El nuevo Código del Derecho Canónico y las Nuevas Constituciones de las Hijas de la Caridad. (Parte primera)

Francisco Javier Fernández ChentoHijas de la CaridadLeave a Comment

CRÉDITOS
Autor: Miguel Pérez Flores, C.M. · Año publicación original: 1983 · Fuente: Vincentiana.

Algunas cuestiones comunes; algunas correlaciones generales


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Estas páginas son parte de un estudio más amplio sobre el tema indicado por el título. Aquí, como se señala en el sub­título, se trata tan sólo de algunos aspectos comunes y generales entre el Código y las Constituciones.

I. – Datos y cuestiones comunes al nuevo Código y a las Constituciones de las Hijas de la Caridad

1. – El «tiempo» de la Iglesia.

El 25 de enero de 1983, el Papa Juan Pablo II ha dado a conocer oficialmente la existencia del nuevo Código del Derecho canónico, es decir, lo ha promulgado. La entrada en vigor de las nuevas leyes de la Iglesia está fijada para el 28 de noviem­bre del mismo año. Da, por tanto, al nuevo Código casi nueve meses de «vacación». Se ha tardado 17 años en hacerlo, a pesar de que Pablo VI dio la consigna de llevar a cabo la nueva codificación «pronto y con diligencia «.

Por qué se ha tardado tanto? — Una respuesta inmediata y fácil podría ser ésta: Porque se ha consultado a muchos: 93 Cardenales; 185 consultores, entre los cuales 62 Obispos, 64 sacerdotes diocesanos, 45 religiosos, 14 laicos, amén de los or­ganismos colegiales: conferencias episcopales, universidades, con­gregaciones romanas, etc. Sólo la Comisión ha empleado glo­balmente 6375 horas de trabajo. Han sido muchos los documentos estudiados, muchas las opiniones contrastadas, muchas las expe­riencias ponderadas. Pronto se vio que si era necesario responder a las nuevas exigencias de la Iglesia, permanecer fieles a la tradición y realizar un trabajo duradero, se requería una nueva codificación y no una revisión como había anunciado Juan XXIII el 25 de enero de 1959.

El nuevo Código debía dar respuesta adecuada a las nuevas necesidades y ser fruto del espíritu del Concilio Vaticano II. Debía, además, abrirse a los nuevos horizontes ya proyectados en los documentos conciliares.

El paso de cierto tiempo era también necesario para refle­xionar y asimilar nuevas actitudes mentales. Todos teníamos necesidad de ello, pero quizás más los canonistas. Pablo VI les dijo: «estáis obligados a buscar más profundamente en la Sa­grada Escritura y en la teología las razones de la propia doctrina «. Este aviso ha conmovido al canonista de su habitual actitud que le llevaba a basarse en la secular e indiscutible tradición. Las leyes de la Iglesia deben ser expresión de la teología actual y responder a las demandas pastorales de hoy y del futuro pre­visible. La nueva codificación debía tener en cuenta el «tiem­po » de la Iglesia.

2. – La novedad del nuevo Código

Calificamos al Código como nuevo. ¿Por qué nuevo? —. La respuesta más obvia sería: porque es el de ahora, el que sus­tituye al anterior, al viejo, promulgado por Benedicto XV en 1917 y que ha tenido, por tanto, 66 años de vida o 65, si se cuenta a partir de su entrada en vigor el día de Pentecostés de 1918.

Es nuevo, además, por otras razones. Si la lectura del nuevo Código nos hace ver que buena parte de los cánones ya estaban incorporados en el viejo, sin embargo, la nueva codificación se ha realizado desde presupuestos nuevos y con nuevos criterios. No podía ser de otra manera sin cometer un grave fallo de inactualidad. Son evidentes los cambios habidos en la Iglesia, tanto en el campo de la teología, como en el de la moral y en el de la pastoral. No menos evidentes son los cambios habidos en la sociedad civil y en el comportamiento de las personas. El ordenamiento jurídico o sintoniza con esos cambios o servirá para muy poco. La Iglesia ha querido mostrarse al mundo con un nuevo rostro. Su propio ordenamiento jurídico contribuye a ello, como las leyes de cualquier sociedad nos indican en gran medida lo que dicha sociedad es y lo que pretende. Santo Tomás de Aquino tiene un pensamiento interesante en este sentido. Dice el santo: «Las leyes (canónicas) de la Iglesia no son otra cosa que la cara externa de su ley interna, que es la gracia del Espíritu Santo » (3). Es claro que las leyes canónicas no pueden ser fruto arbitrario, ni consecuencia sólo del desarrollo social de la co­munidad eclesial a través del tiempo y en contacto con las otras sociedades civiles y diversas culturas. Debe ser, como el mismo santo Tomás afirma: «instrumento que nos dispone a una mejor observancia de la ley del Espíritu y su más visible concretización».

