1.- El contexto político-religioso

1.1. Nueva dinastía e impulsos reformistas (1715-1766)

Tras la Guerra de Sucesión, motivada por la muerte sin descendencia del rey Carlos II, adviene al trono de España el candidato francés, Felipe V, criatura de fácil manejo, muy pagado de la dignidad monárquica y de la majestad.¹ Entre los personajes más influyentes destaca el cardenal D. Luis Manuel de Portocarrero.² La vida política (además del influjo de los confesores reales jesuitas) aparece dirigida, en general, por ministros españoles, entre ellos, José Patiño, José Campillo y el Marqués de la Ensenada (Zenón Somodevilla). «Con una política activa, lógica y bien ordenada… Felipe V señala un momento de resurgir interior y un indudable incremento del prestigio español en el juego del equilibrio europeo«.³ El nombramiento de Secretarios de Estado, el establecimiento de «pósitos» que aliviasen las periódicas hambres, la estabilización de la moneda, la creación de algunas industrias, el restablecimiento de la marina… fueron algunas de las realizaciones del momento.

Respecto a la Iglesia dos van a ser los ejes de su política: reclamar su autoridad sobre todas las instituciones eclesiásticas y recaudar más impuestos de la misma.⁴ Los sucesivos vaivenes en las relaciones Iglesia-Estado aparecen regulados por diversos ajustes o acuerdos. El más importante de ellos será el Concordato de 1737, aunque no tuvo excesivas repercusiones. Según W. Callaham «la Iglesia española del siglo XVIII estaba gobernada, en teoría, por dos principios gemelos: autoridad y jerarquía. Sin embargo, en la práctica, la falta de límites jurisdiccionales claros, la mala distribución de la riqueza eclesiástica y la desigualdad de las delimitaciones territoriales daban lugar a una institución sin una cohesión sólida«.⁵

Hacia 1700 el estamento eclesiástico contaba con una población de 148.409 personas. Cifra notoriamente superior a las 74.153 de 1591⁶ y estabilizada respecto a 1800 (lo cual, dado el aumento de la población durante el s. XVIII, muestra un significativo cambio de rumbo de los tiempos y de las mentes). De ellas pertenecían al clero secular 70.840, 53.098 a los religiosos (aunque habría unos 10.000 con sólo órdenes menores) y 24.471 serían monjas. La tendencia de todos ellos es a instalarse en las ciudades, en tanto que el medio rural carecía frecuentemente de sacerdotes, sobre todo en las comarcas pobres.

La mayoría del clero secular sobrevive en las ciudades gracias a beneficios, dotaciones de benefactores, capellanías en casas de nobles, catedrales y hospitales y estipendios recibidos por celebrar los servicios religiosos. Los beneficios arrastraban a los clérigos a un arribismo indigno que generalmente estaba en conflicto con su carácter sacerdotal y alimentaba las críticas de escritores seglares y eclesiásticos.⁷ No obstante la desigualdad entre el clero secular era manifiesta: una minoría (obispos, canónigos de catedral, cabildos de colegiata y algunos otros) detentaban los beneficios más lucrativos mientras una gran masa de sacerdotes, párrocos, curas y un largo número de clérigos sobrevivían en la escasez más absoluta. «Esta falta de unidad interna explica, según A. Domínguez Ortiz, muchas cosas; entre ellas, la diversidad de actitudes que tomó cuando se produjo la revolución liberal, que halló firmes enemigos en el episcopado y en los conventos, pero bastantes simpatizantes en el bajo clero«.⁸ Y es esta mayoría la que influye más directamente sobre la población. En las villas rurales aisladas los párrocos eran el centro de la vida social y el cura presidía los registros ceremoniales que dejaban constancia de las etapas básicas de la existencia humana. Sobre el clero parroquial recaía la tarea de la enseñanza de las verdades de la religión a una población rural iletrada que tenía poco o ningún contacto con la elite clerical culta de las ciudades; clero rural que se enfrentaba a su labor con una formación pastoral casi siempre inadecuada y en circunstancias económicas claramente peores que las de los obispos y los canónigos.⁹ Los intentos de reforma de Carlos III (1759-1788) fructificaron en la fundación de Seminarios tridentinos¹⁰ (al finalizar el siglo pocas diócesis estaban desprovistos de ellos) con los que se mejoró la instrucción y las costumbres de los aspirantes al sacerdocio aún a costa de acentuar la separación entre el mundo eclesial y el laico, pero fracasaron a la hora de incrementar significativamente el nivel educativo del clero más bajo.

