con personal de órdenes religiosas pasó de 382 a 917 y casi dos tercios de sus sacerdotes realizaban tareas pastorales diocesanas.7 A pesar de todo siguieron con sus funciones tradicionales de educadores y dispensadores de asistencia caritativa. «A finales del decenio de 1980 proporcionaban personal a 1545 hospitales, orfanatos y asilos de ancianos de administración eclesiástica directa y brindaban 20.510 profesores a la red de colegios católicos. Además proporcionaban personal a 127 instituciones médicas públicas regidas por los gobiernos de las comunidades autónomas».8
El nuevo papel del laicado, recomendado por el Vaticano II, será uno de los retos más importantes que afrontará la Iglesia. Su tradicional participación en determinadas esferas no se consolidará en aspectos más trascendentes a pesar de algunos intentos. La Acción Católica quedará supeditada a la acción episcopal a partir de 1966. Una innovación importante fue la creación de los Consejos Diocesanos de laicos, base de un consejo nacional laico. A nivel educativo la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de alumnos) defenderá los intereses de la Iglesia en este ámbito. Junto a ellas, una gran gama de asociaciones piadosas, grupos especializados como los «Boys scouts católicos» y las fundaciones de caridad. Resaltar el resurgir en torno a 1988 de la Acción Católica, bajo la dirección de Eva Gómez Pina. Indicar, por último, la preocupación eclesial de llegar a la gente a través de los medios de comunicación. Tras el abandono de los medios escritos (Ya y otros) en 1988, se centró todo su potencial en la red de emisoras que poseía y que aglutinó en torno a COPE.
La religiosidad popular sufre un profundo cambio más acentuado en el ámbito urbano que en el rural aunque se mantienen determinadas prácticas religiosas (procesiones, devociones…) que apuntan a una religiosidad sociológica. «Entre 1973 y 1990, el porcentaje de españoles que declaraban asistir con regularidad a la misa dominical descendió del 68 al 43 por 100«.9 Ante esta situación fracasan los intentos tradicionales de «evangelización»: misiones populares, ejercicios espirituales, sacramentalización… Aparecen, por el contrario, asociaciones que pretenden profundizar la fe en pequeños grupos aunque desde diversas perspectivas y con diferente aceptación y relación con la CEE: Opus Dei, Cristianos por el Socialismo, Neocatecumenales, Comunidades Cristianas Populares, Teólogos Progresistas…