Lo mismo ha dicho Juan Pablo II cuando muestra el deseo de que el nuevo Código sea «un medio eficaz para que la Iglesia pro­grese según el espíritu del Vaticano II».

3. – Fidelidad al Concilio

Los criterios seguidos en la nueva codificación son distintos a los seguidos en otras compilaciones canónicas y más en concreto con los seguidos en la realización del Código de 1917. Com­parar unos criterios con otros me llevaría demasiado espacio. Me limito a enumerar algunos, los más fundamentales, y que todos consideran como más novedosos.

  • Fidelidad al Concilio Vaticano II. Es el criterio general, la preocupación fundamental. El mismo Papa insiste en ello, incluso como objetivo logrado. Invita a cotejar todo el libro II del nuevo Código con la Constitución Lumen gentium, especial­mente el capítulo III, cuyos títulos son el mismo: Pueblo de Dios.
  • La Iglesia vista como Comunión. El pueblo de Dios, uno y ordenado, vive la misma fe, participa de los mismos sacra­mentos, y se responsabiliza del gobierno de la Iglesia. En la comunión se integra y completa la doble dimensión espiritual y jurídica.
  • Armonía entre la Iglesia universal y las iglesias locales. En este criterio se incluyen los principios de la colegialidad, la des­centralización, la pluralidad en la unidad, la autonomía, y la subsida­riedad.
  • Igualdad en la dignidad y en la responsabilidad. Es totalmen­te novedoso la importancia que se da al papel de los laicos en la misión de la Iglesia en su triple aspecto de enseñar, santificar y gobernar. El llamado «estatuto de los laicos » es una de las facetas más nuevas del Código de 1983.
  • La orientación pastoral. Sintonía entre el ámbito o foro de la conciencia y el externo o social. Se ha intentado superar el antiguo antagonismo entre derecho y pastoral del que fuerte­mente se acusaba al viejo Código de 1917.
  • La equidad canónica. Según Pablo VI, la equidad canó­nica implica «caridad, paciencia, humanidad, servicio, defensa de la persona. Equidad que en la labor del legislador canónico es como «el ideal sublime, regla preciosa de cómo comportarse».

La lectura del nuevo Código del Derecho canónico nos muestra que, efectivamente, se han tenido en cuenta dichos criterios. Se podrá discutir si más o menos. De todos modos, no hay que olvidar que no se ha intentado encerrar toda la riqueza del mensaje conciliar en las fórmulas jurídicas. No es posible, ni tampoco es misión del derecho. El mensaje conciliar continúa íntegro, intacto, para seguir alimentando la fe, soste­niendo la esperanza y empujando hacia la caridad evangélica mucho más de lo que las normas canónicas, por su propia na­turaleza, pueden hacer.

Esto no quita, como ya hemos insinuado, que exista y deba existir una mutua e íntima relación entre evangelio, documentos conciliares y normativa canónica. Juan Pablo II lo ha expresado gráficamente mediante la figura de un triángulo imaginario. Copio las palabras del Papa: «Quisiera diseñar ante vosotros, como indicador y recuerdo, un imaginario triángulo. En lo más alto del mismo está la Sagrada Escritura; a un lado, los Do­cumentos del Concilio Vaticano II; al otro lado, el nuevo Código del Derecho Canónico. Para subir ordenadamente, coherente­mente, desde estos dos libros elaborados por la Iglesia en el siglo XX hasta el supremo e indeclinable vértice, es necesario pasar por los lados del triángulo, sin negligencias ni omisiones, respetando las necesarias ligazones».

Fijémonos ahora en las Constituciones de las Hijas de la Caridad.