El clero regular, que al igual que el secular prefería la ciudad al campo, mantuvo a la largo del siglo una gran estabilidad. Si el s. XVII fue un período de consolidación y progreso material, en el XVIII no se conoce ninguna nueva fundación y las existentes apenas abrieron nuevas casas, a excepción de los escolapios. Su confortable prosperidad, diversa entre los conventos ricos y pobres, no ocultaba, sin embargo, su inercia, rutina estéril y falta de vitalidad intelectual y espiritual. La decadencia era más evidente en los grandes monasterios dedicados, en principio, a la contemplación y al rezo. Las órdenes no monásticas tenían, teóricamente, unos ministerios más variados (cura de almas, educación, asistencia caritativa) aunque su problemática era similar al clero secular (sólo una minoría de los miembros estaban ocupados por completo en la labor pastoral). Por otra parte una elite de religiosos bien formados se situaba por encima de un nutrido cuerpo de clérigos cuyo nivel intelectual y entrega religiosa dejaba mucho que desear. El Estado ilustrado no veía a las órdenes con simpatía. La objeción fundamental hacia los regulares se debía a la convicción de que no contribuían ni al desarrollo material ni al espiritual del reino¹¹ llegando algunos pensadores preliberales, en la segunda mitad del siglo, hasta cuestionar lo conveniente de su existencia.

Las monjas, siguiendo una larga tradición monástica, tenían papel diferente; la gran mayoría vivía en comunidades contemplativas estando poco extendido el trabajo activo. Por ejemplo, las Hijas de la Caridad, dedicadas a labores hospitalarias y caritativas, tuvieron bastantes dificultades para implantarse en España.

La influencia de la Iglesia sobre la población abarca tanto las fiestas como la vida personal y social, aunque en este siglo XVIII existen signos de falta de afecto en las ciudades. Los medios que emplea para mantener este influjo son los solemnes rituales oficiales, las procesiones, las devociones religiosas, el catecismo y las Misiones Populares. Nada tiene de extraño que, como indica Dominguez Ortiz,¹² los dos tipos eclesiásticos más populares en la España del XVIII fueron el obispo caritativo y el fraile misionero. El movimiento misionero, que había surgido a fines del siglo anterior, alcanzó un éxito extraordinario en la centuria ilustrada. El influjo vino desde el extranjero destacando, según indica Francisco Martín,¹³ las instituciones apostólicas creadas por San Vicente de Paúl, que unían en su actividad la formación de los sacerdotes y las misiones populares.¹⁴

Muere Felipe V el 9 de Julio de 1746. Su hijo Fernando VI no era un hombre de gran talento ni tampoco de grandes iniciativas pero supo ser inteligente para escoger a sus colaboradores. Su política, que fue la de sus ministros (Marqués de la Ensenada y José de Carvajal) y la del confesor real (P. Francisco Rávago), tendió al equilibrio en las aspiraciones de Francia e Inglaterra respecto a las Indias, a lograr un tratado con Portugal y otras potencias, a establecer criterios firmes con la Santa Sede… A nivel interior se realizaron abundantes mejoras: caminos, carreteras, canales, protección a los productos coloniales, bases del catastro, aumento de la hacienda…

Aumenta notoriamente durante su reinado el interés del Estado en lo referente a la Iglesia, no tanto en lo relativo a su bienestar ni por sus miembros sino por su poder, independencia y riqueza. El Concordato de 1753 que confería a la Corona el patronazgo casi universal sobre los beneficios eclesiásticos mas importantes supone uno de los puntos claves en la política de control sobre la Iglesia. Por otra parte esta política contenía una serie de advertencias a los jesuitas: reacciones ante los acontecimientos que siguieron al tratado de Madrid (acusación a la Compañía de estar detrás de los motines), introducción de la causa de Juan Palafox (obispo de Puebla de los Ángeles y de Osma, conocido por sus ásperas polémicas con los jesuitas), rehabilitación del cardenal agustino Enrico Noris (algunas de cuyas obras son incluidas en el Índice del Santo Oficio de 1747 a instancias de los Jesuitas), rechazo del Breve Pontificio por el que se condena el «catecismo» de Mesenguy (en el que se ataca a los jesuitas y fuertemente combatido por éstos), dificultades a la expansión del culto al Sagrado Corazón de Jesús (devoción identificada con el apostolado jesuítico) …¹⁵

Fernando VI falleció en 1759. Le sucede su hermanastro Carlos, rey de Nápoles. Muy religioso, más bien beato, su religiosidad se irá orientando en sentido antijesuítico. Pero en general es un rey cumplidor y, dentro de determinadas coordenadas, honesto y leal con sus propios ministros.¹⁶

1.2. Antecedentes de la larga crisis del Régimen (1766-1808)

La consecuencia inmediata del «motín de Esquilache» en 1766 (además de la expulsión de los jesuitas)¹⁷ fue el nuevo ímpetu dado a las reformas (económicas, higiénicas, sociales y agrarias) por el equipo dirigente de Pedro Aranda, Pedro Campomanes y Pablo Olavide. Al margen de algunas diferencias «todos están convencidos de que la batalla a librar tiene que centrarse en la aceptación del poder soberano y absoluto del monarca, poder irreconciliable con injerencias pontificias en las competencias temporales, en la mayor parte de las mixtas y en buen sector de las espirituales indirectamente relacionadas con aquellas«.¹⁸ El Gobierno ilustrado de Carlos III no tenía ninguna simpatía por el clero regular, mirado como improductivo entre otras cosas, hasta el punto de poderse hablar con toda exactitud de un anticlericalismo ambiental.¹⁹ En el seno de la Iglesia se fue desarrollando también, de la mano del regalismo, un movimiento de reforma cuyo objetivo era luchar contra la ignorancia y desterrar la superstición.²⁰ Este movimiento, que era antipopular, también fue antipapal siendo apoyado por el gobierno de Carlos III y llevará al decreto de 1761 por el que a partir de aquel momento sería necesario el permiso real -«Exequatur»- para todos los documentos papales antes de ser publicados en España. El Rey morirá el 14 de diciembre de 1788.

Los primeros meses del reinado de Carlos IV son una continuación de la política anterior. La situación vino a complicarla la Revolución francesa ante la que José Moñino (Marqués de Floridablanca) adoptó una postura de cerrazón ideológica reflejada en todo tipo de medidas para impedir que su influjo penetrase en España. En Febrero de 1792 será sustituido por Pedro Aranda más en sintonía con los constitucionales franceses y partidario de una neutralidad armada que se rompe en Noviembre cuando accede al poder Manuel Godoy.

La política de control respecto a la Iglesia y de oposición a la jurisdicción papal culminó con la Orden de que los litigios matrimoniales se resolvieran en España en lugar de ir a Roma y con el Decreto de 19 de Septiembre de 1798 por el que se ordenaba la venta de las propiedades de las instituciones de caridad, hospitales, orfanatos y ciertas fundaciones piadosas en subasta pública. Esta normativa, que afecta únicamente a la Iglesia, dice mucho sobre la escasa capacidad de reacción de ésta (aunque bien es cierto que no atacó a las fuerzas principales amortizadoras) y sobre el cambio mental que se había producido.

La inflación, por otra parte, del período 1790-1808 deterioró la situación del clero parroquial; sin embargo, la elite eclesiástica y el clero regular sobrevivían no sólo con una riqueza en su mayor parte intacta sino, en muchos casos, aumentada merced no tanto a las donaciones (ya entonces escasas) sino a las inversiones procedentes de los excedentes de las rentas. A estos inmensos bienes y a estas cuantiosas rentas, tan desigualmente repartidas,²¹ volverán la vista quienes busquen remedio a la profunda crisis económica y social de comienzos del siglo XIX.