4. – Responsables de la propia herencia

La Compañía de las Hijas de la Caridad aceptó la llamada conciliar para revisar, renovar y adaptar, no sólo la vida y el apostolado, sino también sus cuerpos normativos. El primer paso fue capacitarse legalmente. En 1965 se tuvo una Asamblea para estudiar asuntos concernientes a la Compañía. En la audiencia que entonces les concedió Pablo VI, les dijo: «El mundo ne­cesita como nunca descubrir el verdadero rostro del amor del Señor a los pobres y el mensaje evangélico de la Iglesia. Al hacer a Dios presente ante los pobres lleváis un testi­monio excepcional, y no debéis ahorrar nada para que este testimonio sea percibido por todos. Esta es vuestra fidelidad esencial, porque esto es lo que han querido S. Vicente y Santa Luisa. Seguid su ejemplo en el servicio a los pobres, compartiendo sus sufrimientos, respon­diendo a sus llamadas, aunque suponga alguna vez desajus­tes en vuestra vida comunitaria, porque vosotras vivís en comunidad para estar disponibles a los que os necesitan y que por medio de vosotras conozcan que Cristo les ama en ese preciso momento. Es Cristo la fuente de vuestra caridad y quien os da fuerzas para renunciar a todo en aras de un servicio sublime«.

La Asamblea de 1965 todavía no tenía poder de legislar. La representatividad en ella aún fue escasa. El 10 de febrero de 1967 la S. Congregación de Religiosos e Institutos seculares concede que las próximas asambleas puedan dar leyes; se las constituye como órgano supremo del gobierno extraordinario de la Compañía y admite una representación de las provincias mucho más amplia. Este hecho marca, sin duda, uno de los momentos más importantes en la historia del derecho particular de las Hijas de la Caridad, con repercusiones seguras en todos los aspectos de sus vidas. Desde ese momento, toda la Compañía, y no sólo los Superiores mayores, es la responsable de la herencia recibida cara el futuro.

5. – La labor de las asambleas.

Toda la labor de revisión, adaptación y renovación se ha realizado en torno a los momentos marcados por la celebración de las tres asambleas de 1968-69, 1974 y 1980. A todas las Hermanas se las concedió posibilidad de participar. Todas reci­bieron la consigna del entonces Director general, P. J. Jamet, pero especialmente las representantes de toda la Compañía en las asambleas generales: «Sería un error teológico y canó­nico, pensar que porque una asamblea representa a todas las Hermanas tiene un poder soberano y libre. La Co­munidad no nos pertenece; ella es don de Dios dado a la Iglesia. No se trata, pues, de que sea como nosotros queremos, sino lo que Dios ha querido y quiere que seamos«. El fruto del trabajo realizado por las asambleas es la redacción de las Constituciones y Estatutos. Las de la Asamblea de 1968-1969 fueron promulgadas por el P. General, J.W. Ri­chardson quien advertía: «Es un texto provisional en espera del texto definitivo» que se hará en la próxima Asamblea general de 1974. No fue así, porque la misma Santa Sede prolongó hasta 1980 el tiempo de reflexión, de experiencias y de formulación de los textos definitivos.

La Asamblea general de 1974 reestudia las Const. y Estatutos de 1968-1969 a la luz de las observaciones y deseos manifestados por las Hermanas en las asambleas domésticas y sobre todo, en las asambleas provinciales. Una aspiración era clara: Se deseaba que los textos constitucionales tuvieran más sabor y resonancias vicencianas. Ciertamente los textos de la asamblea anterior se ceñían mucho a los textos conciliares. Ahora se pedía que, sin abandonar la fidelidad al mensaje conciliar, se revis­tieran con ropaje vicenciano y, sobre todo, con ideas y pensa­mientos de los Fundadores. El texto, también provisional, pro­mulgado por el S. General, el 18 de mayo, fiesta de Pentecostés, de 1975 ofrecía sobreabundantemente lo que se pidió. La última etapa se corre en la Asamblea de 1980. En ella se perfilan ideas y postulados a los que la Comisión de redacción dará forma definitiva. Por parte de la Compañía se había ultimado la tarea. Era ahora cuando la Congregación de Religiosos e Institutos seculares tenía la última palabra. La aprobación por este Dicas­terio romano lleva la fecha del 2 de febrero de 1983, después de más de dos años y medio de haber terminado su labor la Compañía. Si como punto de partida tomamos la fecha de 1967, cuando se empezaron los trabajos preparatorios para la primera asamblea con poder legislativo, el tiempo trascurrido ha sido de 16 años.