Socialmente las relaciones se caracterizan por un progresivo distanciamiento entre unas estructuras eclesiales muy arcaicas, que se resistían al cambio, y unas condiciones sociales que evolucionaron, primero lentamente y luego con mayor rapidez, de tal manera que en 1800 ni el ambiente espiritual ni las condiciones materiales eran comparables a las vigentes en 1700.²²

A pesar de todos estos detalles, en conjunto, «el pueblo español seguía siendo religioso, seguía teniendo una gran consideración hacia la Iglesia, no sólo como institución divina, sino como elemento de orden social. Pero es evidente que la Iglesia española abordaba el temporal revolucionario en condiciones muy precarias: sin unidad interna, sin el prestigio intangible de otras tiempos, sin un soporte bastante sólido en las masas populares, que pocos años después, en muchos lugares, en regiones enteras, contemplarán sin reaccionar el desmantelamiento del andamiaje temporal de aquella institución milenaria«.²³

A partir de 1801 la política napoleónica dictará las líneas de actuación. Carlos IV abdicará en su hijo Fernando el 19 de Marzo de 1808.

1.3. Guerra, Revolución y Reacción (1808-1823)

A su advenimiento, Fernando, destituye a los colaboradores de su padre y rehabilita a quienes habían sufrido las iras de Manuel Godoy, como Melchor Jovellanos, Luis Urquijo, Francisco Cabarrús… Presionado por Napoleón renunciará al trono provocando la sublevación popular de Mayo de 1808 y posterior guerra. La participación del clero en el levantamiento fue una de las peculiaridades mas acusadas de esta guerra; y no sólo del clero bajo aunque ésto no implica la existencia de obispos que colaboraron con el rey José y otros que le mostraron una adhesión explícita (Amat, De la Cuerda, Blanco, Trevilla, Moscoso, Arce…).²⁴ Esta participación hizo que sus efectivos y recursos experimentasen una clara disminución.

Con la llegada del Emperador a Madrid (8 noviembre) se firman una serie de decretos en Chamartín el 4 de diciembre. Por lo que atañe a la Iglesia, además de la supresión del Santo Oficio, son reducidos los conventos a un tercio (los exclaustrados gozarían de una pensión entre 3000 y 4000 reales), confiscados sus bienes y prohibido admitir novicios hasta que el número de religiosos hubiera descendido igualmente a un tercio del existente. Los bienes de los conventos suprimidos se destinarían, en parte, a mejorar la congrua de los curas, y el resto quedaría incorporado al Estado para pago de la deuda o de las indemnizaciones a los pueblos por la guerra. Dadas las circunstancias estas innovaciones religiosas parecen bastante moderadas aunque «la crudeza de la guerra se adelantó muchas veces a la aplicación de los decretos. Los incendios y saqueos de edificios religiosos, especialmente de conventos, fueron frecuentisimos durante la ocupación francesa; así como su inmediata transformación en hospitales o cuarteles«.²⁵

José I, que cuenta entre sus ministros y consejeros a representantes del ala más radical del regalismo español, llevará a cabo una política eclesiástica basada en una teología de tendencias regalistas, conciliaristas y episcopalianas, alimentadas en fuentes galicanas y jansenistas. La línea general de su actuación tiende al acuerdo con la jerarquía eclesiástica apoyando al clero secular, especialmente al parroquial (Decreto del 6 de julio de 1809 por el que se fija una congrua mínima de 400 ducados anuales), y mostrándose abiertamente hostil hacia el clero regular²⁶ a quien acabará suprimiendo por Decreto del 18 de agosto de 1809.

En tanto, se reúnen, en parlamento unitario, las Cortes en Cádiz (1810). Su principal tarea será la elaboración de la Constitución.²⁷ Además sacarán adelante una serie de reformas y, entre otras, la Ley de Señoríos por la que desaparecían los vínculos entre señores y vasallos. Todas ellas afectarán también a la Iglesia cuyas exenciones, privilegios y grandes propiedades amortizadas no podían encajar en el nuevo sistema constitucional. A pesar de que resultan mínimas y timidisimas comparadas con las de la asamblea constituyente en Francia en 1790 o con las que por aquellos días hacían Napoleón o los afrancesados, no fueron aceptadas por la mayoría de religiosos; con ello comenzaba el largo conflicto entre el liberalismo y la Iglesia que caracterizará toda la historia del siglo XIX español.²⁸

Por otra parte, todo este reformismo religioso emprendido por las Cortes de Cádiz, va a desarrollarse en medio de un fuerte clima anticlerical creado por los periodistas liberales. El decreto de 10 de noviembre de 1810, que permitía escribir sobre materias políticas sin censura previa y sobre materias de religión con la de los ordinarios eclesiásticos, fue la válvula de escape de muchas de sus plumas que encontraron en los pequeños panfletos o en los artículos periodísticos la forma de atacar a la Iglesia en sus costumbres, personas e instituciones. El impacto que produjeron en el pueblo fue importante constituyendo uno de los pilares del anticlericalismo español y ante el que los eclesiásticos quedaron desconcertados y sin armas adecuadas para combatirlo.

«Visto el conjunto de la legislación eclesiástica²⁹ elaborada a lo largo de los años 1810-1813, afirma M. Revuelta, observamos que en ella se da una síntesis de tendencias opuestas. Sobre la base de una religión tradicional venerada en toda su pureza y con el pretexto de protegerla, los innovadores han logrado implantar la táctica regalista de prevalencia estatal sobre la Iglesia. El resultado final fue una reforma a medio camino, que pareció corta a los innovadores y abusiva a los tradicionales. Después de tantas discusiones y polémicas y aun concediendo que se dieron abusos en la forma de elaborarse, aquella reforma eclesiástica no pasó de moderada. Se habían tocado solamente aspectos marginales de la disciplina que podrían haber sido fácilmente subsanables por la autoridad eclesiástica…; otra cosa es el significado teórico que adquiría el nuevo planteamiento de asuntos eclesiásticos… Más que por las reformas efectivas, las Cortes constituyentes tuvieron decisiva importancia por el hecho de transferir al dominio de la discusión pública los espinosos y candentes temas de la reforma de la Iglesia«.³⁰

En las circunstancias bélicas en que se vio inmerso el país es difícil precisar el influjo de la guerra sobre la práctica religiosa. Parece claro que la ausencia de obispos de sus diócesis, la precariedad en que vivió el clero secular (aunque la mayoría permaneció en sus parroquias) y la supresión de los regulares repercutiría negativamente en el cuidado pastoral de las gentes. A comienzos de siglo la demografía eclesiástica se acerca a las 200.000 almas, distribuidas así: clero secular 85.000, religiosos 70.000 y monjas 30.000.³¹

A la vuelta de Fernando VII (1814) existían 21 sedes vacantes, multitud de parroquias sin pastor y numerosas prebendas y cargos eclesiásticos en descubierto pues quienes habían sido nombrados por José I habían tenido que abandonarlas. Entre 1814 y 1820 nombró a sesenta obispos convirtiendo a la jerarquía en un interesado protector de su poder personal.³² Los religiosos eran los que más habían sufrido. Suprimidos por los franceses y repuestos solo a medias por los liberales, eran pocos los que habían logrado restablecer la vida religiosa en conventos medio arruinados. La restauración de la Iglesia de España, a diferencia de otros países de Europa, consistió, fundamentalmente, en derogar todas los innovaciones y reponer el estado eclesiástico a la situación en que se hallaba antes de la guerra: se permitió a las órdenes religiosas recuperar conventos y monasterios (20 mayo de 1814), restauración de la Inquisición (21 julio 1814), restablecimiento de la Compañía de Jesús (29 mayo de 1815 y 3 mayo de 1816), persecución de sociedades secretas y, sobre todo, de los escritos contrarios a la religión «por el desenfreno de escribir, autorizado por la libertad de imprenta» (edicto de 22 julio de 1815).³³ La religiosidad tradicional recobró el ritmo anterior aunque las autoridades civiles y religiosas lamentaban una corrupción casi general de costumbres.³⁴

Por otra parte, los problemas económicos de la Iglesia se agravaron ante las demandas de la Hacienda Real que acudió a las rentas eclesiásticas como en períodos anteriores.³⁵ Todo ello influyó negativamente en la función social, especialmente la caritativa, que la Iglesia venía desempeñando.