6. – Los criterios.

Los criterios también ha sido distintos si comparamos las Const. de 1980 con las de 1953. En éstas el criterio principal fue acomodar, o mejor, redactar unas Constituciones en conso­nancia con el Derecho Canónico de 1917. Ahora, la misma Iglesia indica los criterios que se deben seguir. Pablo VI los estableció en el Motu proprio Ecclesiae Sanctae, del 6 de agosto de 1966. Doy un resumen:

  • El evangelio y los principios teológicos de la vida religiosa y su unión con la Iglesia.
  • Reconocer y conservar el espíritu y los propósitos de los Fundadores, las sanas tradiciones, es decir, el patrimonio del Instituto.
  • Definir con claridad la naturaleza, fin, y medios del Instituto, sin multiplicar en exceso las normas, sino más bien buscar expresiones atinadas.
  • Unir armónicamente lo espiritual y lo jurídico para conseguir un fundamento estable, constituciones impregnadas de auténtica espiritualidad y sean normas vivas. Se ha de evitar, por tanto, un texto o puramente jurídico o meramente exhor­tativo.
  • Se debe excluir lo anticuado, las costumbres cambiantes con el tiempo o meramente locales.
  • Lo que responda a la época actual, a las condiciones físicas o psicológicas y a las peculiares circunstancias de la realidad, se debe formular en compilaciones anexas.

Los textos de 1974 y 1980 han sido redactados por una comisión de cuatro Hermanas, elegidas por la Asamblea. Ellas nos dicen que, además de los criterios indicados, han tenido otros sugeridos por la misma Asamblea, según el deseo de las provincias: «Redactar las Constituciones y Estatutos en un estilo sencillo, claro, preciso, evangélico y vicenciano, evitando repeticiones, abundancia de subtítulos, buscando que la vida de las Hijas de la Caridad se exprese de una manera unitaria».

Como dijimos al hablar del nuevo Código del Derecho canónico, queda abierta la cuestión de si se ha conseguido o no o en qué grado. Esta cuestión, sin embargo, no nos interesa ahora.

7. – «Recibidlas como venidas de Dios».

El pensamiento es de S. Vicente. Se lo dijo a los misioneros cuando les distribuyó las Reglas comunes. Nos sirve a nosotros porque nos plantea la cuestión importante de la aceptación tanto del nuevo Código como de las Constituciones.

La aceptación, considerada como acto eclesial o comuni­tario, se entiende todo el proceso por el cual la Iglesia o la Compañía hacen suyos los cuerpos legales. La aceptación es algo más que la mera obediencia; supone la adhesión a las dis­posiciones dadas y el compromiso serio de cumplirlas con la certeza de que se trata, si no de lo mejor, sí de lo suficiente­mente bueno para el bien común. Si la aceptación no se requiere para la validez jurídica de la ley, de todos es sabido que, sin ella, no se conseguirá el bien que se pretende. Nadie duda que puede haber obstáculos serios para la aceptación eficaz: el miedo al juridismo, el miedo a perder espacios de libertad, el temor de que la capacidad creadora quede sofocada. Es posible que, como obra humana, dé pié a la crítica; nada se objetaría a ello si no se cayera en el criticismo destructor. Pueden surgir de nuevo otras objeciones ya conocidas como son la oposición entre carisma e institución, entre espíritu y ley, etc. Las dos intervenciones del Papa al promulgar y presentar el nuevo Código tienen buenas dosis de motivaciones para que las leyes de la Iglesia sean aceptadas. En la Compañía no estaría por demás leer, al menos, las motivaciones que S. Vicente da a los misioneros y a las hermanas para que acepten los reglamentos y las reglas. De sobra sabía San Vicente que la mayor parte de ellos sólo serían capaces de hacer el bien si siguen el camino que se les indica. Es lo que sucede al común de los mortales. Pero San Vicente apuntaba más alto : estaba convencido de que la fuerza apostólica viene, no sólo de la unidad espiritual, sin duda la más importante, sino también de la unidad que viene del fiel cumplimiento de lo mandado. Si no fuera así, ni la unidad espiritual sería posible: «seríamos como los caballos que, uncidos a un mismo carro, se ponen a tirar unos de un lado y otros de otro. Acabarían por destrozar el carro».