Tras el «pronunciamiento» de Riego (1820), Fernando VII acepta la Constitución y comienza el trienio liberal controlado en principio por los moderados. Sucesivas leyes afectarán notoriamente a la Iglesia, especialmente a los regulares: desamortización de los bienes de los conventos (9 agosto de 1820), supresión de los Jesuitas (15 agosto de 1820), disolución y reforma de las órdenes religiosas (1 octubre de 1820), prohibición de ordenaciones sacerdotales (26 abril de 1822)… El segundo gabinete, más exaltado, aumentó sus rigores contra los eclesiásticos desafectos.

La prensa, mientras tanto, amparada en la libertad de imprenta y en la supresión de la Inquisición (9 marzo de 1920) comienza una fuerte propaganda anticlerical ante la que los eclesiásticos conservadores no supieron contrarrestar con un lenguaje adecuado. Únicamente en el ámbito rural van a mantener su influjo merced a los mecanismos tradicionales de los sermones, predicaciones y actitudes.

Aunque en general la Iglesia acataba la Constitución, la serie de leyes emanadas desde el gobierno provocó el apoyo progresivo de clérigos conservadores y de miembros del clero regular (mucho más afectados por las reformas e intervenciones de los gobiernos) a las revueltas antigubernamentales y favorables a la vuelta a la monarquía absoluta, lo cual trajo consigo una espiral de represión violenta, aunque no masiva, especialmente en Cataluña.

Estas discrepancias y divisiones del clero (junto con las campañas y ataques de determinados escritores) produjeron en el pueblo una enorme confusión y al decaimiento del prestigio y popularidad de la Iglesia, de tal manera que cada partido podía encontrar razones religiosas y corifeos eclesiásticos que favorecieran su propio partido. El balance es desolador: quince sedes vacantes por defunción, once obispos exiliados o huidos, seis diócesis en cisma, numerosos sacerdotes deportados, presos o proscritos y un obispo y varios sacerdotes asesinados.³⁶

1.4. La «Década Ominosa» (1823-1833)

Tras la intervención de los «Cien mil hijos de San Luis» (restablecimiento del absolutismo) y los intentos liberales de invasión, comienzan los problemas sucesorios que estallarán a la muerte de Fernando VII (1ª Guerra Carlista). Ante ella el clero secular acatará mayoritariamente el poder establecido mientras que el regular será más proclive a don Carlos.

Aunque la «reacción» de 1823 es mucho más intransigente que la de 1814 persiste el espíritu regalista de la anterior centuria. Así, entre las medidas tomadas, encontramos: el restablecimiento del diezmo entero (6-6-1823), la anulación de todas las disposiciones de los liberales contra los regulares (11-6-1823), la implantación del método tradicional en la petición de gracias y dispensas a Roma (30-6-1823), la devolución a los religiosos de sus bienes (12-8-1823) y a la Iglesia de los bienes de capellanías y cofradías (2-9-1823), presiones para la admisión de los secularizados, intervencionismo en el nombramiento de Superiores Generales de las órdenes religiosas y en la acción pastoral de la Iglesia (sobre todo en las pastorales de los obispos), interés en que se realicen misiones con fines políticos o para corregir determinados pecados…

La actuación de los Obispos ante la propaganda de libros inmorales y la «corrupción de las costumbres» adquiere, por vez primera, unos tintes más pastorales que coactivos. P.e. las Misiones Populares, que en 1823 y 1824 habían sido promovidas por el Gobierno con el encargo de afianzar la fidelidad al rey, acaban centrándose en su objetivo de lograr la conversión de los pecadores y la renovación de la vida cristiana,³⁷ aunque parece no sean ya instrumentos eficaces de evangelización popular, reduciéndose a meros ejercicios formales.³⁸ «Al final del reinado de Fernando VII, la Iglesia aparece anquilosada y envejecida. No ha logrado empalmar dinámicamente con la pujante tradición religiosa del pasado ni ha conseguido encontrar respuestas adecuadas a los retos y exigencias de los nuevos tiempos«.³⁹

La vida religiosa del país es descrita por el nuncio Tiberi con precisa concisión: «La masa del pueblo conserva la religión. Muchos nobles no la han olvidado. Los religiosos muestran un espíritu excelente, el conjunto de los obispos es respetable por todos los títulos, pero en el clero bajo y en los curas rurales hay mucha ignorancia. Muchos causan escándalo por su conducta o por su embriaguez. Antes, las prebendas eclesiásticas se otorgaban al mérito y a la virtud, pero ahora prevalece la intriga de los canónigos. Entre los monjes y frailes hay personas dignisimas, pero no faltan ambiciosos, intrigantes, excitadores de discordias y propensos a recurrir al Consejo de Castilla. Los que abandonaron el hábito religioso son malos en su mayor parte y llevan una vida indecente; lo peor es que éstos hallan protección y los obispos sufren y callan«.⁴⁰

1. GIL NOVALES, A.: «Centralismo, Ilustración y Agonía del Antiguo Régimen. Política y Sociedad» en «Historia de España» (Dir. por M. Tuñón de Lara) VII, p.178.
2. Influyó ya en la voluntad de Carlos II al dejar a don Felipe, nieto de Luis XIV, como heredero. A este Cardenal dedica Fr. Juan del Santisimo Sacramento su «Vida del Venerable siervo de Dios Vicente de Paúl» (1701): «El amor que Vuestra Eminencia muestra tener a la Congregación de la Misión, de quien tan preciosos frutos recoge la Iglesia, pide como deuda el que la Vida de su Fundador, el venerable siervo de Dios Vicente de Paúl, que sale a la luz pública en nuestro idioma, busque su mayor fortuna en la soberana sombra de Vuestra Eminencia y se honre con el dichoso y alto patrocinio de su glorioso nombre…». Fue uno de Cardenales que escribieron al Papa pidiendo la beatificación de san Vicente, como consta en la circular del Sr. Watel del 9 de febrero de 1708. Puede considerarse como el principal «protector» de la llegada de la Congregación a España.
3. COMELLAS, J.L.: «Hª de España Moderna y Contemporánea» p.312.
4. LYNCH, J.: «Historia de España» (Dir. por J. Lynch) XII, p.99.
5. CALLAHAN, W.: «Iglesia, poder y sociedad en España 1750-1874» p.17.
6. DOMINGUEZ ORTIZ, A.: «Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII» en «Historia de la Iglesia en España» (Dir. por R. García Villoslada) IV, p.17.
7. CALLAHAN, W.: o.c. p.18.
8. DOMINGUEZ ORTIZ, A.: «Aspectos sociales…» o.c. p.61.
9. CALLAHAN, W.: o.c. p.24.
10. GARCIA VILLOSLADA, R. (Dir): «Historia de la Iglesia» V, p.557. Real Cédula de 1767 sobre «Erección de seminarios conciliares para la educación del clero». A partir de Trento, «Pro Seminariis» -15 Julio 1563-, se dan normas y criterios de selección de candidatos al clero secular; desde entonces se crean en España cuarenta y seis (dieciocho en el siglo XVIII y once de ellos entre 1759 y 1788).
11. CALLAHAN, W.: o.c. p.34.
12. DOMINGUEZ ORTIZ, A.: «La Sociedad española en el siglo XVIII» pp. 134-136.
13. MARTIN, F. – MARTIN, J.: «Los Seminarios españoles en la época de la Ilustración» pp. 53-55.
14. OLABUENAGA, M.: «Misiones Populares de la C.M. en España (1704-1975). Contribución a la Historia social y religiosa de España». 1997. Tesis doctoral no publicada.
15. LYNCH, J.: o.c. XII, p.170; MESTRE, A.: «Religión y cultura en el s. XVIII español» en «Historia de la Iglesia en España»(Dir. por R. García Villoslada), o.c., IV, pp. 652-664.
16. GIL NOVALES, A.: «Centralismo, Ilustración…» o.c., VII, p.215.
17. Vide la «Pragmática» en «Historia de la Iglesia en España»(Dir. por R. García Villoslada) IV, Apéndice V, pp.813-816.