8. – Constituciones y espíritu vicenciano.

Si las normas del Código no pueden, ni deben por razón de su propia naturaleza, aprisionar el mensaje del Vaticano II, lo mismo hay que decir de las Constituciones y Estatutos respecto al Concilio y a la espiritualidad vicenciana, aunque se formulen muchos principios teológicos y espirituales. Si, en principio, es deseable la mayor coincidencia entre el ámbito teológico y jurídico, en la práctica no será posible, quizás ni conveniente, una absoluta convergencia. El problema si no igual, es parecido al que se plantea entre el derecho civil y la ética. Es deseable la mayor convergencia posible; sin embargo, no es posible la convergencia total, ni siquiera en una sociedad cristiana. Y la razón es que a las relaciones interpersonales y de los grupos no se les puede exigir el máximo de perfección. Es necesario crear aquel espacio en el que todos puedan actuar dando lo que se les pide. Crear este espacio es propio del derecho y no de la teología.

La misión del derecho es dictar lo que se debe hacer o no se debe hacer, mientras que es misión de la teología y espiritualidad abrir y estimular hacia horizontes más amplios. Si la norma reduce la posibilidad de las opciones, la teología y la espiritualidad pueden sugerir un abanico de ellas. Lo jurídico pide acata­miento y obediencia; lo espiritual pide primero discernimiento y después entrega generosa. Cumplir con lo mandado es impres­cindible para la convivencia, pero la densidad de la fidelidad se mide por la entrega plena al don recibido.

Y si se da oposición ¿cómo comportarse? – La respuesta concreta no es fácil. Buenas pruebas de ello las tenemos en la vida de los santos, en la historia de las comunidades, en los conflictos nada infrecuentes entre personas e instituciones, entre personas y grupos de personas. Desde el punto de vista canó­nico se puede afirmar que, en principio, existen soluciones. Nunca la ley es un absoluto. Lo que sucede es que la dificultad no viene de la adecuada combinación de los mecanismos jurí­dicos que ofrece cualquier ordenamiento, sino de la sensibilidad de las personas y del uso que de los mecanismos jurídicos se hace.

Sin entrar más en el fondo de esta cuestión, me limito a recordar – ya lo dije antes – lo que Pablo VI enseña sobre la equidad canónica y lo que ella comporta: Caridad, paciencia, humanidad, servicio, defensa de la persona. Esta equidad debe ser, lo mismo para el legislador canónico, que para el ejecutor o encargado de hacer cumplir la ley, un ideal sublime y regla de cómo comportarse.

Si la ley civil, según algunos juristas, no tiene otra misión que imponer y, por tanto la virtud de la epiqueya apenas si tiene lugar, no se puede decir lo mismo, ni de las leyes de la Iglesia, ni de las Constituciones o Estatutos de una comunidad. También es misión de éstas motivar, convencer y estar supedi­tadas a la máxima ley que no es otra que la «salvación de las almas «. En este sentido el nuevo Derecho canónico, en el último de los cánones, apela a la equidad canónica y a la suprema ley antes dicha. Aunque el contexto se refiera e un problema particular, su mención en la misma ley es altamente signifi­cativo.

Finalmente, aunque sólo sea por remedar a Juan Pablo II en la expresión gráfica del triángulo, nosotros podemos imaginar, refiriéndonos a las relaciones entre las Constituciones con el evan­gelio, los documentos de la Iglesia y el espíritu de los Funda­dores, un cuadrángulo. En el vértice supremo está el evangelio, norma última y suprema de todo cristiano; a un lado los docu­mentos de la Iglesia: teológicos y jurídicos; al otro la doctrina de los Fundadores S. Vicente y Santa Luisa; en el ángulo in­ferior las Constituciones y Estatutos de la Compañía, que deben ser siempre reflejo fiel del evangelio, de lo que la Iglesia enseña y pide, y de lo que S. Vicente y Santa Luisa quisieron fuera la Comunidad que ellos por inspiración divina fundaron.

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