18. EGIDO, T.: «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII» en «Historia de la Iglesia en España»(Dir. por R. García Villoslada) IV, p.190.
19. OLAECHEA, R.: citado por T.Egido en «Historia de la Iglesia en España» (Dir. por R. García Villoslada) IV, p.776.
20. LYNCH, J.: o.c. XII, p.248.
21. CALLAHAN, W.: o.c. p.87.
22. DOMINGUEZ ORTIZ, A.: en «Aspectos sociales…» o.c. pp. 66-70 señala dos signos de este anquilosamiento eclesial: la actitud ante el teatro, bailes, óperas y comedias; y la ofensiva contra las nuevas doctrinas económicas. Sobre las relaciones entre Iglesia y teatro en el siglo XVIII puede verse las páginas 345-350 del artículo de HORNEDA, R.: «Teatro e Iglesia en los siglos XVII y XVIII» en «Historia de la Iglesia en España» (Dir. por R. García Villoslada) IV.
23. DOMINGUEZ ORTIZ, A.: id., p.72.
24. REVUELTA, M.: «La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) en «Historia de la Iglesia en España» (Dir. por R. García Villoslada) V, p.8.
25. Id.: p.17.
26. En 1809 (11 Febrero y 18 Agosto) suprimió las órdenes monásticas, redujo el personal eclesiástico (despidos de novicios, prohibición de entrada y de conferir órdenes…), suprimió los regulares y órdenes militares (salvo Toisón y Orden Real de España), hermandades y terceras órdenes. Todos sus bienes quedaban aplicados a la Nación.
27. GIL NOVALES, A.: «Centralismo, Ilustración…» o.c., VII, p.279.
28. CALLAHAN, W.: o.c. p.77.
29. Reconocimiento incuestionable de la religión católica en la Constitución (24 septiembre de 1810 y 2 septiembre de 1811);sucesivos decretos solicitando apoyo moral y ayuda económica de la Iglesia (6 noviembre de 1809, 10 enero y 1 diciembre de 1810, 20 abril y 4 agosto de 1811), supresión del Santo Oficio (22 febrero de 1813),restablecimiento de las órdenes religiosas controlando el número de conventos y procurando su reforma (17 junio y 25 de Agosto de 1812, dictamen del 21 de enero de 1813), tímida desamortización eclesiástica (Decreto de 13 septiembre de 1813 sobre la clasificación de la deuda nacional), proyecto de un concilio nacional a tenor de las peticiones de los obispos, la decadencia de la disciplina, la corrupción del clero y del pueblo y las falsas ideas sembradas por los enemigos de la piedad, la libertad y el orden público (informe de la comisión nombrada «ad hoc» del 22 agosto de 1811).
30. REVUELTA, M.: «La Iglesia española…» o.c. pp.41 y 58.
31. SANZ DE DIEGO, R.:»La Iglesia española ante el reto de la industrialización» en «Historia de la Iglesia en España» (Dir. por R. García Villoslada» V, p.587
32. CALLAHAN, W.: o.c. p.114.
33. REVUELTA, M.:»La Iglesia española…» o.c. p.71; CALLAHAN, W.: o.c. p.111.
34. REVUELTA, M.: o.c. p.78. El Rey (1814 y 1815), mediante sendas Reales Ordenes, indica a los obispos los remedios: predicación tres veces por semana para los párrocos, pastorales de los obispos y organización de campañas misioneras en todos los pueblos de sus diócesis, incluso a la Corte.
35. CALLAHAN, W.: o.c. p.115. En 1815 se apropió de las rentas de los beneficios de los clérigos ausentes; en 1817 impuso una contribución especial de treinta millones de reales sobre el clero secular y regular a pagar en un plazo de seis años …
36. REVUELTA, M.: «La iglesia española…» o.c. p.93.
37. Id.p.108.
38. CALLAHAN, W.: o.c. p.142.
39. REVUELTA, M.: «La iglesia española…» o.c. p.111.
40. Id. p.113.